Un intrincado esquema de transferencias bancarias sin respaldo legal atraviesa los registros de la Armada Argentina, y la justicia federal comienza a desentrañar sus mecanismos tras semanas de investigación que pusieron al descubierto una maniobra que alcanza cifras cercanas al billón de pesos. El avance más reciente no llegó por casualidad: dos oficiales militares brindaron testimonios decisivos ante el tribunal, y las autoridades judiciales aseguraron formalmente los equipos informáticos que contienen la huella digital de cada operación cuestionada. Lo que se revela es un tejido de irregularidades que se extiende desde mediados de 2022 hasta principios de este año, involucrando a decenas de personas con perfiles muy diversos: militares en actividad, retirados, empleados civiles permanentes, contratados, jubilados, y sorpresivamente, cuatro individuos sin ninguna relación funcional o laboral con la institución castrense.
El hallazgo que detonó la investigación
Durante apenas cuatro días de trabajo meticuloso, una comisión interna conformada por especialistas de la Armada identificó un patrón que resultaría devastador para la credibilidad administrativa de la fuerza. El capitán Castro Maggio, quien encabezaba este grupo auditor, presentó la denuncia penal que iniciaría el proceso judicial el 15 de septiembre pasado. Su informe revelaba algo alarmante: entre julio de 2022 y enero de 2026 se ejecutaron 645 acreditaciones bancarias indebidas que excedían sistemáticamente los montos legítimamente liquidados a los empleados. El monto total de estas transferencias irregulares ascendía a $981.148.567,88, distribuido entre las 23 personas identificadas como beneficiarias del esquema.
Lo inusual del caso radica en que no todos los receptores de estos fondos tenían algún vínculo con la institución. Cuatro nombres emergieron como completamente desvinculados de la Armada, lo que sugiere una operatoria que trascendía los confines administrativos tradicionales. Entre estos está María del Carmen Prieto, quien acumuló 46 acreditaciones por $152.259.495,86, convirtiéndose en la receptora de la mayor suma individual detectada hasta el momento. Prieto mantenía una relación matrimonial con Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento Revista y Capitán de Navío Contador. Los otros tres beneficiarios sin vinculación institucional fueron Damián Andrés Santana (47 acreditaciones, $99.496.225,47), Amalia Cristina Díaz (46 acreditaciones, $91.978.048,38) y Natalia Carolina Yahia (45 acreditaciones, $90.466.948,33).
El procedimiento que expuso la trama
La metodología que emplearon los auditores para detectar las anomalías resulta casi tan interesante como el hallazgo mismo. El capitán Mauricio Fernando Borda, quien declaró ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2, bajo la dirección del juez Sebastián Ramos, explicó cómo el equipo extrajeron datos de dos computadoras pertenecientes a la agente civil Vanesa Juárez. Estas máquinas contenían los archivos que posteriormente se transmitían al Banco Nación con las instrucciones de pago. Los investigadores trasladaron la información a un dispositivo de almacenamiento portátil para preservar íntegramente la cadena de custodia, y luego ejecutaron un análisis comparativo brutal en su simpleza: contrastaron los montos efectivamente liquidados en el sistema de haberes web contra aquellos que finalmente se acreditaban en las cuentas bancarias de los empleados. La base de datos que examinaron superaba las 24.000 registros de personas.
En cuestión de horas de trabajo, la inconsistencia saltó a la vista de manera reiterada. Siempre emergía el mismo conjunto de 23 nombres que hoy ocupan el centro de la investigación. Este hallazgo motivó que el entonces ministro de Defensa, Carlos Presti, instruyera al almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada, para que iniciara procedimientos disciplinarios contra los implicados. La respuesta institucional fue rápida: nueve efectivos fueron desplazados de sus funciones, entre ellos ocho capitanes de corbeta y un suboficial. Sin embargo, desplazar personal de funciones es apenas el primer paso administrativo; los interrogantes judiciales requerían profundizar en cómo se ejecutó técnicamente cada operación irregular.
Las pruebas materiales bajo resguardo judicial
La semana que transcurrió desde los testimonios ha sido crucial para asegurar evidencia física que puede resultar determinante. Jonathan Fernando Romano, teniente de la División Sistemas y responsable de custodiar los dos equipos informáticos de Juárez, brindó su declaración ante el juzgado. Estos aparatos habían permanecido guardados en una caja fuerte ubicada en el edificio Libertad, la sede histórica de la Armada en Buenos Aires, bajo un resguardo que se extendía desde el momento en que fue detectada la anomalía. Sin embargo, el resguardo administrativo informal dio paso a una medida judicial formal cuando la justicia dispuso el secuestro oficial de ambas computadoras. Este cambio no es meramente burocrático: formaliza la cadena de custodia de las pruebas y establece que cualquier análisis posterior será realizado bajo supervisión judicial, garantizando su validez probatoria.
Los equipos que ahora permanecen bajo control de la justicia son potencialmente reveladores. La próxima etapa investigativa se enfocará en una pericia informática que buscará establecer qué usuarios accedieron a estas máquinas, cuáles fueron los archivos creados o alterados, y en qué fechas y horarios específicos ocurrieron estas modificaciones. El fiscal Ramiro González había solicitado expresamente este tipo de análisis, que requiere especialistas capaces de rastrear la actividad digital de años atrás. Adicionalmente, la justicia libró un oficio al Banco Nación para que reconstruya el circuito completo de las 645 acreditaciones cuestionadas, un proceso que permitiría vincular cada transferencia con su orden de origen y determinar si se originaron desde sistemas legítimos o fueron introducidas de manera fraudulenta.
El caso no se limita a números ni a transferencias abstractas. La participación de una agente civil como Vanesa Juárez, cuyas computadoras fueron el epicentro de la operatoria, abre interrogantes sobre niveles de supervisión y controles internos que debían haber funcionado dentro de la administración financiera de la fuerza. Habitualmente, instituciones militares mantienen sistemas de doble verificación, aprobaciones escalonadas y auditorías internas frecuentes. Que estas salvaguardas no hayan detectado transferencias sistemáticas durante casi cuatro años sugiere fallas estructurales o, en el peor escenario, complicidad organizada en diferentes niveles jerárquicos. La comisión interna que detectó las anomalías estaba integrada por cuatro personas: Borda, Castro Maggio, la teniente Acuña y Romano. Que la investigación haya tardado años en iniciarse pero apenas cuatro días en identificar 645 operaciones irregulares plantea una pregunta incómoda sobre qué mecanismos de control existían previamente.
Las implicancias institucionales y futuras
A medida que la justicia avanza en la recopilación de evidencia, la Armada enfrenta cuestionamientos que trascienden lo penal. Una institución responsable de tareas críticas para la defensa nacional requiere de integridad administrativa que inspire confianza. Los procedimientos disciplinarios ya iniciados contra los nueve efectivos desplazados representan una línea de acción, pero el sistema que permitió estas irregularidades permanece bajo escrutinio. El ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó la auditoría que desembocó en todo esto, pero las decisiones sobre reformas administrativas, implementación de controles más rigurosos y eventuales sanciones administrativas adicionales dependerán de cómo se desarrolle el proceso penal.
Los próximos meses serán determinantes. La pericia informática podría identificar responsables específicos si revela quiénes accedieron a esos sistemas y cuándo. El Banco Nación aportará su perspectiva sobre cómo se procesaron estas transferencias sin detección. Las declaraciones testimoniales que continúen se sumarán al cuadro de situación. Mientras tanto, permanece abierto un interrogante más amplio: si un esquema de estas dimensiones operó durante casi cuatro años dentro de una institución castrense, ¿qué otras irregularidades podrían permanecer ocultas en otros ámbitos de la administración pública? La respuesta no depende solo de este caso específico, sino de cómo las autoridades institucionales y judiciales reaccionen ante hallazgos que evidencian falencias en sistemas que deberían haber sido impermeables a este tipo de maniobras.
