La estructura judicial argentina volvió a pronunciarse sobre uno de los casos más delicados que atraviesa el fútbol profesional del país. Un tribunal colegiado acaba de ratificar decisiones que ya se encontraban en suspenso, consolidando una situación procesal que posiciona a dos de las figuras más visibles de la Asociación del Fútbol Argentino en el banquillo de los acusados. Los magistrados Roberto Hornos y Carolina Robiglio firmaron una sentencia que, más allá de confirmar lo ya resuelto, marca un punto de inflexión hacia etapas más avanzadas de un expediente que tiene raíces en presuntas irregularidades tributarias.
El procesamiento de Claudio "Chiqui" Tapia, máximo dirigente de la institución, y Pablo Toviggino, quien maneja las finanzas de la AFA, ingresa ahora en un terreno definitivo. No se trata de una decisión preliminar ni sujeta a mayores revisiones: la Cámara en lo Penal Económico selló el destino procesal de ambos directivos al confirmar lo dictaminado meses atrás por el juez federal Diego Amarante. Simultáneamente, la propia AFA como entidad jurídica quedó atrapada en la misma red acusatoria, lo que amplifica las implicancias más allá de nombres individuales hacia la responsabilidad corporativa de una institución que lleva casi un siglo de trayectoria en el deporte argentino.
La acusación central: dinero que no es propio
En el núcleo de esta causa reposa una premisa legal que los magistrados subrayaron en su resolución: los fondos que una entidad retiene de los trabajadores no constituyen patrimonio propio. Se trata de dinero en tránsito, dinero que pertenece a sus legítimos destinatarios y que debe transitar como un tubo de conducción sin desviaciones. La investigación apunta a que entre 2024 y 2025 la AFA habría retenido y no depositado más de diecinueve mil millones de pesos en concepto de aportes y contribuciones destinadas a la seguridad social de sus trabajadores. Además, figuran en el expediente presuntas omisiones de depósitos de retenciones del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Ganancias. La acusación enumera treinta y cuatro casos de apropiación indebida de tributos agravada en concurso real con diecisiete hechos de apropiación indebida de recursos previsionales, también agravados.
Los camaristas rescataron en su fundamentación el testimonio de una funcionaria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, quien explicó con meridiana claridad un concepto fundamental: quien retiene dinero para depositarlo en el fisco no es su poseedor legítimo sino un mero depositario. La obligación legal es ineludible: ingresar esas sumas conforme a lo que establece la normativa vigente. La defensa de los acusados no logró desmontar este argumento central. De hecho, los magistrados consignaron que durante el período bajo investigación, la AFA contó con fondos suficientes en sus cuentas bancarias para realizar los depósitos en tiempo y forma, pero estos simplemente no se ejecutaron dentro de los plazos exigidos por la ley.
Un recurso que nunca llegó a concretarse
Lo que podría haber sido un camino alternativo para Tapia y la institución se cerró de manera casi autoinfligida. La defensa del presidente de la AFA presentó un recurso de apelación contra el procesamiento, pero luego no comparecló a la audiencia fijada para sostenerlo. Ni siquiera entregó el memorial escrito que debía acompañar esa apelación oral. Los camaristas consideraron que esta conducta equivalía a una deserción del recurso. Cuando la defensa pidió postergar la audiencia, ya había transcurrido el plazo legal para hacerlo. Por esa razón, el tribunal entendió que no correspondía pronunciarse nuevamente sobre el caso en esa instancia y dejó firme lo que el juez Amarante había resuelto en marzo pasado.
Esta circunstancia procesal adquiere relevancia porque cierra una puerta que podría haber significado un respiro temporal. Sin embargo, importa notar que la confirmación del procesamiento no es sinónimo de condena. Estamos ante una etapa intermedia del proceso penal donde el magistrado ha estimado que existen indicios suficientes para creer que los acusados participaron en los hechos investigados. La batalla judicial sigue abierta, pero la posición de Tapia y Toviggino se ha visto consolidada en su condición de imputados con medidas cautelares vigentes.
Sobre Tapia pesa, además, una medida que permite cierta flexibilidad: obtuvo autorización judicial para permanecer en Estados Unidos acompañando a la Selección Argentina en el mundial. Esto refleja que los tribunales han ponderado la naturaleza de su responsabilidad pública en el fútbol frente a la seriedad de los cargos. Toviggino, en cambio, permanece en el territorio nacional. Ambos enfrentan un embargo de trescientos cincuenta millones de pesos sobre sus bienes y una prohibición de abandonar el país que pesa sobre el tesorero.
Hacia el juicio oral: el siguiente escalón
Con estos procesamientos ya firmes en esta instancia judicial, la causa ha trepado un peldaño más hacia etapas procesales de mayor envergadura. El sistema de justicia penal argentino estructura sus procesos en fases sucesivas: investigación preliminar, procesamiento y, finalmente, juicio oral donde se produce la prueba de manera concentrada y se pronuncia la sentencia definitiva. El hecho de que Tapia, Toviggino y la AFA como entidad jurídica lleguen a esa tercera etapa con procesamientos confirmados marca un horizonte temporal considerable de procedimiento ante los tribunales.
Interesa destacar que la Cámara adoptó una postura distinta respecto de otros imputados inicialmente. Los procesamientos de Víctor Blanco (exsecretario general), Cristian Malaspina (secretario general en funciones) y Gustavo Lorenzo (gerente general) fueron revocados por considerados prematuros. Los magistrados estimaron que la investigación respecto de su eventual responsabilidad requería profundización adicional antes de llegar a conclusiones sólidas. Esa revocación también significó la anulación de los embargos que pesaban sobre estos tres dirigentes, lo que sugiere que la evidencia en su contra resultó menos consolidada que la acumulada contra Tapia y Toviggino.
El panorama que emerge de estas decisiones judiciales presenta a la entidad futbolística atravesando un escenario de complejidad institucional considerable. Los organismos de control y la justicia penal económica han puesto bajo lupa los mecanismos de gestión financiera de una institución que es pilar del deporte argentino. Las implicancias trascienden lo puramente legal: afectan la reputación, la capacidad de toma de decisiones en tiempos de crisis y, eventualmente, podrían generar presiones internas respecto de continuidades en cargos directivos. Los próximos meses determinarán si el sistema judicial logra esclarecer completamente las responsabilidades en juego o si, por el contrario, las pruebas presentadas en un juicio oral abierto permiten matices interpretativos que redefinen el alcance de los cargos formulados.
