La malla de corrupción que tejía operadores privados junto a funcionarios del Banco Central en los últimos años de la gestión anterior ganó un nuevo y relevante personaje. Investigaciones judiciales en curso incorporaron recientemente material de audio que menciona a una funcionaria del organismo regulador —apodada coloquialmente en las conversaciones interceptadas como la "vieja del Central"— quien presuntamente integraba un esquema para facilitar accesos irregulares al mercado oficial de cambios. El hallazgo refuerza la hipótesis fiscal sobre la existencia de una estructura coordinada entre agentes estatales y empresarios del sector financiero informal para evadir controles y lucrar con operatorias que debieron haberse desarrollado según los protocolos establecidos. Esta ampliación de la causa modifica el panorama investigativo al sumar un eslabón adicional en una cadena que ya había implicado a decenas de casas de cambio, auditores del organismo y operadores comerciales de considerable relevancia.
El circuito que funcionaba en la sombra
Durante el gobierno anterior, mientras el país enfrentaba tensiones en el mercado de divisas y restricciones para acceder a dólares en el mercado oficial, circulaba en paralelo un mecanismo que prometía resolver esos inconvenientes mediante pagos clandestinos. Según reconstruye la investigación judicial, este circuito operaba de manera coordinada: comenzaba en las entrañas del Banco Central, pasaba por entidades bancarias y casas de cambio con habilitación formal, permitía extracciones de divisas por ventanilla y finalmente canalizaba esos dólares hacia el mercado informal o blue. El funcionamiento requería complicidad interna. Para la fiscalía, esto no era casualidad sino resultado de un acuerdo tácito entre operadores privados y contactos con poder de decisión dentro del organismo de control.
El material de audio que ahora se incorpora al expediente evidencia cómo se desenvolvía esta trama desde la perspectiva de quienes la ejecutaban. En conversaciones entre Francisco Hauque y Martín Migueles —dos de los personajes centrales de la causa—, afloran tensiones internas sobre cómo mantener lubricado el engranaje. "Hoy estuvimos renegando con gente, pero bueno, ya se están acomodando las cosas", comenta Hauque en uno de esos diálogos. La respuesta de Migueles confirma la preocupación compartida: "Más vale y se van a acomodar en breve". Estas frases, aparentemente triviales, adquieren peso cuando se contextualizan dentro de operatorias millonarias donde el dinero fluía hacia funcionarios para garantizar que los controles internos permanecieran dormidos.
Una funcionaria que "exige y exige"
En el transcurso de esas conversaciones, emerge la mención a la mujer vinculada al Banco Central. Hauque se refiere a ella con términos que revelan frustración por sus exigencias crecientes: "La gente se endulza y no tiene límites. Son como drogadictos". Después arremete directamente: "La vieja del Central se llevó una fortuna y exige y exige. Si gana plata igual". Migueles responde de forma escueta pero concluyente: "Muuuchaa", dando por validada la caracterización. Luego Hauque añade: "Entre llevarte algo y nada, ya la estamos poniendo en vereda", una expresión que los fiscales interpretan como un intento de mantener contenida a la funcionaria mediante entregas periódicas de dinero.
Las conversaciones también mencionan a Elías Piccirillo, otro de los investigados cuyo rol en la estructura aún se dilucida. Hauque sugiere que Piccirillo tuvo intervención decisiva en alguna negociación: "Si hoy se lo pusimos con Elías. El mérito fue de él, sino no terminaba más la vieja". En otro fragmento de audio, Hauque alude a una estrategia de presión: "Si le enredo la víbora. Como hace siempre. Para que baje los decibeles". Aquí, la "víbora" parece ser una maniobra de intimidación o coerción. Migueles, por su parte, suma un dato financiero que amplía el espectro de la trama: "Le terminó prestando plata la mina al 6% mensual". Esa tasa de interés —extremadamente elevada para operaciones entre supuestos aliados— sugiere que incluso dentro de la red existían dinámicas de explotación y presión económica.
Cuotas de comisión sobre la cotización del dólar paralelo
La investigación ha logrado desarticular también el mecanismo de cálculo de las comisiones que alimentaban este circuito. Según los registros judiciales, quienes gestionaban accesos rápidos al mercado oficial de cambios cobraban comisiones calculadas sobre la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, un diferencial que durante esos años fue considerablemente volátil. Migueles, en grabaciones analizadas semanas atrás, afirmaba tener capacidad para "sacar rápido" autorizaciones SIRA —Sistema Integrado de Registro de Autorizaciones, utilizado para aprobar importaciones— a cambio de pagos. En uno de esos audios explicitaba el porcentaje: "Esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento". La lógica era transparente: si alguien necesitaba importar mercaderías y requerería cancelarlas en dólares, pagaba esa comisión a cambio de obtener la aprobación de manera acelerada, sin los tiempos que implicaba el proceso formal.
En otro intercambio, Migueles detallaba incluso la distribución de ganancias en esas operaciones: "Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?". Esta frase revela cómo operaba el margen: se cobraba un porcentaje, se compartía entre los integrantes de la red, y el sobrante se repartía entre los participantes. Para la fiscalía, estas tasas de entre el 11% y el 15% del monto involucrado representaban pagos por facilitar irregularidades que debería haber impedido el organismo regulador. Si una empresa necesitaba importar bienes por valor de cien mil dólares, terminaría desembolsando entre once mil y quince mil dólares adicionales en concepto de "comisión de agilización".
El rol de auditores e instituciones de cambio implicadas
La trama no habría prosperado sin la participación activa o la connivencia de otras entidades. El expediente menciona específicamente a siete casas de cambio reportadas previamente por irregularidades: Rosario Cambio SA, Fast Cambio SA, Gallo Cambios SAS, Cambio Belgrano SRL, Cambio DEM SAS, Atlántida del Rosario Servicios SA y Suma Cambio SA. Estos establecimientos fungían como puntos de extracción de divisas del sistema oficial hacia canales informales. Ahora bien, ¿cómo operaban sin ser detenidos? La respuesta descansa en parte en los auditores del Banco Central. Bajo investigación figuran María Valeria Fernández y Eduardo Gil, funcionarios que presuntamente incurrieron en omisiones graves al no detectar o reportar anomalías en las operatorias de esas entidades.
Más allá de estos dos, la fiscalía ha identificado a otros cinco integrantes del Banco Central cuyas acciones o inacciones resultan sospechosas. Entre los nombres mencionados aparecen Fabián Violante, Diego Volcic, Analía Fernanda Jaime y Romina García. Esta última es especialmente relevante porque, según surge del material probatorio, Elías Piccirillo habría acumulado grabaciones y documentación sensible vinculada directamente a ella. Los investigadores sospechan que García ocupaba una posición dentro de la institución que le permitía, o bien facilitar directamente accesos irregulares, o bien abstenerse de ejercer los controles que su rol le demandaba. La agregación de nombres no es decorativa: cada uno de ellos representa un punto potencial de vulnerabilidad en las defensas internas del organismo.
Delitos bajo lupa: desde negociaciones incompatibles hasta tráfico de influencias
El catálogo de figuras delictivas que la Justicia investiga abarca varios terrenos. En primer lugar, negociaciones incompatibles: funcionarios públicos que utilizan su posición para participar en negocios privados o recibir beneficios de ellos. En segundo término, incumplimiento de deberes de funcionario público: la obligación de ejercer controles no fue satisfecha. Luego figura el tráfico de influencias, cuando alguien aprovecha su contacto con autoridades para conseguir beneficios indebidos. Finalmente, las maniobras para acceder de manera irregular al mercado oficial de cambios, que engloba toda la operatoria descripta. La acumulación de cargos potenciales refleja la multiplicidad de conductas que, según los fiscales, convergieron en un esquema único de corrupción.
El levantamiento parcial del secreto de sumario que permitió la incorporación de este material audiovisual marca un punto de inflexión en la causa. Hasta el momento, la investigación se había concentrado en operadores privados y en relaciones comerciales entre casas de cambio. Ahora, con la aparición de esta funcionaria innominada pero identificable, la estructura asume una forma más clara: no se trataba solo de empresarios ávidos de ganancias irregulares, sino de un engranaje donde el Estado mismo —a través de sus representantes— facilitaba activamente lo que debería haber impedido. Esto eleva considerablemente la gravedad de lo investigado.
Amplitud de la red y perspectivas futuras de la investigación
La complejidad de esta causa radica en que no involucra a uno o dos personajes aislados, sino a una red difusa que operaba en múltiples jurisdicciones —hay menciones a empresas con base en Rosario, mientras que el Banco Central está en Buenos Aires— y a través de diversos mecanismos simultáneamente. El circuito de dólares oficiales, las comisiones sobre la brecha con el blue, los SIRA acelerados y los préstamos a tasas exorbitantes funcionaban de manera coordinada, sugiriendo que no obedecían a iniciativas aisladas sino a un plan estructurado. Piccirillo, quien aparentemente acumuló documentación sobre Hauque y García, podría constituir una fuente probatoria adicional si decide colaborar con la justicia.
Hacia adelante, la investigación deberá responder interrogantes pendientes. ¿Cuál es la identidad definitiva de la funcionaria aludida como "la vieja del Central"? ¿Cuánto dinero en total fue desviado o distribuido a través de este esquema durante el período investigado? ¿Existe documentación de transferencias, depósitos o registros contables que corroboren los montos mencionados en los audios? ¿Cuál fue exactamente el rol de cada uno de los cinco funcionarios adicionales identificados? Las respuestas determinarán tanto la magnitud real de la corrupción como la extensión de las responsabilidades individuales.
Considerando los distintos escenarios posibles que se abren a partir de estos descubrimientos, cabe señalar que la incorporación de evidencia sobre complicidad interna dentro de una institución de la importancia del Banco Central genera consecuencias múltiples. Por un lado, se refuerza la tesis de que ciertas disfunciones en el mercado cambiario durante esos años no fueron accidentales sino resultado de decisiones coordinadas de personas con poder para influir en el flujo de divisas. Por otro, plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión de organismos públicos y la suficiencia de controles internos. Asimismo, los hallazgos pueden derivar en replanteamientos de protocolos, auditorías generales sobre otras instituciones del Estado, o bien en revisiones de procedimientos de selección y designación de funcionarios. La dimensión de la trama también influirá en cómo se perceban públicamente tanto al Banco Central como a la gestión que permitió estas conductas, independientemente de las sentencias finales que dicte la justicia.
