La administración de recursos públicos enfrenta un paradoja incómoda en la Argentina contemporánea. Mientras tres provincias demuestran capacidad institucional para exponer íntegramente sus movimientos financieros, la tendencia nacional apunta hacia una opacidad creciente. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos acaban de ser reconocidas por alcanzar el máximo puntaje —100 puntos— en una evaluación exhaustiva sobre el nivel de publicidad que otorgan a sus archivos fiscales, un logro que revela tanto la posibilidad del cumplimiento como la amplitud de la brecha que las separa del resto del territorio nacional.

El diagnóstico proviene de un relevamiento llevado a cabo por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), que durante la primera quincena de abril de 2026 examinó la información disponible en los portales web de cada jurisdicción provincial. El análisis no buscaba calificar desempeños económicos ni resultados de gestión, sino verificar un aspecto mucho más elemental pero crucial: si las provincias cumplen con la obligación legal de dar a conocer públicamente los documentos que la Ley de Responsabilidad Fiscal prescribe que deben exhibir. La exhaustividad del examen incluyó la persecución de múltiples categorías de información: desde los presupuestos del ejercicio 2026 hasta reportes sobre la ejecución presupuestaria, pasando por detalles de la estructura de personal al cierre de 2025 y el estado del endeudamiento público.

Quién cumple y quién se queda atrás

La cartografía que emerge del estudio presenta una geografía de la responsabilidad fiscal con marcadas divisiones. Las tres provincias que alcanzaron el desempeño pleno —Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— conforman el llamado Grupo I, categoría reservada para jurisdicciones que presentan la totalidad de los documentos exigidos sin omisiones. Junto a ellas, otras nueve provincias lograron insertarse en el Grupo II, caracterizado por un cumplimiento alto aunque no perfecto: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán publicaron la mayor parte de lo requerido, pero dejaron faltantes específicos, particularmente en lo atinente a información sobre sus plantas de personal.

A medida que se desciende en la escala de clasificación, el panorama se oscurece. Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones integraron el Grupo III, correspondiente a lo que el análisis denomina cumplimiento intermedio. Por debajo de estas, ocho provincias —entre las que figuran Buenos Aires y Mendoza— quedaron ubicadas en el Grupo IV, el estrato de cumplimiento bajo, donde se encuentran aquellas jurisdicciones que presentaron deficiencias significativas en la documentación pública. Interesantemente, ninguna provincia alcanzó el Grupo V, la categoría de incumplimiento absoluto. Dos jurisdicciones quedaron directamente excluidas del análisis: La Pampa y San Luis no fueron evaluadas porque ni siquiera participan del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, lo cual implica una desvinculación formal de este andamiaje regulatorio.

El reconocimiento desde el territorio que lidera

Desde Córdoba, la provincia que comparte el podio con Entre Ríos y Santa Fe, la celebración fue inmediata. El ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta, utilizó el resultado para enmarcar la gestión dentro de un paradigma de apertura institucional. Sus palabras enfatizaron que el desempeño reflejaba un compromiso del gobierno con prácticas de administración de carácter transparente y responsable, y que este tipo de reconocimiento fortalecía aspectos intangibles pero centrales: la confianza de la ciudadanía, la previsibilidad del marco regulatorio y, en consecuencia, la atracción de inversión privada. La lógica subyacente es que la opacidad fiscal genera incertidumbre, aleja capitales y debilita la institucionalidad; su opuesto —la apertura documentada— opera como palanca para el crecimiento económico.

El propósito último del monitoreo, según especificaron desde ASAP, radicaba en cuantificar el grado de acceso público a información fiscal y, por extensión, en impulsar transformaciones hacia una mayor apertura en la forma en que se administran los fondos estatales. Este objetivo responde a un principio republicano elemental: en democracia, los recursos que pertenecen a la sociedad deben estar disponibles para su escrutinio. Sin embargo, el grado de cumplimiento variable a lo largo y ancho del país sugiere que ese principio se incorpora de manera dispar según la jurisdicción.

La contracara: un retroceso generalizado inquietante

Pero el reconocimiento a Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos adquiere un tinte distinto cuando se lo coloca sobre el telón de fondo de una tendencia nacional preocupante. El mismo informe que distingue a estas tres provincias contiene un diagnóstico sombrío sobre la trayectoria agregada: el promedio nacional de cumplimiento descendió de 74,3 puntos a 70,9 puntos entre el estudio anterior de septiembre de 2025 y este más reciente de abril de 2026. La caída es leve si se la mira en aislamiento —poco más de tres puntos—, pero cobra magnitud alarmante cuando se la contextualiza en un período más extendido. Si la comparación se remonta hasta marzo de 2025, la pérdida acumulada asciende a 6,8 puntos, una degradación que sugiere una dirección constante hacia la opacidad.

Este retroceso generalizado invita a reflexionar sobre las dinámicas que lo generan. No se trata de un colapso súbito ni de una decisión deliberada y articulada de los gobiernos provinciales por ocultamiento sistemático. Más bien, parece tratarse de un fenómeno de erosión gradual: cambios administrativos, presupuestos insuficientes destinados a sistemas de información, rotación de personal en áreas de gestión pública, o simplemente el descuido de obligaciones que no cuentan con mecanismos fuertes de exigibilidad. Las provincias del Grupo IV —aquellas con cumplimiento bajo— no necesariamente actúan desde una postura de rebeldía institucional; pueden estar enfrentando simplemente limitaciones de capacidad administrativa o prioridades desplazadas hacia otras áreas.

Lo que el panorama revela, en síntesis, es que la transparencia fiscal no es un logro consolidado sino un terreno en disputa permanente. Las provincias que alcanzan los 100 puntos demuestran que la ejecución de esta obligación es viable, que requiere voluntad política e inversión en sistemas de información, pero que es alcanzable. Al mismo tiempo, la caída del promedio nacional evidencia que el sostenimiento de estos estándares no es automático ni irreversible. Los gobiernos que bajan su desempeño no necesariamente lo hacen porque rechacen la transparencia en términos ideológicos; pueden estar priorizando otros objetivos o enfrentando restricciones reales. Con todo, el resultado neto es el mismo: menos información disponible para los ciudadanos, menos posibilidad de supervisión, menos claridad sobre cómo se gastan los recursos públicos. Las implicancias de esta trayectoria pueden ser múltiples. Algunos analistas argumentarían que el debilitamiento de la transparencia fiscal abre espacios para prácticas discrecionales o irregularidades; otros señalarían que la falta de información accesible reduce la capacidad de incidencia de actores cívicos y organizaciones de control. Desde una óptica institucional, el deterioro podría interpretarse como un síntoma de desatención a los marcos de accountability. Desde una perspectiva inversora, podría significar un aumento del riesgo percibido sobre la previsibilidad de las políticas provinciales. Lo cierto es que mientras tres provincias muestran que es posible cumplir, el país en su conjunto avanza en dirección inversa.