Durante el transcurso de dos años bajo la administración presidencial actual, un fenómeno financiero poco documentado ha ido ganando magnitud: los 29 fondos fiduciarios estatales que permanecen activos o en proceso de disolución acumularon recursos por encima de lo que gastaron, generando un colchón de casi US$ 3000 millones en superávit. Sin embargo, estos excedentes no quedaron ociosos ni se destinaron a ampliar las obras para las cuales fueron creados. En cambio, fluyeron hacia instrumentos financieros controlados por el Ministerio de Economía: letras del Tesoro, bonos públicos, plazos fijos. El dato revela una estrategia que cuestiona las promesas originales de los fideicomisos y plantea interrogantes sobre cómo se sostiene el discurso del "equilibrio fiscal" que el Ejecutivo nacional esgrime como logro de gestión.

La acumulación de estos excedentes no es accidental ni marginal. Durante 2024, los fideicomisos recaudaron más de 8,2 billones de pesos pero ejecutaron apenas el 55,8 por ciento de esa cantidad. El año anterior, la cifra fue del 69,5 por ciento. En el primer trimestre de 2026, descendió nuevamente hasta el 69,7 por ciento. La brecha entre lo recaudado y lo gastado en los objetivos específicos de cada fondo se amplía trimestre tras trimestre, mientras que esos sobrantes migran hacia las arcas del Tesoro a través de colocaciones financieras. Los números en moneda nacional —1,86 billones de pesos en 2024 y 1,23 billones en 2025— se traducen en dólares a 1978 millones y 973 millones respectivamente, cifras que revelan una operación de escala considerable.

El desvío de recursos: de las obras a los títulos públicos

La transformación en la estructura de colocaciones marca un punto de inflexión dentro de la gestión actual. Mientras que en años anteriores los sobrantes de los fideicomisos se guardaban mayoritariamente en depósitos a plazo fijo en el Banco Nación —una modalidad considerada de menor riesgo pero también de menor rendimiento—, la práctica cambió durante el último año y medio. Ahora, el Ministerio de Economía redirige una proporción cada vez mayor de estos recursos hacia letras de tesorería y bonos del Estado, instrumentos que cotizan en el mercado y que, en el contexto actual, representan una fuente de financiamiento directo para cubrir el funcionamiento del sector público. Para 2026, las planillas presupuestarias proyectan colocaciones por 1,33 billones de pesos —equivalentes a aproximadamente US$ 880 millones adicionales—, una cifra que supera la suma de lo ya realizado en años anteriores.

El caso del Sistema de Infraestructura del Transporte ofrece un ejemplo particularmente revelador de cómo operan estos desvíos. Según las proyecciones presupuestarias para 2026, el fondo espera recaudar con gastos corrientes de 2,15 billones de pesos y gastos en obras de capital cercanos a 692.669 millones. Pero la misma documentación oficial proyecta inversiones financieras por 751.481,7 millones de pesos, cifra que representa el 99,97 por ciento del superávit estimado. En términos prácticos, esto significa que de cada mil pesos de dinero excedente, novecientos noventa y nueve se destinan a títulos públicos. Y los números no son meramente proyecciones teóricas: durante los primeros tres meses de 2026, el sistema de transporte ya colocó 197.127 millones de pesos netos en inversiones financieras, una cifra que duplica con creces lo destinado a obras en ese mismo período. El Instituto Consenso Federal, analizando los datos de manera independiente, llegó a conclusiones similares: registró un superávit acumulado de 3003 millones de dólares entre 2024 y 2025, y proyecta 956 millones adicionales para 2026, lo que suma casi 4000 millones de dólares en tres años.

Las obras paralizadas y el financiamiento del déficit oculto

Mientras los recursos se acumulan en instrumentos financieros, las obras que motivaron la creación de estos fondos permanecen en estado de paralización o ejecución lenta. El Fondo de Infraestructura Hídrica constituye un caso paradigmático: entre enero de 2024 y marzo de 2026, recaudó 399.541 millones de pesos pero utilizó apenas 99.761 millones en obras, equivalente al 25 por ciento de los recursos disponibles. El resto fue colocado en letras, depósitos a la vista y plazos fijos. Para este año, el presupuesto proyecta un resultado financiero positivo de 83.175,2 millones de pesos, del cual casi la totalidad —82.703 millones— será dirigida a inversiones financieras. Las consecuencias prácticas son visibles: proyectos como las obras de contención en la cuenca del río Salado, en Buenos Aires, permanecen rezagados. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado específicamente para financiar infraestructura, servicios básicos y mejoramiento habitacional en barrios populares, ejemplifica aún más dramáticamente este fenómeno. El Gobierno anunció su disolución en mayo de 2025, pero organizaciones de derechos humanos obtuvieron una medida cautelar que paralizó el cierre. Durante el tiempo que funcionó bajo la gestión actual, los desembolsos fueron reducidos en un 94 por ciento, paralizando 636 proyectos que afectaban a 193.266 familias. Simultáneamente, el fondo colocó 204.000 millones en letras del tesoro y 64.000 millones adicionales en fondos comunes de inversión, mientras que 95.600 millones permanecían depositados en cuentas corrientes del Banco Nación.

Entre los siete fondos que mantienen su operatoria con mayor intensidad, las proyecciones para 2026 indican un patrón replicado: se espera que recauden más de 5,3 billones de pesos en gastos corrientes, pero destinen casi 3,1 billones a ese rubro, dejando un margen considerable para colocaciones financieras. El Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) proyecta un resultado financiero positivo de 431.486 millones de pesos, el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina de 47.459 millones, el Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento de 842,5 millones, y el Fondo de Energías Renovables de 2.752 millones. En todos estos casos, el cien por ciento del superávit se asigna a inversión financiera según las planillas presupuestarias. Los datos reales del primer trimestre muestran que varios fondos ya están generando resultados que superan ampliamente las proyecciones: el FODER acumuló 9.632 millones de pesos, es decir 3,5 veces lo que se estimaba para todo el año; el FONPEC llegó a 6.492 millones, cifra que equivale a 7,7 veces su proyección anual. Los excedentes crecen más rápido de lo que el propio Gobierno anticipó cuando confeccionó el presupuesto.

Este esquema contrasta notoriamente con las críticas que el actual presidente dirigía hacia los fideicomisos durante su campaña electoral de 2023, calificándolos como "cajas de la política" destinadas al aprovechamiento clientelista. Sin embargo, la práctica actual utiliza estos mismos instrumentos con un propósito distinto pero igualmente desviado de sus objetivos originales: no para financiar a estructuras políticas tradicionales, sino para sostener el discurso de equilibrio fiscal mediante la colocación de recursos públicos en instrumentos de deuda estatal. El vocero presidencial reconoció explícitamente en declaraciones públicas que el Gobierno utiliza recursos del sistema vial para contribuir al objetivo de lograr el "equilibrio fiscal", a pesar de que la normativa que creó ese fondo establece un destino específico e inalienable para sus recursos. Durante los primeros cinco meses de 2026, el Sistema de Infraestructura del Transporte ejecutó apenas la cuarta parte de lo recaudado en obras, mientras que su cartera de inversiones financieras ascendió a más de 1 billón de pesos en títulos públicos y plazos fijos.

El estado de la infraestructura y las consecuencias de la paralización

Las consecuencias de esta retención de recursos afloran en el estado de la infraestructura nacional. Un relevamiento realizado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional cruzó 22 accidentes ocurridos durante junio y julio con indicadores oficiales sobre el estado de las calzadas, contabilizando 29 muertes. De los diecisiete casos para los que existían datos sobre el Índice de Estado de las rutas, once —el 64,7 por ciento— ocurrieron en tramos calificados como "malos" según los propios registros de la Dirección Nacional de Vialidad. Si bien es cierto que los accidentes de tránsito son multicausales —intervienen factores humanos, climáticos, geométricos y de tránsito— el relevamiento exhibe una concentración significativa de siniestros fatales en corredores que la administración vial oficial reconoce como deteriorados. La acumulación de capital financiero en manos del Ministerio de Economía coexiste, paradójicamente, con carreteras cuyo estado contribuye estadísticamente a la ocurrencia de tragedias. El patrón de desembolsos en el Sistema de Vialidad revela además una variabilidad temporal sospechosa: durante los primeros cinco meses de 2026, 33.786 millones de pesos —el 52,7 por ciento de todos los pagos por obras— se desembolsaron durante tres "ventanas legislativas" en que se dirimieron votaciones sensibles para la administración nacional. Esto sugiere que incluso los recursos que sí se destinan a obras responden a criterios políticos coyunturales más que a planificación de largo plazo.

La pregunta que emerge del análisis de estos números ya no se limita a cuánto recaudan los fideicomisos ni a qué porcentaje ejecutan en sus objetivos originales. La interrogante central se desplaza hacia dónde va el dinero que permanece en el medio: cuál es el destino exacto de los excedentes, cómo se redistribuyen entre colocaciones financieras y transferencias al Tesoro, y en qué medida estos mecanismos permiten al Gobierno presentar un balance fiscal equilibrado mientras las inversiones en infraestructura se contraen. Los especialistas en presupuesto público consultados señalaron que, si bien las colocaciones en instrumentos financieros pueden considerarse válidas en contextos inflacionarios mientras se tramitan órdenes de pago, el patrón observable sugiere una utilización sistemática de estos fondos para financiar otras prioridades fiscales. La documentación oficial permite verificar que el Gobierno "pisa partidas" que tiene obligación legal de asignar a sus destinos específicos, presentando los recursos no aplicados como superávit para luego invertirlos en títulos públicos que, en última instancia, financian al Tesoro para otros fines. La operatoria contradice el espíritu fundacional de los fideicomisos, que fueron creados precisamente para blindar recursos destinados a objetivos específicos de las fluctuaciones presupuestarias anuales.

Las implicancias de este esquema se proyectan hacia múltiples direcciones. Por un lado, existe la posibilidad de que el Gobierno logre sostener su meta de equilibrio fiscal mediante la capitalización de estos fondos, lo que permitiría financiar operaciones de mercado abierto y colocación de deuda sin necesidad de recurrir a endeudamiento externo adicional. Por otro lado, el sacrificio en ejecución de obras de infraestructura puede generar consecuencias a mediano plazo: deterioro acelerado de carreteras, sistemas hídricos no reparados, proyectos de vivienda nunca completados. Algunos actores políticos y sociales argumentarán que esta es una prioridad legítima en un contexto de crisis fiscal; otros sostendrán que constituye un incumplimiento de mandatos legales que generará pasivos públicos mayores en el futuro. Lo que resulta indiscutible es que la estructura de funcionamiento de los fideicomisos ha sido transformada de manera sustancial, independientemente de cómo se evalúe esa transformación desde distintos marcos ideológicos o de política pública.