Un punto de inflexión aguarda en los próximos días a una de las pesquisas más delicadas que atraviesa el fútbol profesional argentino. La Cámara Federal de Casación Penal está abocada a dirimir una cuestión procesal que podría reconfigurar completamente el derrotero de la investigación sobre una propiedad de lujo ubicada en el norte del conurbano bonaerense, cuyos vínculos con la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino generan interrogantes sobre operaciones financieras presuntamente irregulares. La audiencia convocada para el próximo lunes 11 de mayo constituye el escenario donde magistrados especializados en cuestiones de competencia judicial determinarán si la causa continúa siendo tramitada por la justicia federal de Campana o si retorna a los tribunales porteños que se especializan en delitos vinculados a maniobras económicas. Lo que podría parecer un detalle administrativo encubre, en realidad, implicancias sustanciales: la elección de foro puede acelerar, ralentizar o incluso condicionar la recolección de evidencia, las pericias y los pasos investigativos venideros en un caso que ya ocupa un lugar central en las complejidades judiciales que rodean al máximo organismo del fútbol local.
El origen de la disputa jurisdiccional
Para entender la encrucijada actual es necesario retroceder en la cronología procesal. El expediente nació originalmente en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, magistrado porteño especializado en investigaciones de índole financiera. Sin embargo, una decisión posterior de la Cámara Federal de San Martín modificó ese curso, transfiriendo la causa al juzgado federal de Campana, bajo la dirección del magistrado Adrián González Charvay. Fue González Charvay quien fundamentó su competencia argumentando que, dado que los inmuebles bajo lupa se encuentran emplazados en territorio del partido de Pilar, correspondía que fuese la justicia federal con asiento en la ciudad bonaerense de Campana la que continuase adelantando la pesquisa. En apariencia, el razonamiento suena lógico: el bien jurídico cuestionado está ubicado allí, por ende, allí debe investigarse.
Pero aquí emerge la disputa de fondo. Aguinsky no se conformó con la reubicación y presentó un recurso rechazando apartarse del caso. Su argumentación pivotea sobre un punto conceptual decisivo: sostiene que la verdadera médula de la investigación no reside en la ubicación física de un inmueble o una quinta, sino en la presunta estructura delictiva montada para administrar fraudulentamente fondos que podrían vincularse con la Asociación del Fútbol Argentino. En una de sus resoluciones, el magistrado fue contundente al afirmar que "el núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino". Esta lectura sugiere que clasificar el caso únicamente como un asunto de propiedad territorial sería simplificar excesivamente una trama que se despliega en múltiples dimensiones: movimientos de capitales, estructuras societarias, transferencias de titularidad y relaciones institucionales complejas.
La perspectiva del Ministerio Público
El fiscal general Carlos Cearras ha tomado posición en este debate. Su criterio respalda el planteo de Aguinsky, apuntando que en investigaciones donde se sospecha lavado de dinero, el análisis no puede circunscribirse meramente a dónde está un edificio o un terreno, sino que requiere considerar la totalidad del entramado financiero bajo escrutinio. Cearras solicitó formalmente que el expediente regrese al fuero Penal Económico porteño, avalando así la tesis de que la radicación territorial no debería primar sobre la naturaleza económica-delictiva de lo investigado. Esta postura del fiscal cobra importancia porque institucionaliza, desde el Ministerio Público, una perspectiva sobre cómo debe procesarse este tipo de causa.
Los argumentos técnicos que sostienen esta posición tienen antecedentes en la jurisprudencia sobre casos de presunta corrupción y fraude. Cuando existe sospecha de que una estructura criminal ha sido montada para ocultar, transferir o legitimar fondos ilícitos, los tribunales especializados en materias económicas suelen contar con herramientas investigativas más afinadas y con magistrados acostumbrados a desentrañar las complejidades de operaciones financieras. Por el contrario, un juzgado federal general podría encontrarse con mayores dificultades para comprender y procesar la urdimbre de movimientos de capital, crear nuevas sociedades y entrecruzamientos de responsabilidades que caracterizan a estos expedientes.
Los hechos concretos bajo investigación
Más allá de la disputa procesal, la pesquisa en sí toca puntos específicos que justifican su sensibilidad institucional. La propiedad ubicada en Pilar fue adquirida en mayo de 2024 por un valor declarado de US$1,8 millones. Aquí comienza un elemento problemático: una tasación oficial incorporada al expediente estima que el mismo inmueble podría tener un valor cercano a US$17 millones. Una discrepancia de esa magnitud —más de nueve veces superior entre lo pagado y lo que supuestamente vale— plantea interrogantes inmediatos sobre cómo fue posible esa operación y qué mecanismos permitieron semejante diferencial.
La investigación extiende su lente hacia múltiples aspectos: se analizan registros de visitantes a la mansión, movimientos en sociedades vinculadas, documentación contable y operativa. La propiedad está registrada a nombre de una firma denominada Real Central SRL. Aparentemente, Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte figuran como titulares formales de la quinta. Lo que agrega una vuelta de tuerca al asunto es que Pantano aparentemente utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para diversos gastos. Además, entre los visitantes frecuentes documentados en los registros de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero Pablo Toviggino. Estos entrecruzamientos de nombres, vínculos institucionales y operaciones económicas conforman justamente el tipo de trama que los juzgados especializados en delitos económicos están acostumbrados a desentrañar.
La presunta estructura de testaferría
Subyacente a toda la investigación late una hipótesis que le confiere gravedad institucional: la sospecha de que la adquisición de la propiedad fue realizada mediante una estructura de testaferros, es decir, personas que figuran formalmente como titulares pero que actúan por cuenta e instrucción de terceros. Si esta hipótesis llegara a comprobarse, implicaría que individuos vinculados al círculo cercano de la conducción de la AFA estarían utilizando terceras personas para ocultar la verdadera titularidad y procedencia de fondos. La utilización de testaferros es una práctica clásica en esquemas de lavado de dinero: permite distanciar formalmente a los verdaderos beneficiarios de los activos adquiridos, complicando la trazabilidad de los capitales y su origen. En el contexto de una institución deportiva como la AFA, con responsabilidades públicas y manejo de fondos que derivan de derechos televisivos, marketing y otras fuentes, la presencia de estructuras de este tipo abre interrogantes sobre dónde provienen realmente los recursos y por qué se recurre a mecanismos de ocultamiento.
El factor tiempo y las consecuencias prácticas
La resolución que la Cámara de Casación emitirá dentro de cinco días hábiles contados desde la audiencia del lunes tendrá implicaciones concretas en el ritmo de avance de la causa. Si los magistrados hacen lugar al planteo del fiscal Cearras, el expediente regresará al despacho de Aguinsky en el fuero Penal Económico porteño. En ese escenario, la investigación permanecería en manos de un tribunal especializado en esta materia desde sus inicios, lo que podría potencialmente agilizar ciertos trámites y decisiones que requieren pericia técnica en temas de índole financiera. Contrariamente, si la Cámara ratifica la decisión anterior, la causa seguirá adelante bajo la dirección de González Charvay en Campana, lo que implicaría una continuidad con el trabajo ya realizado en ese tribunal durante estos meses. Ambas opciones tienen defensores y críticos: quienes apoyan la permanencia en Campana argumentan que no conviene interrumpir un proceso ya en marcha; quienes favorecen el regreso sostienen que la especialización es crítica para casos de esta complejidad.
Lo cierto es que cualquiera sea la decisión de los camaristas, estamos ante un momento de bisagra. La pesquisa sobre la propiedad de Pilar se ha convertido en uno de los principales frentes judiciales que enfrenta la conducción actual de la Asociación del Fútbol Argentino. Su desarrollo podría influir en la percepción pública sobre la institucionalidad del fútbol profesional, en las dinámicas internas de poder dentro de la AFA, y potencialmente en decisiones de índole política y deportiva que emanen del máximo organismo. Las próximas dos semanas resultarán determinantes no solo para establecer dónde tramitará el caso, sino también para vislumbrar qué velocidad y profundidad tendrá la investigación en adelante. Los actores institucionales implicados —tanto judiciales como de la propia AFA— estarán atentos a cómo los magistrados resuelven este conflicto de competencias que, en apariencia burocrático, encierra cuestiones sustanciales sobre cómo investigar presuntas irregularidades en una institución central del fútbol argentino.
