Un perfil que no encaja
En los registros oficiales aparece como gerente de una operadora de divisas que en apenas seis meses movió casi nueve mil doscientos millones de pesos. Sin embargo, cuando comparece ante los magistrados, se describe a sí mismo de manera completamente distinta. J.H., de 61 años, residente en el barrio que le da nombre a la empresa investigada —Centenario, en la periferia santafesina—, sostiene ser un trabajador autónomo dedicado a la instalación de sistemas de climatización. Nada en su estilo de vida sugiere estar vinculado con operaciones millonarias: no posee teléfono celular, carece de correo electrónico y no mantiene presencia en plataforma alguna de redes sociales. Su vivienda, modesta, refleja una vida de recursos limitados. No obstante, esta aparente incongruencia es precisamente lo que ha despertado la atención de investigadores y jueces que examinan una de las mayores tramas de manipulación cambiaria de los últimos años en territorio nacional.
La historia de Centenera no es simplemente la de una pequeña casa de cambio que operó en el mercado paralelo de divisas. Es, más bien, el hilo que tira de una madeja enormemente compleja que involucra presuntas connivencias entre funcionarios de la máxima autoridad monetaria del país, operadores financieros de envergadura y un entramado de empresas que actuaron como intermediarias en sofisticadas maniobras de especulación. El caso forma parte de una investigación más amplia que examinan simultáneamente dos juzgados distintos, con fiscales de diferentes jurisdicciones, todos enfocados en desentrañar cómo operaba el denominado "rulo" —un mecanismo que aprovechaba las distorsiones del mercado cambiario durante el período de restricciones implementadas por la administración anterior.
La máquina de hacer dinero en seis meses
Según los registros que obra en poder de la justicia, J.H. fue designado como gerente de Centenera a partir de noviembre de 2022. En esa misma oportunidad, un joven de apenas veintiún años adquirió una participación menor en la estructura accionaria. Los documentos depositados ante la Inspección General de Justicia reflejan que ambos integrantes realizaron aportes de capital en efectivo: el primero contribuyó con cuatro mil setecientos cincuenta mil pesos, mientras que el segundo aportó doscientos cincuenta mil pesos, completando así la totalidad del capital social de cinco millones. Lo extraordinario no fue el monto inicial, sino lo que sucedió inmediatamente después.
Durante el primer semestre de 2023, Centenera ejecutó operaciones de compra y venta de divisas que alcanzaron dimensiones gigantescas para una firma de ese perfil. De acuerdo con los datos reportados por la entidad central monetaria, la empresa realizó ventas por $9.200 millones y compras por $11.100 millones en apenas seis meses. Para contextualizar la envergadura: se trata de volúmenes que normalmente esperaría ver en operadores de mediano porte, no en una casa de cambio cuyo propietario figurado carecía incluso de los medios tecnológicos básicos para gestionar transacciones cotidianas. Hacia el segundo semestre de ese mismo año, la operadora simplemente desapareció del mapa: sus actividades se detuvieron de manera abrupta, sugeriendo que la estructura había cumplido su propósito.
Los investigadores que han accedido a los detalles de la operatoria describen el mecanismo con sorprendente claridad. La maniobra funcionaba según un patrón predecible: primero se depositaban millones de pesos en las cuentas bancarias de Centenera. Luego, esos fondos eran transferidos hacia otras operadoras de cambio que participaban en la red. Finalmente, desde esas otras entidades se adquirían dólares estadounidenses directamente en el Banco Central, aprovechando las tasas oficiales controladas que entonces regían bajo el cepo cambiario. Una vez obtenida la divisa a precio artificial, se procedía a venderla en el mercado paralelo a cotizaciones sustancialmente superiores. La ganancia era substancial, el riesgo aparentemente nulo, y la operación relativamente sencilla de ejecutar para quienes tuvieran acceso a los canales apropiados.
La telaraña de empresas y dinero negro
Centenera no operaba en soledad. Integraba un ecosistema de aproximadamente treinta empresas diferentes —mayoría de ellas casas de cambio y agencias de divisas— que trabajaban en conjunto para ejecutar variantes de esta misma estrategia. Entre las más prominentes figuraban Gallo Cambios, que vendió casi medio millar de millones de dólares; Mega Latina; Stema Cambios; Arg Exchange; Xinergia; y Fenus. Los archivos y registros incautados revelan que entre estas operadoras existía un sofisticado sistema de flujos de dinero, donde los pesos ingresaban desde múltiples direcciones —personas físicas y personas jurídicas por igual— y salían transformados en divisas que luego circulaban a través de canales específicos.
En el caso particular de Gallo Cambios, el análisis realizado por los investigadores del Banco Central expone un hallazgo revelador: el 92,7% de los dólares que vendió esta operadora salieron en forma de billetes hacia otros operadores del sistema, incluyendo Centenera. Esto no es casual. Significa que no había clientes reales demandando esa divisa para importaciones o consumo en el exterior, sino un movimiento circular de papeles y efectivo cuyo único propósito era generar ganancias especulativas. Complementando esta red de operadores, aparecen doce casas de cambio que transfirieron fondos a Gallo Cambios y que posteriormente tuvieron revocadas sus autorizaciones de funcionamiento entre 2022 y 2024, durante las gestiones de Miguel Ángel Pesce y su sucesor en la conducción de la entidad monetaria.
La magnitud del movimiento de dinero involucrado en estas operaciones es abrumadora. En investigaciones paralelas a cargo de la magistrada María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, se documentó que entre enero y agosto de 2023 exclusivamente, diecisiete casas de cambio recibieron un total de 141.596 millones de pesos provenientes de 2.765 personas físicas y 647 personas jurídicas. Una porción significativa de esos fondos podría tener origen ilícito, según los reportes periciales. Centenera está incluida en esa nómina de diecisiete operadoras.
Los audios que sacudieron la investigación
El punto de quiebre en esta causa fue el descubrimiento de material de audio comprometedor. A finales de 2023, Carlos "El Lobo" Smith, un exintegrante de las fuerzas de seguridad que prestaba servicios para uno de los presuntos operadores principales, entregó a la justicia un pendrive que contenía grabaciones de conversaciones. En una de ellas, supuestamente se escucha a uno de los financistas clave afirmar que "toda la política" estaba implicada en el armado del rulo. En otra grabación, atribuida a una funcionaria del Banco Central identificada como Romina García, se menciona la presencia de "gente de arriba entongada" en la operatoria. Aunque los imputados han cuestionado la autenticidad y validez de estos registros ante instancias superiores, el contenido bastó para catalizar una serie de acciones operativas.
Las grabaciones motivaron allanamientos ejecutados en diciembre del año pasado a cinco funcionarios del Banco Central, durante los cuales se secuestraron dispositivos electrónicos que posteriormente aportaron evidencia adicional sobre los movimientos de dinero y las comunicaciones internas. En marzo se realizó una segunda onda de procedimientos, esta vez dirigidos específicamente a obtener documentación relativa a las operadoras investigadas. La causa que instruyen el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo permanece bajo secreto de sumario desde hace más de treinta días, lo que impide mayor visibilidad sobre los avances realizados. Sin embargo, documentos a los que accedió la prensa revelan que los investigadores han solicitado urgentemente informes a organismos como Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, además de haber requerido el levantamiento de secretos tributarios, bancarios y bursátiles de múltiples personas y entidades.
Más allá del rulo: el esquema de sobornos
El panorama se vuelve aún más complejo cuando se consideran revelaciones posteriores. En el transcurso de la investigación, emergieron indicios de un esquema adicional de coimas que operaba en paralelo al rulo cambiario. Estos pagos indebidos oscilaban entre el diez y quince por ciento, y su propósito era obtener permisos para importaciones. El sistema en cuestión se conocía como SIRA —Sistema de Importaciones de la República Argentina— y funcionó entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, es decir, durante los últimos meses de la anterior administración y el breve lapso en que Sergio Massa dirigió la cartera económica.
Las evidencias sobre este componente de corrupción adicional no surgieron accidentalmente, sino que aparecieron como producto de las investigaciones ya en curso. Esto sugiere que lo que inicialmente parecía ser un esquema unidimensional —la manipulación del mercado cambiario— en realidad formaba parte de una estrategia multifacética de enriquecimiento ilícito que atravesaba distintos niveles de la administración pública y comprometía a funcionarios en múltiples carteras.
Preguntas sin respuesta
Las autoridades del Banco Central han sostenido públicamente que "todas las operaciones fueron legales y cumplieron en todo momento con las disposiciones y regulaciones" de esa entidad. Esta declaración plantea interrogantes fundamentales: ¿cómo una institución que supervisa la actividad cambiaria no detectó movimientos de miles de millones de pesos circulando a través de operadoras con características tan sospechosas? ¿De qué forma fue posible que un trabajador que instala sistemas de aire acondicionado y carece de presencia digital liderara una operadora que fungía como centro de coordinación de flujos masivos de capital?
Lo que la causa de Centenera revela, en definitiva, es que durante un período crítico de restricciones cambiarias, existió un sistema organizado —presumiblemente con complicidad de funcionarios públicos— que permitió a operadores financieros especular con divisas generando ganancias extraordinarias mientras el resto de la población enfrentaba controles estrictos para acceder a dólares. La modesta vivienda del changarín santafesino en el barrio que inspira el nombre de la empresa investigada representa así una grieta por la cual asoma una realidad mucho más inquietante: la de un Estado capturado por intereses privados durante los meses en que la economía nacional enfrentaba su mayor crisis de divisas.