Un cambio de escenario abrupto
A principios de año, cuando se le preguntó sobre su situación legal, Claudio Tapia respondió con seguridad desarmante: su condición era la de alguien sin problemas con la justicia, sin imputaciones formales, sin nubes sobre el horizonte. Esa calma, sin embargo, duró poco. Hoy, apenas meses después, el máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino se debate entre al menos seis investigaciones judiciales simultáneas que crecen en complejidad y alcance geográfico. Lo que cambió en tan corto plazo no fue su actuación, sino el nivel de escrutinio que despertó su gestión administrativa y patrimonial. Las pesquisas abarcan hipótesis delictivas que van desde el lavado de capitales hasta el enriquecimiento sin explicación aparente, pasando por la sustracción de tributos y aportes que le corresponden al Estado. El escenario judicial se tornó particularmente complicado cuando organismos estadounidenses decidieron intervenir en el análisis de las operaciones financieras de la entidad que dirige.
La magnitud de los cuestionamientos trasciende el ámbito deportivo local. Fiscales federales y agentes del FBI han iniciado contactos sistemáticos con individuos que ocuparon posiciones estratégicas dentro de la estructura directiva de la AFA. El objetivo declarado de estos acercamientos es reconstruir los mecanismos mediante los cuales funcionan los circuitos de toma de decisiones y los flujos monetarios que la entidad maneja. Entre los consultados figura Juan Pablo Beacon, quien durante años operó como segundo de abordo de Pablo Toviggino, el otro directivo involucrado en las pesquisas. Beacon gestionó operaciones que movieron millones de dólares en transacciones con destino u origen en territorio norteamericano. Asimismo, Leandro Petersen, quien manejaba las carteras comerciales y de marketing de la AFA, también forma parte de los entrevistados por las autoridades estadounidenses.
Una arquitectura judicial multifacética
En la Argentina, el cerco se despliega a través de varios frentes simultáneamente. En el fuero especializado en delitos económicos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la AFA por la presunta sustracción indebida de tributos e inyecciones destinadas a la seguridad social. El monto investigado asciende a no menos de 19 mil millones de pesos. El juez encargado de evaluar los elementos de prueba, Diego Amarante, ya procesó tanto a Tapia como a Toviggino en este expediente. Esa decisión fue ratificada por la instancia de apelación, lo que significa que el caso avanza ahora hacia la etapa de juicio oral, donde se debatirá ante un tribunal colegiado. A raíz de esta situación procesal, Tapia debió tramitar una solicitud de permiso para ausentarse del país con el propósito de asistir a un torneo deportivo internacional. Toviggino optó por no viajar, permaneciendo en territorio nacional durante ese período.
El incidente que protagonizó Tapia en Nueva York reflejó la tensión que genera su exposición judicial. A su retorno, se vio envuelto en un episodio confuso con las autoridades fronterizas estadounidenses en el aeropuerto de la ciudad. Posteriormente, el dirigente deportivo debió aclarar públicamente que los agentes federales norteamericanos no le habían confiscado su dispositivo móvil, desmintiendo una versión que circulaba. Esta aclaración evidencia cómo la intensidad de los interrogantes sobre su persona se ha magnificado.
Paralelamente, a nivel federal, existe una disputa de jurisdicción que ha involucrado a cuatro magistrados diferentes: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia. El objeto de esta investigación radica en determinar la procedencia de una propiedad de gran envergadura localizada en Villa Rosa, Pilar, vinculada patrimonialmente a Toviggino. El primer impulso investigativo ocurrió cuando Rafecas autorizó el allanamiento del predio a fines del año anterior. Posteriormente, la Cámara Federal decidió que la causa fuera tratada dentro de la especialidad económica, quedando en manos de Aguinsky. No obstante, González Charvay, magistrado con jurisdicción en Campana, presentó una reclamación sobre el expediente. Cuando Aguinsky rechazó trasladarlo, la controversia escaló hasta la Cámara Federal de San Martín, que falló favoreciendo la posición de González Charvay. Este último magistrado incorporó además los elementos que investigaba Luis Armella, juez federal en Quilmes, relativos a operaciones realizadas por TourProdEnter. La batalla sobre quién tiene competencia para seguir adelante no se resolvió con esas decisiones: después de pronunciamientos contradictorios de la Cámara Federal de Casación Penal —donde Mariano Borinsky emitió votos en direcciones opuestas—, la Corte Suprema deberá ser quien dilucidar finalmente el tema.
Enriquecimiento sin origen aparente y otras aristas
Sumado a lo anterior, el fiscal federal Pedro Simón, con base en Santiago del Estero, impulsó una investigación por lavado de dinero y asociación delictiva en la que solicitó las detenciones de ambos directivos. La solicitud fue desestimada, y tanto Tapia como Toviggino continúan en libertad. En el distrito bonaerense, Gerardo Pollicita, otro fiscal federal, logró que Tapia fuera formalmente imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. En septiembre, Pollicita elevó una petición al magistrado Ariel Lijo demandando más de veinte trámites probatorios para reconstruir el patrimonio que declara poseer el presidente de la AFA. Entre esas medidas figuran la revelación de sus secretos bancarios, fiscales y bursátiles, información que hasta el momento permanecía bajo protección legal.
Un detalle que condensa la complejidad de la situación ocurrió horas antes de que Pollicita lo imputara: Tapia rectificó la declaración que había presentado sobre su patrimonio personal. En esa corrección agregó aproximadamente mil millones de pesos que omitió informar en su documentación patrimonial previa. El defensor legal de la AFA, Gregorio Dalbón, caracterizó el suceso como un olvido meramente administrativo, una falta de completitud en un trámite burocrático. Sin embargo, el timing de esa rectificación —realizada instantes antes de la imputación formal— alimenta los interrogantes sobre los mecanismos de control que operan sobre los dirigentes de la máxima institución del fútbol nacional.
Las consecuencias de un procesamiento acelerado
El despliegue de investigaciones de esta envergadura genera consecuencias que trascienden lo estrictamente legal. Por un lado, la participación de autoridades estadounidenses subraya la dimensión internacional de los flujos monetarios que examina la justicia, lo que puede acelerar tiempos procesales o generar coordinaciones entre jurisdicciones que compliquen aún más la defensa de los imputados. Por otro lado, la cantidad de frentes judiciales simultáneos dispersa recursos de defensa y eleva exponencialmente la carga probatoria que debería procesarse. Algunos sectores argumentan que una acumulación semejante de investigaciones refleja debilidades estructurales en los sistemas de auditoría interna de las instituciones deportivas. Otros consideran que la velocidad con que escalaron las pesquisas responde a un cambio en las prioridades de las agencias de investigación. Lo cierto es que el escenario que enfrenta Tapia hoy es sustancialmente distinto al que describía hace meses con tanta tranquilidad.
