Una medida aparentemente técnica sobre la regulación del pilotaje marítimo se transformó en el espejo más brutal de los problemas estructurales que aquejan al Gobierno en su tercer año de gestión. El decreto 690, que intentaba reducir los salarios de los prácticos navales —profesionales que cobran más de US$15.000 mensuales— derivó en una parálisis total de 185 barcos en apenas 48 horas, exponiendo una verdad incómoda: a pesar del paso del tiempo, la conducción sigue sin encontrar un mecanismo de funcionamiento que sea verdaderamente orgánico. Lo que cambió con la salida de Manuel Adorni hace más de un mes no fue la estructura interna del poder, sino apenas la redistribución de roles dentro de un mismo caos.

La iniciativa provenía de Federico Sturzenegger, quien ha hecho carrera política apostando a combates contra lo que denomina "pequeños privilegios". El ministro de Desregulación disfrutaba de la admiración casi incondicional del Presidente, fascinado por sus credenciales académicas y su disposición a desafiar lo políticamente establecido. Durante dos años había estado bloqueada por razones prácticas: Patricia Bullrich, en su rol anterior de ministra de Seguridad, se oponía porque sabía de las complejidades operativas que traería aparejada. Pero con Alejandra Monteoliiva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa, ambos complacientes, las trabas administrativas desaparecieron. Se suponía que la Armada y la Prefectura Naval tenían el músculo necesario para sostener cualquier conflicto que surgiera. Sobre esa premisa falsa se construyó toda la operación.

El colapso de las certezas

Cuando el caos llegó —y llegó rápido—, la realidad contradijo cada una de las supuestas garantías. Al momento de intentar reemplazar a los prácticos con personal oficial de la Armada, la institución admitió sin rodeos que contaba apenas con seis oficiales disponibles para la tarea. La Prefectura, directamente, ofrecía cero. Fue entonces cuando alguien sugirió recurrir a quienes emitían las habilitaciones profesionales a los prácticos, bajo la lógica de que si algo sabían de la materia, esos eran ellos. El problema descubierto entonces fue de una ironía casi cómica: esos mismos habilitadores eran los prácticos. Se autorizaban a sí mismos sus propias titulaciones. En menos de dos días, lo que había parecido un decreto administrativo se transformó en una amenaza genuina a la cadena de suministro energético. Las empresas petroleras advirtieron a la Casa Rosada que el combustible disponible alcanzaba para apenas tres días más.

La mesa política estalló el martes. Bullrich, la ministra que años atrás había bloqueado esta misma medida, arremetió contra Sturzenegger sin encontrar resistencia. Incluso Karina Milei, la figura más influyente del círculo presidencial, permitió que sus críticas al funcionario circularan sin restricción. La derrota fue inevitable, pero se intentó disimularla: se anunció una marcha atrás formal sin derogar el decreto —un artificio legalista para que el ministro no quedara completamente desplumado— y en su lugar se acordó una rebaja salarial más modesta. Diego Santilli se encargó de instrumentar la retirada tácita, con participación de Santiago Caputo. Un integrante de la mesa política resumió con cierta clemencia: "Quizás debimos haberlo analizado antes de firmar. Federico tiene buenas intenciones, pero le faltan reflejos políticos. No podés tomar una medida así sin poder sostenerla. No midió lo operativo". Otros fueron menos piadosos.

Los tres problemas que no se resuelven

Si este episodio hubiera sido apenas una anécdota menor, habría desaparecido del mapa político en una semana. El problema es que funciona como diagnóstico de fondo. Primero: Sturzenegger posee un acceso directo al Presidente que actúa como un cortocircuito de la estructura formal. Milei siente devoción por su ministro, admiración que encubre una debilidad profunda del sistema: cuando el máximo gobernante deposita tanta confianza en una sola voz, esa voz opera sin filtros. El esquema sigue siendo radial, con múltiples ministros comunicándose directamente con el Presidente sin pasar por procesos de deliberación colectiva. Eso mata la lógica de gobierno integrado.

Segundo problema: la mesa política se amplió tras los cambios de gabinete pero no ganó en eficiencia sino lo contrario. Karina Milei es claramente la más influyente, pero su poder no alcanza todos los rincones de la gestión. Cada vez se apoya más en Santilli, quien funciona como bombero de incendios permanentes. Los Menen intervienen con intermitencias. Caputo atraviesa una etapa de retracción. La consecuencia es que hay temas que deambulan sin resolución porque nadie ejerce autoridad para cerrarlos, y otros pasan sin ser detectados hasta que se convierten en crisis. No faltan actores; falla la dinámica.

El tercero, y acaso el más grave: el Presidente profundizó su aislamiento de la gestión cotidiana después de la salida de Adorni. Algo que sorprendió incluso a sus allegados. Como si hubiera quedado emocionalmente exhausto. Se retrajo hacia Olivos, los viajes y la teoría económica pura. No intervino en la crisis de los prácticos ni en el debate sobre tierras. Su entorno se hizo más cerrado, menos poroso al intercambio de ideas. Esa ausencia de una dirección clara desde arriba genera procesos de decisión contradictorios, inconsultos y frecuentemente inconclusos.

El capítulo de la extranjerización de tierras funcionó como segundo acto de la misma película. El Gobierno cometió el error de no leer el clima nacionalista que caracteriza al país después del Mundial, lo que chocaba de lleno con la propuesta de eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros "antiargentinos". Hace dos meses la iniciativa había quedado sepultada en la indiferencia social para priorizar pliegos judiciales. Ahora, al intentar impulsarla nuevamente, perdió el debate público sin resistencia. Nadie en el Gobierno articuló un discurso convincente de por qué era necesaria esa medida. Se sumó el hartazgo legislativo: los proyectos ómnibus que redacta Sturzenegger, sobrecargados de múltiples ejes sensibles en un mismo texto, comenzaban a irritar al Congreso.

Los gobernadores ya no creen en las promesas

Pero el dato político más complejo fue el que llegó desde las provincias. Los gobernadores aliados comenzaron a manifestar un desgaste auténtico respecto de las indefiniciones que bajan desde Casa Rosada sobre el futuro electoral. Mandatarios como Osvaldo Jaldo de Tucumán, Rolando Figueroa de Neuquén, Hugo Passalacqua de Misiones y Gustavo Sáenz de Salta expresaron una queja común: "Nos llevan de a poco y no resuelven nada". Passalacqua incluso se animó a rebelarse contra Carlos Rovira adoptando una posición más opositora. El mecanismo de negociación ley por ley, gobernador por gobernador, senador por senador que funcionó con fluidez en el verano, tras el ímpetu electoral, comenzaba a mostrar signos de desgaste. La ecuación política ya no era la misma. ¿Qué pasó con ese acuerdo marco que en junio se había conversado entre los gobernadores para blindar la economía y el camino electoral? Desapareció en los laberintos de la radialidad administrativa.

El Gobierno parece haber perdido el sensor del humor social que lo caracterizaba en su primera etapa. Impulsa una agenda que no responde a las demandas principales. La batería de proyectos que atraganta la agenda legislativa —super RIGI, inocencia fiscal, Banco Central, regulaciones— obedece a una lógica endogámica, casi teórica: Milei puro, pero sin conexión con la experiencia concreta de la gente. Por eso circuló en la mesa política que iniciativas como la desregulación de farmacias, inmobiliarias o precios de libros quedarían congeladas. "Basta de batallas que no conducen a ningún lado", tronó una voz del círculo dirigente. El reformismo permanente encontró sus límites, no solo en el Congreso sino en la percepción social. El Gobierno descubrió que con esas iniciativas no genera implicancias directas en la vida cotidiana de la gente y erosiona uno de sus principales mandatos.

Existe una diferencia crucial con la experiencia de Mauricio Macri: Milei asumió ante una sociedad que, después de décadas en modo adaptativo, pasó a pedir cambios radicales. Fue un emergente extremo de esa voluntad de transformación profunda que solo un hartazgo estructural inédito logró modelar. Pero entre las dificultades económicas persistentes y el desenfoque de la agenda estatal, comienza a producirse una erosión en lo que Milei representa como vector de cambios profundos. Aunque existe un límite claro: cualquier cosa excepto volver atrás. Cada vez que el pasado amenaza —cada vez que aparece Ricardo Quintela con propuestas de expropiación—, el Presidente recupera crédito en su misión.

Las cifras que hablan de deterioro

Internamente se diagnostica que el caso Adorni generó daño reputacional, pero su apartamiento no mejoró la imagen presidencial. El Gobierno afronta dificultades para administrar el arranque del segundo semestre. Los números manejados en Casa Rosada revelan una erosión: la imagen positiva pasó de 45% favorable-55% desfavorable a principio de año a 35% favorable-65% desfavorable ahora. Lo crítico es que esos indicadores no evolucionaron desde que se fue el jefe de Gabinete. Lo positivo, desde la perspectiva oficial, es que tampoco se agravaron. Eso sigue dejando al oficialismo con un piso competitivo: mantiene un tercio del electorado como base electoral sólida.

Una encuesta de la consultora Escenarios aporta diagnósticos específicos. Primero: se quebraron las expectativas positivas que eran el principal activo del Gobierno. 52,9% piensa que estará peor dentro de un año, un dato que puede erosionar la paciencia con el ajuste. Segundo: finalizó el crédito de la herencia recibida. Entre el 70% y 90% responsabiliza a la actual gestión por los problemas económicos. Tercero: se erosionó la lucha contra la corrupción como capital anticasta del oficialismo. La conclusión de los analistas es que "el deterioro oficialista dejó de ser coyuntural" porque estos indicadores "configuran un piso de malestar estructural que la sola estabilización monetaria ya no compensa".

A pesar de estas evidencias, el Presidente no tiene previsto alterar prioridades. Según personas de extrema confianza en los Milei, Javier no modificará el rumbo ni hará otra cosa que no sea lo que prometió: bajar inflación y ajustar gasto. "Si la gente ahora pide otra cosa, votará a otro. Él no tiene problemas en perder, esa es la novedad del personaje". Es reveladora esa reflexión. El líder libertario conserva un atributo: ser genuinamente frontal con sus posturas, aunque eso le traiga complicaciones políticas. Pero esa inflexibilidad tiene costos reales.

Luis Caputo, el ministro de Economía, viene expresando internamente inquietud respecto de la lentitud de los indicadores de reactivación. Más allá de las batallas públicas sobre los números, hacia adentro del Gobierno deja traslucir impaciencia. Estaría dispuesto a resignar algo del ritmo de baja de inflación a cambio de motorizar crédito, consumo y actividad económica. Milei no cede. La inflación es su prioridad total, incluso cuando le explican que las preocupaciones de la gente se desplazaron hacia el poder adquisitivo y el empleo. Caputo ejerce equilibrio entre el Presidente y su equipo económico, pero preferiría atender ya la recuperación.

El problema que considera más urgente es la falta de circulante: absorción de pesos y dólares que no fluyen. Hace poco se cerró un acuerdo para avanzar en un cambio monetario que permita a los bancos otorgar créditos en dólares y movilizar los US$7.000 millones que permanecen encajados. Se prevé su anuncio próximo, si es que el Gobierno no vuelve a caer en sus propios laberintos.

Preguntas sin respuesta y escenarios abiertos

Lo que emerge de estos eventos es una situación compleja que admite múltiples interpretaciones. Algunos observadores consideran que la dinámica actual refleja simplemente el desgaste natural de un gobierno tras enfrentar realidades más complejas que sus marcos teóricos. Otros sostienen que revela una incapacidad genuina para transitar hacia esquemas colegiados de decisión. Hay quienes ven en el aislamiento presidencial una estrategia deliberada para mantener distancia, mientras otros lo interpretan como fatiga emocional. La persistencia de los problemas de coordinación a pesar de los cambios de gabinete sugiere que las dificultades residen en la estructura misma del poder, no en las personas que la ocupan. La creciente impaciencia entre gobernadores aliados podría acelerar fragmentaciones políticas. La erosión del malestar económico estructural podría terminar neutralizando incluso la fortaleza electoral que aún conserva el oficialismo. Pero también es cierto que mientras exista amenaza de retorno al pasado político, el Presidente recupera automáticamente capital político. Los meses siguientes definirán si la máquina de gobierno logra encontrar finalmente su ritmo o si la erosión continúa en línea con los problemas que este decreto sobre prácticos navales dejó al desnudo.