Un episodio de vigilancia detectado en las inmediaciones de un domicilio santafesino encendió las alarmas dentro del sistema judicial nacional. Dos sujetos fueron sorprendidos el pasado domingo apuntando equipos fotográficos hacia la residencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. Lo que pudo haber pasado desapercibido en cualquier otra circunstancia se convirtió automáticamente en objeto de investigación criminal cuando el personal de custodia del magistrado advirtió la presencia sospechosa. A partir de allí se desencadenó un procedimiento que busca determinar si se trata de espionaje coordinado, vigilancia periodística o alguna otra modalidad delictiva. El descubrimiento revive la inquietud sobre un patrón de incidentes que rodean la figura del máximo juez del país desde hace casi dos años, transformando un hecho puntual en la pieza más reciente de un rompecabezas que las autoridades procuran armar.
La mañana en que ocurrió la situación, el equipo de seguridad de Rosatti se preparaba para realizar un traslado desde Santa Fe hacia Buenos Aires. En ese momento fue cuando los custodios detectaron la presencia de dos individuos equipados con una cámara de fotos y un trípode, orientados específicamente hacia la entrada de la casa. El director de seguridad de la Corte Suprema, Roberto Varela, elevó la correspondiente denuncia, descripción que llegó hasta los escritorios de la fiscalía federal. Uno de los sujetos identificados responde a nacionalidad venezolana, según lo que trascendió de las primeras indagaciones. Hasta el momento, no se ha precisado si los individuos se desempeñaban como profesionales del periodismo o cumplían algún tipo de encargo vinculado a otras actividades. El solo hecho de que uno de ellos no fuera ciudadano argentino añadió un espesor adicional a la preocupación institucional sobre lo ocurrido.
La maquinaria investigativa se pone en marcha
El fiscal federal Carlos Stornelli fue quien materializó la apertura de la pesquisa. El expediente quedó bajo la supervisión del juez federal Julián Ercolini, magistrado que dispuso un conjunto de medidas para dilucidar qué sucedió exactamente. Entre las acciones ordenadas figuran la recolección de testimonios de quienes presenciaron el hecho: el personal de custodia involucrado y efectivos de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina. Asimismo, se requirió la extracción de grabaciones de los sistemas de vigilancia existentes en la zona donde ocurrió el episodio, con la expectativa de que proporcionen ángulos alternativos sobre lo que sucedía. La investigación también contempla esclarecer la identidad completa de las dos personas y sus movimientos anteriores y posteriores al domingo en cuestión. Se trata de un operativo de recopilación de datos que podría llevar semanas completarse, alimentado por la necesidad de discernir intenciones y contextos.
Lo que otorga relevancia mayúscula a este nuevo episodio es su enmarcación dentro de una serie más amplia de sucesos que han afectado al magistrado supremo. Ercolini ordenó además cotejar expedientes previos que documentan hechos similares vinculados con la seguridad de Rosatti, para determinar si guardan vínculos entre sí. El archivo de antecedentes es extenso: en noviembre de 2023 se registró un intento de robo en su domicilio santafesino; se han detectado pintadas y pasacalles con contenido intimidatorio dirigido hacia él; aparecieron artefactos de naturaleza sospechosa en lugares asociados al juez; sus declaraciones juradas fueron sustraídas del Consejo de la Magistratura; se reportaron intentos de hackeo dirigidos hacia sus sistemas; e irregularmente se abrieron líneas telefónicas registradas bajo su nombre. Este historial sugiere un patrón que va más allá de actos aislados.
Un intento fallido que marca precedente
Entre los casos que forman parte de este contexto preocupante destaca uno que llegó hasta sentencia condenatoria. Damián Berruet fue condenado a cuatro años de cárcel por intentar robar una camioneta oficial asignada a Rosatti estacionada en las afueras del Palacio de Tribunales en mayo de 2024. La condena fue confirmada en abril de este año por la Cámara Federal de Casación Penal. Durante el desarrollo de ese juicio, el fiscal Diego Luciani ofreció un análisis contextual que resultó revelador: caracterizó el accionar de Berruet no como un delito aislado sino como parte de un posible esquema de "hostigamiento y asedio" dirigido específicamente contra la cabeza del Poder Judicial. Luciani fue enfático en su apreciación, indicando que los elementos probatorios mostraban que el individuo no actuaba de manera espontánea o improvisada, sino que contaba con objetivos nítidamente definidos. Sin embargo, la investigación en fase de instrucción no avanzó significativamente en la identificación de quiénes podrían estar orquestando estas acciones o cuáles serían sus motivaciones de fondo.
Las palabras de Luciani resonaron con claridad: señaló que la evidencia dejaba en evidencia que detrás del accionar de Berruet existía un propósito concreto: el presidente de la Corte Suprema de Justicia era el blanco. Este diagnóstico, pronunciado en un contexto judicial formal, estableció una interpretación que trasciende la esfera del caso individual y apunta hacia la posibilidad de coordinación o motivaciones políticas más amplias. No obstante, hasta hoy persisten interrogantes sobre las identidades y los intereses de potenciales actores detrás de estos hechos. La captura de Berruet en 2024 no cerró los casos; simplemente resolvió una de las piezas de un tablero que sigue mostrando espacios sin completar.
A medida que avanzan los meses, la acumulación de incidentes genera una atmósfera de incertidumbre sobre lo que efectivamente está ocurriendo alrededor de la figura del presidente de la Corte. Los funcionarios responsables de su protección enfrentan el desafío de interpretar qué constituye una amenaza real, qué responde a vandalismo político de bajo nivel y qué podría ser parte de operaciones coordinadas de mayor envergadura. La apertura de la nueva investigación sobre los individuos del trípode y la cámara se suma a un expediente judicial que crece en volumen y complejidad. Las próximas semanas determinarán si los elementos recopilados permiten establecer conexiones significativas entre estos eventos o si cada uno responde a motivaciones y actores distintos. La máxima estructura del Poder Judicial permanece atenta al despliegue de estas investigaciones, consciente de que los resultados tendrán implicancias que exceden el ámbito de la seguridad personal de un funcionario.
