Córdoba se debate en una crisis de credibilidad institucional que trascendió los despachos legislativos y llegó a las calles, los tribunales y los medios de comunicación. Lo que parecía ser casos aislados de mala administración se reveló como una trama más compleja de problemas sistémicos en el funcionamiento del Poder Legislativo provincial. Para un gobierno que construyó parte de su discurso político en la promesa de gobernar con institucionalidad y trasparencia, estos episodios significan un golpe de consideración a su imagen pública y una interrogante sobre la efectividad de los controles internos que deberían blindar a las instituciones democráticas.
El punto de quiebre: la empleada que nunca existió
Todo comenzó hace poco más de un año con un escándalo de proporciones que parecía sacado de un absurdo administrativo. Un exfuncionario municipal con vinculaciones al peronismo local, Guillermo Kraisman, fue detenido cuando intentaba cobrar el salario de una mujer que supuestamente trabajaba en la Legislatura unicameral cordobesa. El problema: la mujer en cuestión nunca había pisado las oficinas del organismo. El caso generó inmediatamente una pregunta incómoda sobre la naturaleza de la contratación y quién estaba detrás de la maniobra. Las investigaciones judiciales apuntaron hacia la legisladora del oficialismo Nadia Fernández, aunque ella se desvinculó del episodio durante su declaración en los tribunales. Tiempo después, Fernández fue nombrada secretaria general de Gestión Penitenciaria, lo que reavivó los cuestionamientos sobre las conexiones entre los incidentes administrativos y los movimientos políticos posteriores.
Lo que inicialmente parecía ser un caso de corrupción puntual adquirió dimensiones preocupantes cuando las autoridades de la Unicameral realizaron un relevamiento exhaustivo de las contrataciones vigentes. El panorama que emergió fue desconcertante. La institución mantenía en nómina a 1055 personas contratadas, muchas de ellas figurando como "asistentes" de legisladores sin especificación alguna sobre sus funciones concretas. Entre esos nombres aparecían familiares de dirigentes políticos, 86 exintendentes y referentes de distintas fuerzas políticas. El costo mensual de esta estructura administrativa ascendía a aproximadamente $1000 millones, una cifra que en el contexto presupuestario provincial resulta significativa. La vicegobernadora Myrian Prunotto, responsable institucional de la rama legislativa, salió a desmentir públicamente la existencia de un sistema de contrataciones fraudulentas, argumentando que no se había detectado otro caso similar al de la empleada fantasma. Sin embargo, la revelación de esta red de contrataciones dejó abierta la cuestión sobre si realmente se trataba de hechos aislados o de una práctica enraizada en la cultura administrativa del lugar.
Antecedentes penales dentro de la administración pública: el caso que escaló
Hace pocas semanas, una investigación judicial relacionada con delitos contra la integridad sexual de menores en Villa de María del Río Seco, en el norte provincial, puso nuevamente bajo sospecha los mecanismos de control de la Legislatura. La Justicia detectó que uno de los 12 detenidos acusados de grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores era José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor del legislador del oficialismo Ramón "Cañito" Flores. Cuando la noticia de la detención y las acusaciones de abuso sexual con acceso carnal llegó a oídos de Flores, este solicitó inmediatamente la desafectación del funcionario de su equipo. Flores reconoció que Villarreal formaba parte de su estructura de trabajo y afirmó haber recibido un certificado de antecedentes sin observaciones al momento de la incorporación. Admitió públicamente su vulnerabilidad frente al caso: reconoció ser confiado y señaló que había sido engañado por alguien que creía conocer de toda la vida.
Pero el relato de Flores no resistió el escrutinio judicial. La fiscal a cargo de la investigación sobre abusos y grooming reveló un dato alarmante: Villarreal poseía antecedentes penales comprobados. Específicamente, tenía registrada una denuncia penal de 2021 por presunto abuso sexual y reducción a la servidumbre. La víctima de ese caso había formulado la denuncia siendo adulta, pero los hechos delictivos ocurrieron cuando ella era una menor que se encontraba bajo tutela judicial, conviviendo con la familia de Villarreal. Este descubrimiento planteó una pregunta más inquietante aún: ¿cómo un individuo con este tipo de antecedentes logró penetrar la estructura de la Administración Pública? ¿Qué tan deficientes eran los procedimientos de verificación de antecedentes? ¿El certificado que Flores sostuvo haber recibido era falso o simplemente incompleto?
La presión política que se generó a raíz de estos descubrimientos llevó a Flores a solicitar una licencia, argumentando que deseaba evitar cualquier interferencia política en el curso de la investigación judicial. Horas después de su decisión, otro integrante de su equipo de asesores también fue desafectado del cargo. Se trataba de Ariel Alejandro Rodríguez, quien había trabajado en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y aparentemente estaba involucrado en un presunto caso de peculado. La sucesión de desafectaciones sugería que el problema era más profundo que lo que inicialmente se había detectado.
Respuesta tardía y medidas correctivas
Como consecuencia de estos hechos y bajo creciente presión política y social, la Secretaría Administrativa de la Unicameral estableció una medida que debería haber estado vigente desde el principio: la presentación obligatoria de certificados de antecedentes de la Policía de Córdoba y del Registro Nacional de Reincidencia. Esta exigencia aplica tanto a nuevas contrataciones como a las renovaciones de contratos vigentes. Aunque la medida representa un paso en dirección correcta, también evidencia la ausencia de protocolos adecuados durante años de funcionamiento. El gobernador Martín Llaryora, consultado sobre los episodios que afectaban la imagen de su administración, pidió públicamente que la Justicia investigara "a fondo" cada uno de los casos. Su postura sugería una distancia respecto de los funcionarios implicados, aunque también revelaba que los controles estaban siendo aplicados posteriormente a que los problemas ya hubieran ocurrido.
El contexto de crisis institucional no se limitó al edificio legislativo. Tres meses antes de los revelaciones sobre Villarreal, la provincia había sido conmocionada por el femicidio de la adolescente Agostina Vega. Ese crimen también expuso fallas en los mecanismos de selección de personal en la administración municipal. El intendente Daniel Passerini pidió la renuncia del concejal Ricardo Moreno después de que este admitiera haber facilitado la incorporación del acusado del femicidio, Claudio Barrelier, a la estructura municipal. Barrelier poseía antecedentes por un hecho ocurrido en 2025, posterior incluso a su ingreso a la administración pública. El fiscal Iván Rodríguez lo dejó en libertad luego de días de prisión tras una denuncia por privación ilegítima de la libertad formulada por una joven. Esta cadena de eventos motivó que el gobernador Llaryora postergara la asunción de Rodríguez como Procurador Penitenciario, cargo creado el año anterior para incorporar a funcionarios judiciales alineados con el oficialismo.
Sumado a este panorama de turbulencias institucionales, se encontraba el proceso judicial contra Oscar González, exlegislador y exvicegobernador, quien está siendo juzgado en Villa Dolores por un accidente de tránsito ocurrido en octubre de 2022 en la zona de Altas Cumbres que resultó en la muerte de Alejandra Bengoa y en lesiones graves para dos adolescentes. González enfrenta imputaciones por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Ante esta situación legal, solicitó primero una licencia en su cargo de presidente provisorio de la Legislatura y luego fue suspendido como legislador. Su caso representaba el lado más gravoso del deterioro institucional: la justicia penal investigando a funcionarios de alto nivel que habían ocupado espacios clave en la administración provincial.
Implicancias y perspectivas futuras
La sucesión de episodios que han golpeado a las instituciones cordobesas en los últimos meses genera múltiples interrogantes sobre cómo continuar. Por un lado, existe la visión de quienes consideran que estos casos evidencian un sistema de contrataciones que requiere una revisión integral, no solamente de los procedimientos, sino también de las estructuras de poder que permitieron estas prácticas. Por otro, hay sectores que enfatizan que se trata de hechos puntuales que, aunque graves, no representan la totalidad de las operaciones administrativas y que las medidas correctivas implementadas son suficientes para evitar recurrencias. La tensión entre estas perspectivas definirá el rumbo de las reformas institucionales en los próximos meses. Lo que resulta innegable es que la credibilidad institucional requiere no solo de acciones correctivas sino de un cambio cultural profundo en la forma en que se gestionan los recursos públicos y se selecciona a quienes tendrán acceso a información y poder en las instituciones del Estado.
