La trama de compras que rodea al ex vocero presidencial Manuel Adorni se densifica cada vez más. Mientras el funcionario dejaba su puesto en la estructura gubernamental esta semana, las declaraciones de dos trabajadores de su área confirman que terceros adquirieron bienes de consumo que terminaron en su poder, generando un entramado de transacciones que la justicia intenta desentrañar. Lo que comenzó como una hipótesis sobre gastos incompatibles con los ingresos declarados ahora se sostiene sobre testimonios directos de personas que estaban dentro del círculo inmediato del ex mandatario de prensa. Esta progresión en la investigación marca un punto de inflexión: ya no se trata solo de registros contables, sino de evidencia documental que vincula a empleados públicos con operaciones que apuntan a disimular el origen de bienes que hoy son materia de escrutinio judicial.

Testimonios que amplían el panorama de las adquisiciones

Gisela Kocsis, quien se desempeñaba como secretaria privada de Adorni, compareció ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y prestó declaración testimonial en el marco de la causa que examina presunto enriquecimiento ilícito. Su relato añade capas de complejidad a un esquema en el que múltiples personas habían adquirido productos a título personal. Kocsis confirmó que ella gestionó la compra de $8.183.303,25 en la tienda Rosen The Store, establecimiento especializado en textiles y artículos para el hogar. Sin embargo, su testimonio introduce un dato relevante: quien se presentó físicamente en la sucursal para abonar en efectivo esos juegos de sábanas y colchones no fue ella misma ni Adorni, sino Bettina Angeletti, pareja del ex funcionario. Este despliegue de intermediarios resulta significativo en términos de la hipótesis que maneja la justicia, que considera que estas operaciones respondían a un patrón deliberado de ocultamiento.

La secretaria privada reveló además una segunda transacción posterior, realizada aproximadamente veinte días después de la primera. En esa oportunidad se adquirieron almohadas por un monto cercano a los $400.000, nuevamente canceladas en efectivo. Pero el testimonio de Kocsis trajo a colación un elemento novedoso para el expediente: en mayo de 2025 ella misma gestionó la compra de electrodomésticos destinados a la residencia ubicada en Indio Cuá, la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz donde Adorni poseía una propiedad. Se trataba de un lavavajillas y un lavarropas de la marca Whirlpool con un costo aproximado de $3.100.000. En este caso, la operación fue costeada mediante la tarjeta de crédito personal de Kocsis, con la particularidad de que Adorni posteriormente le reintegró el dinero en efectivo. Su declaración subraya que sus funciones incluían la gestión de asuntos privados del entonces funcionario, un dato que abre interrogantes sobre los límites entre lo personal y lo administrativo en su desempeño.

El rol de otros actores en la red de operaciones

Luis Aluju, quien ocupaba la posición de coordinador de Información de Gobierno y sostenía una amistad de larga data con Adorni, también compareció ante la justicia como testigo. Aluju poseía una extensión de la tarjeta de crédito de Adorni desde hacía once años, lo que lo situaba en una posición particularmente próxima a las finanzas del ex vocero. Los registros de Mercado Libre evidencian que Aluju realizó una compra de un proyector por $3.600.000, operación que fue abonada utilizando dos tarjetas a su nombre. En su deposición, Aluju alegó que aunque la transacción se había efectuado con el usuario de Adorni, el equipo había sido entregado en el departamento ubicado sobre la calle Asamblea. Esta versión abre una segunda línea de equipamiento de viviendas que la fiscalía está analizando en paralelo.

Anteriormente, Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, había rendido declaración ante el mismo fiscal. Su testimonio había dejado constancia de que prestó su tarjeta de crédito a Adorni para adquirir un monitor gamer por $2.185.000, dinero que posteriormente le fue reembolsado en efectivo. El patrón emerge con nitidez: empleados del área que rodea al ex funcionario realizaban compras en sus propias tarjetas o bajo su nombre, para luego recibir la cancelación de esos montos en billetes, sin dejar rastros documentales formales de la procedencia de los fondos. Este mecanismo es precisamente lo que interesa desentrañar a la justicia federal en materia de justificación patrimonial.

Las cifras que no encajan en el cuadro de ingresos

La dimensión cuantitativa de estas operaciones comienza a tomar una forma más definida gracias a la labor reconstructiva de la fiscalía. Entre diciembre de 2023, momento en que asumió la administración de Javier Milei, y marzo de 2025, cuando Adorni aún desempeñaba funciones como jefe de Gabinete, el ex funcionario canalizó consumos por tarjeta de crédito que sumaban $139 millones de pesos. Estos guarismos resultan desconcertantes cuando se comparan con sus ingresos declarados. Hacia fines de 2025, su salario rondaba los $3,5 millones mensuales, mientras que sus gastos promedio oscilaban entre $4 y $6 millones cada mes. La brecha entre lo que percibía y lo que gastaba constituye el núcleo de la investigación por enriquecimiento ilícito.

A este catálogo de consumos que fue posible registrar mediante los sistemas de tarjetas de crédito, debe añadirse lo declarado por el contratista Matías Tabar, quien había participado en las refacciones de la propiedad en Indio Cuá. Tabar sostuvo que Adorni invirtió US$245 mil en efectivo y sin documentación respaldatoria en esos trabajos. La combinación de ambas líneas de gasto —tarjetas de crédito y efectivo sin comprobación— sugiere un volumen de movimiento de fondos que requiere explicación más allá de los registros tributarios ordinarios. El fiscal Pollicita mantiene pendiente la evaluación definitiva del informe que elaborará la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que está tasando el patrimonio de Adorni y su cónyuge. Este análisis será determinante para que la fiscalía proceda eventualmente con una intimación formal para justificación patrimonial, mecanismo legal que obliga a demostrar la procedencia lícita de los bienes y fondos en cuestión.

El siguiente capítulo administrativo

Tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada anunció la apertura de una investigación de oficio destinada a esclarecer presuntas irregularidades tanto del ex funcionario como de empleados de la Vocería. Adrián Ravier, quien asumió el comando del área, señaló en su primer contacto con la prensa desde su nuevo cargo que todas estas cuestiones se encontraban bajo evaluación y análisis. Esta iniciativa administrativa corre en paralelo con la pesquisa judicial, aunque responde a lógicas y procedimientos distintos. Mientras la justicia federal examina posibles delitos, la investigación interna del Ejecutivo se enfoca en infracciones administrativas y violaciones a deberes funcionariales.

Las declaraciones de Kocsis y Aluju marcan un umbral en la investigación: ya no se trata de inferencias construidas sobre papeles y registros, sino de testimonios de testigos que estaban dentro de la estructura y que reconocen haber participado en operaciones que beneficiaban al ex funcionario. Aunque ambos declaran haber actuado siguiendo indicaciones o en el marco de sus labores, sus admisiones crean un antecedente documentado sobre el cual la justicia puede construir argumentaciones posteriores. Los próximos pasos dependerán en buena medida de lo que arroje el peritaje patrimonial de la DAFI y de si existen otros testigos o registros que permitan completar el mapa de transacciones. Las implicancias de este proceso trascienden al individuo investigado: ponen en cuestión los mecanismos de control interno en estructuras de alto nivel, la utilización de recursos estatales para beneficio privado, y la porosidad de los sistemas de supervisión en la administración pública. Distintos actores políticos y observadores institucionales evaluarán estos resultados desde perspectivas variadas: unos verán una prueba de que los mecanismos de justicia están funcionando, otros cuestionarán la velocidad del proceso o el trato diferenciado de casos similares en otras administraciones, y algunos enfatizarán la necesidad de fortalecer controles preventivos en futuras gestiones.