Hace treinta y nueve años que una carta mecanografiada con errores deliberados llegó a tres funcionarios políticos argentinos. Junto a ella viajaban fragmentos de papel amarillento, restos de un poema dulce y colegial que la tercera esposa de Juan Domingo Perón había depositado sobre su ataúd en julio de 1974. Cuando se ensamblaron esos fragmentos como en un rompecabezas macabro, la poesía de Isabel Martínez reveló su propósito: servir como prueba de un crimen que cambiaría para siempre la forma en que Argentina recordaría a uno de sus presidentes más influyentes. Los brazos de Perón habían sido amputados. Sus manos desaparecidas. El cadáver embalsamado del tres veces mandatario, yacente en el Cementerio de la Chacarita desde hacía trece años, había sido profanado con precisión quirúrgica. Lo que comenzó como una extorsión de ocho millones de dólares se transformaría en un caso que atravesaría décadas sin respuestas, dejando a su paso una estela de muertes inexplicables, expedientes sustraídos y silencios cómplices que permanecen intactos hasta hoy.

El mensaje que llegó envuelto en enigmas

El 26 de junio de 1987 fue el día en que tres sobres idénticos llegaron a destinos precisos: la oficina de Carlos Grosso, entonces titular del Partido Justicialista; la sede de la Central General del Trabajo donde trabajaba Saúl Ubaldini; y el despacho del senador Vicente Leonides Saadi. Cada sobre contenía un fragmento diferente del poema que Isabel Martínez había escrito años atrás junto al féretro de su marido. Los versos hablaban de paseos por jardines, flores arrancadas como prueba de amor, de momentos tiernos y domésticos que contrastaban de forma atroz con el mensaje que los acompañaba. La carta, escrita a máquina con pertinaz descuido ortográfico, anunciaba lo inefable: días antes, una organización desconocida había ingresado a la cripta familiar y seccionado las extremidades superiores del cadáver presidencial. Los perpetradores pedían una suma millonaria a cambio de devolver los restos.

Pero la misiva contenía mucho más que una demanda económica. Rezumaba cinismo. Hablaba de la tumba como "un exnicho blindado", como si burlarse de la seguridad fuese parte del juego. Los errores de escritura saltaban a la vista con sospechosa evidencia: eses donde debían ir zetas, bes en lugar de ves, acentos graficados en palabras que no los necesitaban. No parecía el trabajo de analfabetos sino de personas que teatralizaban su propia ignorancia como escarnio, como si estuviesen seguros de que nadie podría alcanzarlos. La firma de aquella misiva rodeada de un aura de críptica amenaza rezaba: "Hermes Iai y los 13". Quiénes eran esos trece, qué significaba Hermes Iai, si era un nombre, un código, una referencia esotérica o simplemente el resultado de presionar teclas al azar en un teclado, son preguntas que siguen sin respuesta después de casi cuatro décadas.

La noche del descubrimiento y las horas que cambiaron todo

Tres días después del mensaje amenazante, Roberto García, sobrino del general Perón, visitó la bóveda familiar ubicada a pocos pasos de la entrada principal del cementerio porteño. Lo que encontró lo obligó a denunciar el hecho en la comisaría 29. Una claraboya había sido forzada. El sable del general y su gorra de teniente general habían desaparecido. La investigación recayó en el juzgado de instrucción número 27, encabezado por Jaime Far Suau, un juez que pronto descubriría qué significa enterarse de un sacrilegio de tal magnitud.

La noche del 1 de julio, exactamente trece años después de la muerte de Perón, Far Suau y su equipo abrieron la bóveda. El ataúd había sido forzado. El vidrio blindado que lo protegía estaba fragmentado. Alguien había trabajado durante horas con herramientas específicas, profesionales. Los forenses hallaron vestigios del procedimiento: una maza de medio kilo, una punta de hierro con forma de estrella irregular, una cizalla para cortar metal, un dedo de goma para protegerse de los bordes dentados. Los peritos determinaron que las manos habían sido cortadas con una sierra de Gigli, el instrumento que utilizan los cirujanos para seccionar huesos. La derecha había sido amputada en el límite superior de la muñeca, sobre el cúbito y el radio. La izquierda, por debajo del límite inferior, en la primera línea de los huesos del carpo. El serrín cadavérico acumulado en la zona sugería que los cortes eran recientes. Habían trabajado al menos dos horas dentro de aquella cripta, en medio de un cementerio, sin que nadie los molestara. Far Suau, conmovido ante lo que contemplaba, pidió un minuto de silencio a quienes lo acompañaban. El juez desconocía que, ya desde la mañana, los servicios de inteligencia lo estaban monitoreando, recopilando detalles sobre su vida, su familia, sus hábitos, sus debilidades. El manual de las cloacas del Estado se escribía mientras él rendía homenaje al cadáver profanado.

Un contexto de violencia política y servicios especulativos

Aquel junio de 1987 no era cualquier mes en la Argentina democrática. Raúl Alfonsín gobernaba un país convulsionado. Apenas semanas atrás, en Semana Santa, había estallado la primera rebelión carapintada, un motín militar que ensayaba cómo desafiar la autoridad civil desde los cuarteles. Durante treinta días de junio, treinta y tres bombas explotaron en todo el país. Locales radicales, casas de jueces, domicilios de políticos y sindicalistas, colegios, cines. Un estallido cada día en promedio. El poder militar, heredero directo de la dictadura que había dejado miles de desaparecidos, expresaba su descontento por los juicios iniciados contra oficiales acusados de crímenes de lesa humanidad. Era el eco del juicio de 1985 contra los ex comandantes de la Junta. La profanación de Perón irrumpió en medio de esta tormenta política como si fuese el acto de alguien que sabía exactamente cuándo hacerlo, cuándo el país estaría demasiado ocupado en otras catástrofes para prestar real atención a una tumba violada.

La mañana del 2 de julio, Alfonsín presidía un acto público cuando se enteró de lo ocurrido. Su vocero, José Ignacio López, se acercó al presidente y le susurró la noticia al oído. Un fotógrafo de la Casa de Gobierno, Víctor Bugge, capturó ese instante: el rostro tenso de López y la expresión demudada del mandatario. Esa fotografía quedaría como documento de la historia argentina contemporánea, como prueba de que los gobernantes civiles también experimentaban sorpresa, incertidumbre, quizás hasta miedo, ante lo que estaba sucediendo. El ministro del Interior, Antonio Tróccoli, y el jefe de la SIDE, Facundo Suárez, inmediatamente especularon sobre la participación de agentes de inteligencia en el hecho. Era una hipótesis que tendría ecos durante décadas, un susurro que nunca llegó a confirmarse pero que tampoco fue refutado.

Las muertes y los expedientes desaparecidos que rodearon la investigación

Un año y cuatro meses después de iniciada la instrucción, el 22 de noviembre de 1988, el juez Jaime Far Suau regresaba de Bariloche junto a su pareja, Susana Guaita, y el hijo pequeño de ella. Conducía un Ford Sierra por una ruta recta cerca de Coronel Dorrego. El auto volcó sin explicación aparente. Se incendió de forma inexplicable. Far Suau murió con la cabeza partida, su cadáver quedó a diez metros de los restos carbonizados del vehículo. Guaita también pereció. Solo sobrevivió Maximiliano, el pequeño hijo de Guaita, quien entonces tenía cuatro años. Décadas después, ya adulto, Maximiliano recordaría haber escuchado un estallido en el momento en que se dormía. Una explosión, dijo, como si algo interno hubiera explotado. Los neumáticos del auto llevaban gas comprimido, según afirmó años después. El juez de Bahía Blanca que investigó el episodio nunca creyó en la teoría del accidente. La ruta estaba en buenas condiciones. No había motivos mecánicos aparentes para el vuelco. Far Suau viajaba con una carpeta negra que contenía los detalles de sus entrevistas con Isabel Martínez en Madrid. Esa carpeta desapareció en el incendio. O fue sustraída. Nadie lo supo con certeza.

El comisario Carlos Zunino, jefe de la seccional 29, aquél que había recibido la denuncia original y que participó en la inspección de la bóveda la noche del minuto de silencio, fue asaltado en su domicilio meses después. Le dispararon en la cabeza. Sobrevivió milagrosamente. Tiempo después se jubiló. Murió años más tarde, en enero de 2004. Luis Paulino Lavagno, uno de los serenos del cementerio, denunció amenazas contra su vida y fue hallado muerto por "paro cardiorrespiratorio no traumático", según certificó la medicina forense. Una autopsia reveló que había sufrido golpes antes de su muerte. María del Carmen Melo, una mujer que visitaba diariamente la tumba de Perón para dejar una flor, que quería hablar con los investigadores porque había visto a un sospechoso merodeando la bóveda, murió por hemorragia cerebral causada por traumatismos. Cada muerte parecía una respuesta a una pregunta que alguien no deseaba que se formulara.

Investigadores que buscaron la verdad en territorios prohibidos

En 1997, los periodistas Damián Nabot y David Cox publicaron "Perón, la otra muerte", una investigación exhaustiva que apuntaba hacia una dirección específica: el mafioso italiano Licio Gelli, aquel que en Italia había gestado la logia masónica fascista "Propaganda Due" y que en 1973, a solicitud del canciller Alberto Vignes, había sido condecorado por el mismo Perón con el collar de la Orden del Libertador. Los autores sugirieron que la firma "Hermes Iai" coincidía con creencias egipcias y esotéricas que cultivaba Gelli. Afirmaron que en el robo habían participado agentes de inteligencia argentinos, ya en actividad o retirados tras la recuperación democrática, con el propósito de desestabilizar al gobierno de Alfonsín. Antes de su muerte en 2015, Nabot contactó a Gelli por teléfono. El italiano negó toda participación.

Otro libro, "La profanación", de Claudio Negrete y Juan Carlos Iglesias, propuso una teoría alternativa: que los profanadores habían utilizado las llaves de la bóveda porque el ataúd debió ser sacado de su nicho para poder mutilar las manos con precisión. Si esto era cierto, entonces los delincuentes habían actuado casi a cielo abierto, seguros de su impunidad absoluta. Iglesias, antiguo afiliado al radicalismo y amigo del juez Far Suau, murió en 2007. Su coautor Negrete se sumó así a la lista de investigadores que abordaron el caso y luego desaparecieron de la escena pública.

En 1994, el juez Alberto Baños, quien había sido secretario de Far Suau, reabrió la causa tras la aparición de una copia de las llaves de la bóveda familiar. Baños compartía la teoría de su colega: los profanadores poseían las llaves del vidrio blindado, habían sacado el ataúd, habían llevado a cabo su labor, y luego habían sembrado pistas falsas quebrando cristales y forzando la claraboya. En 2007, Baños pidió al gobierno de Néstor Kirchner información sobre medio centenar de personas, civiles y militares, vinculadas a los servicios de inteligencia de la dictadura y presuntamente relacionadas con el robo. Recibió casi nada: los antecedentes de una única persona, en un papel membretado de la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de quien luego sería presidente: Alberto Fernández.

El 6 de julio de 2008, un grupo comando irrumpió en el domicilio de Baños en Adrogué. Se llevaron tres cuerpos de la causa y su computadora portátil. No robaron nada más: dejaban intactos equipos de música, instrumentos, joyas, dinero en efectivo. El juez denunció el robo como una "operación de inteligencia". Al año siguiente, Baños recibió en su despacho un pequeño ataúd de madera que contenía una bala y una foto suya con un punto rojo dibujado en la frente. La sutileza del mensaje resultaba demoledora. Una noche de marzo de 2009, a las once y media, Baños sorprendió a dos desconocidos en el parque de su casa. Hubo intercambio de disparos. Los asaltantes escaparon. La investigación lo catalogó como "intento de robo". Nada más.

Las puertas cerradas y los archivos que podrían abrir

En 2014, Atilio Neira, abogado de María Estela Martínez, reveló que la CIA poseía archivos sobre el robo de las manos de Perón, documentación que podría arrojar luz sobre la participación de servicios de inteligencia militares argentinos. Neira afirmó que David Cox, coautor de "Perón, la