A poco más de una década de que comenzara su investigación formal, uno de los expedientes más complejos y políticamente sensibles del sistema judicial argentino entra en su etapa decisiva. El viernes 23 de octubre, el Tribunal Oral Federal 5 abrirá las puertas para que se desarrolle el juicio de fondo en el caso conocido como Los Sauces, un caso que ha mantenido en vilo a sectores políticos, económicos y mediáticos desde que fue denunciado. En el banquillo de los acusados se sentarán la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo Kirchner y un elenco de empresarios entre los que figuran Lázaro Báez y Cristóbal López. Los fiscales sostienen que la inmobiliaria familiar operó como un mecanismo de reciclaje de fondos derivados de obras públicas, no como una empresa convencional. Lo que está en juego no es solo el destino procesal de los imputados, sino también cómo el sistema judicial resuelve casos de envergadura política en democracia.

Origen de una sociedad bajo la lupa

La historia de la empresa comienza en noviembre de 2006, cuando Néstor Kirchner, su esposa Cristina y su hijo Máximo constituyeron formalmente Los Sauces S.A. en los registros públicos. Tres años después, con Néstor ya fallecido, la estructura accionaria se reorganizó: Cristina quedó con el 45% del paquete accionario, Máximo con el 32,5% y la hija menor, Florencia, con el 22,5%. En enero de 2009, apenas meses después del fallecimiento del expresidente, la sociedad comenzó a facturar operaciones. Desde ese momento hasta diciembre de 2016, cuando fue intervenida por las autoridades, la firma generó un volumen de transacciones que los investigadores consideraron sospechoso. Durante esos casi ocho años, la inmobiliaria facturó $25.968.042,30, cifra que resulta reveladora cuando se analiza el origen de esos ingresos: aproximadamente el 88% provenía de empresas vinculadas a Báez y del Grupo Indalo. El resto, cerca de $18,5 millones, llegaba desde las firmas del grupo de López y su socio Fabián De Sousa, mientras que las compañías de Báez aportaban en torno a $7 millones.

La denuncia que puso en movimiento la maquinaria investigativa no provino de un organismo del Estado sino de un sector político: la entonces diputada Margarita Stolbizer presentó las primeras alertas sobre el funcionamiento de esta sociedad. El expediente recayó en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, quienes impulsaron las primeras medidas coercitivas. En diciembre de 2016, tres años después del inicio de las denuncias, la firma fue intervenida. Cuatro meses más tarde, Bonadio procesó a los principales acusados. La estrategia de la acusación se basaba en una hipótesis central: esos pagos que fluían desde empresas constructoras y contratistas hacia Los Sauces no eran transacciones comerciales ordinarias, sino mecanismos de devolución de fondos obtenidos a través de la adjudicación de obras públicas durante el período en que algunos de los imputados ejercían poder político en el país.

El movimiento de recursos y su interpretación fiscal

Lo que las acusaciones destacan como particularmente relevante es el comportamiento del capital dentro de la estructura de Los Sauces. Según los registros que analizaron los investigadores, los accionistas extrajeron de la sociedad más de 10 millones de pesos durante el período investigado. Además, utilizaron sin costo alguno diversos inmuebles que eran propiedad o estaban registrados a nombre de la empresa. Estos datos, considerados en conjunto, configurarían un patrón que excedería lo que podría explicarse como una operación empresarial convencional. El esquema acusatorio propone que la inmobiliaria funcionó como un conducto a través del cual se canalizaron recursos, permitiendo a los imputados acceder a propiedades y beneficiarse de transacciones que, de haber sido sometidas a escrutinio comercial estricto, habrían resultado económicamente irracionales.

Entre los activos que la investigación examina con mayor detalle figura un dúplex ubicado en el piso 8 y 9 del Madero Center, en la zona de Puerto Madero. La propiedad incluía también cocheras asignadas a la misma unidad. Según la acusación, este inmueble fue ocupado a través de estructuras empresariales como Inversora M&S y Alcalís de la Patagonia, vinculadas a López. Entre 2012 y 2017, se registraron pagos por aproximadamente 1,7 millones de dólares relacionados con esta propiedad. Sin embargo, cuando peritos judiciales realizaron una tasación independiente, determinaron que el valor real de mercado del inmueble rondaba la mitad o menos de lo que había sido cancelado. Esta discrepancia entre lo pagado y lo que tasadores especializados consideraban como valor comercial justo constituye uno de los elementos centrales de la acusación por lavado de activos. El razonamiento fiscal es que si se pagó más del doble del valor de mercado, la diferencia representaría fondos que regresaban sin justificación económica aparente.

El catálogo de propiedades investigadas se extiende más allá de Puerto Madero. La lista incluye lotes y departamentos ubicados en ciudades patagónicas como Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén. Varios de estos inmuebles fueron construidos por Austral Construcciones y posteriormente alquilados por el propio grupo empresarial de Báez, lo que generaría una circulación de capital que volvería a ingresar en manos de actores vinculados entre sí. En Río Gallegos, se menciona específicamente la casa ubicada en Mascarello 400, así como un departamento en San José 1111, que adquirió particular relevancia mediática porque se convirtió en el lugar donde la expresidenta cumple actualmente arresto domiciliario. El patrón que emerge del análisis de estos bienes inmuebles sugiere, para los acusadores, una red de transacciones circulares que beneficiaba a un grupo reducido de actores.

El camino sinuoso hacia el juicio oral

El trayecto de Los Sauces a través del sistema judicial ha sido prolongado y plagado de giros inesperados. En 2018, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron la elevación del caso a juicio oral, solicitud que el juez Julián Ercolini —quien había asumido la causa tras la salida de Bonadio— decidió conceder. Tiempo después, el Tribunal Oral Federal 5 tomó una decisión que sorprendió a muchos observadores: unificó Los Sauces con otro expediente de envergadura, Hotesur, para que fueran juzgados en un solo debate. Sin embargo, en 2021, el mismo tribunal que debería conducir el juicio dictaminó un sobreseimiento para los imputados antes de que siquiera comenzara el debate oral. Esta decisión fue interpretada por algunos como una salida que evitaba un proceso potencialmente divisivo. Pero el sistema de recursos que caracteriza a la justicia argentina volvió a intervenir: en 2023, la Cámara de Casación —instancia de revisión— revocó esos sobreseimientos. La única excepción fue Florencia Kirchner, quien quedó desvinculada del proceso, probablemente por consideraciones sobre su capacidad de acción en el tiempo en que se desarrollaban los hechos investigados. Finalmente, a finales de 2024, la Corte Suprema confirmó la decisión de enviar el caso a juicio oral, cerrando cualquier posibilidad de que el proceso fuera archivado sin un debate de fondo.

Este periplo judicial refleja tensiones inherentes a cualquier sistema democrático cuando debe procesar causas que involucran a figuras de relevancia política. Por un lado, existe la obligación de investigar y juzgar sin discriminaciones; por otro, la necesidad de que los procesos no se conviertan en instrumentos de persecución política. La multiplicidad de instancias, recursos y revisiones que ha experimentado Los Sauces ilustra cómo el ordenamiento procesal argentino permite que causas de este tipo puedan ser revisadas varias veces antes de llegar a un pronunciamiento final. Cada tribunal que intervino consideró los hechos desde perspectivas distintas, lo que generó decisiones contradictorias hasta que la instancia de mayor jerarquía —la Corte Suprema— estableciera una dirección definitiva hacia el juicio oral.

Lo que está en debate y sus implicancias sistémicas

El juicio que comienza el 23 de octubre no versará únicamente sobre la cuestión técnica de si Los Sauces operó dentro de los marcos legales o si sus transacciones encubrieron movimientos de fondos ilegales. El debate oral también será una oportunidad para que los acusados presenten sus versiones de los hechos, desplieguen sus pruebas y cuestionen las interpretaciones de los investigadores. Los abogados defensores tendrán espacio para argumentar que se trata de operaciones comerciales legítimas, que Los Sauces funcionó como cualquier otra inmobiliaria, o que los pagos que recibió obedecían a razones de mercado válidas. El tribunal deberá evaluar si existe conexidad real entre las obras públicas adjudicadas a Báez y los ingresos de la empresa familiar, o si esos ingresos pueden explicarse por motivos comerciales independientes. La carga de la prueba en un juicio oral pesa sobre quienes acusan; corresponde a los fiscales demostrar, más allá de dudas razonables, que ocurrió lo que alegan.

Las implicancias del veredicto se proyectan en múltiples direcciones. Una condena consolidaría el mensaje de que ni el acceso al poder político ni la cercanía a figuras destacadas del Estado protegen de la acción de la justicia en materia de lavado de activos y asociación ilícita. Una absolución, por su parte, enviaría un mensaje diferente: que las interpretaciones sobre operaciones empresariales que tangencialmente se vinculan con política requieren pruebas de extrema solidez. En cualquier caso, el precedente que establezca este juicio probablemente influirá en cómo se investigan y juzgan casos similares en el futuro, particularmente aquellos que involucran a actores políticos relevantes. Las perspectivas sobre cómo debería resolverse el caso varían. Algunos consideran que las investigaciones fueron excesivas y políticamente motivadas; otros sostienen que revelaron una red real de desvío de fondos públicos que debía ser sancionada. Lo que no admite debate es que el desarrollo del proceso oral será uno de los eventos judiciales más observados de la década en Argentina.

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