Los engranajes de la burocracia deportiva nacional se retuercen nuevamente. En las últimas horas, una maniobra de reorganización interna en la estructura del Ejecutivo nacional ha puesto en jaque la continuidad de Diógenes de Urquiza en su rol de subsecretario de Deportes, abriendo interrogantes sobre las dinámicas de poder que circulan dentro de Casa Rosada. La cuestión de fondo no es meramente administrativa: se trata de conflictos interpersonales de peso que amenazan con desestabilizar un área considerada relevante por su capacidad para movilizar recursos y gestionar una red de relaciones institucionales compleja. El cambio en cuestión supone el regreso del área deportiva bajo la órbita de Daniel Scioli, secretario de Ambiente y Turismo, una situación que De Urquiza rechaza categóricamente según fuentes consultadas.

Hasta hace poco tiempo, la subsecretaría de Deportes dependía directamente de Diego Santilli, quien ocupa la jefatura de Interior. Esa configuración había sido establecida en noviembre pasado, cuando Santilli asumió su cargo en simultáneo con Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete. En aquella oportunidad, la estructura de Deportes fue separada de Turismo y Ambiente, lo que permitió a De Urquiza alejarse de la supervisión directa de Scioli. Sin embargo, una publicación en el Boletín Oficial hizo pública la reversión de esa decisión. La nueva configuración delega en Scioli la facultad de "suscribir convenios de colaboración en todos los asuntos vinculados al turismo, el ambiente y los deportes, conlleven o no erogación presupuestaria, con provincias, municipios u otras entidades, organismos y jurisdicciones". En otras palabras: la subsecretaría volvería a estar bajo su control.

Las fracturas personales detrás de las mudanzas administrativas

Desde la Casa Rosada se ha reconocido públicamente la existencia de fricción entre ambos funcionarios. Los voceros oficiales sostienen que Scioli, durante el período en el que Deportes estuvo bajo su mando, ejercía un control exhaustivo sobre las operaciones del área. Esa cercanía supervisora habría generado malestar suficiente como para que De Urquiza solicitara explícitamente el traspaso hacia Santilli cuando este último asumió sus nuevas responsabilidades. Desde el entorno de De Urquiza, la explicación es más directa: el conflicto fundamental radica justamente en esa relación con el exgobernador bonaerense. Lo que la administración presenta como una reestructuración técnica es percibido por De Urquiza como un retroceso indeseado que lo somete nuevamente a un supervisor con el que mantiene antecedentes de desavenencia. La pregunta que circula en los pasillos de poder es si el funcionario macrista decidirá renunciar antes de someterse a esa nueva configuración.

De Urquiza ingresó al Gobierno nacional en julio de 2024, cuando fue designado como subsecretario de Deportes. Su arribo marcó el tercera rotación de personas en esa posición durante la administración de Javier Milei, consolidando una pauta que refleja tanto inestabilidad como faccionalismo. Lo precedieron Ricardo Schlieper, quien apenas permaneció tres meses en el cargo antes de su salida abrupta, y Julio Garro, exintendente de La Plata, quien fue despedido sin aviso previo. La carrera de De Urquiza los vincula, al igual que sus antecesores, con las filas del PRO y con la órbita de Mauricio Macri. Esa filiación política ha caracterizado la gestión del área deportiva desde el comienzo del mandato libertario, lo que sugiere una estrategia deliberada de mantener ese espacio bajo influencia de la coalición de centroderecha.

Cuestiones de dinero y poder institucional en el sector deportivo

Pero el conflicto no agota su complejidad en las relaciones personales. Fuentes consultadas señalan que De Urquiza había solicitado figurar como empleado en régimen de honorarios en la subsecretaría con el propósito de poder percibir simultáneamente el salario derivado de su posición como director del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). Según las versiones difundidas, la remuneración del ENARD era superior a la correspondiente a su función en la administración pública. Esa solicitud reflejaría una estrategia para maximizar ingresos mediante la acumulación de cargos. Paralelamente, los conflictos no habrían quedado limitados a la tensión entre De Urquiza y Scioli. Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y simultaneo titular del ENARD, habría presionado también para que De Urquiza se alejara del cargo. Moccia procedió al despido de Philippe Oudinot, persona de confianza del subsecretario, bajo el argumento de una "reestructuración administrativa". Desde el círculo cercano a De Urquiza, se rechaza esa narrativa: niegan haber recibido presiones para abandonar el ENARD y sostenienen que el verdadero móvil reside en la intención de ejercer control sobre los recursos financieros de ese organismo.

La ola de desplazamientos afectó no solo a Oudinot. Lorena Scioli, hija mayor del exgobernador, fue removida de su puesto como empleada administrativa. Del mismo modo, Carlos Férrea, quien desde 2022 se desempeñaba como subdirector general, fue cesanteado. Las fuentes oficiales confirman la expectativa de nuevos despidos en las próximas semanas. Estos movimientos de personal sugieren una operación más amplia de control y reordenamiento de poder dentro de las estructuras deportivas del Estado. La naturaleza coordinada de los despidos, combinada con los cambios administrativos, apunta hacia un proyecto deliberado de remover personas vinculadas a De Urquiza e imponer un nuevo esquema de autoridad en el sector. Desde la perspectiva de Scioli y Moccia, podría tratarse de una limpieza burocrática necesaria. Desde la perspectiva de De Urquiza y sus aliados, constituye un asedio coordinado diseñado para expulsarlo del Gobierno.

La incertidumbre sobre el futuro inmediato de De Urquiza permanece abierta. Portavoces de su entorno han señalado que el funcionario se encuentra evaluando actualmente su permanencia en el cargo. Simultáneamente, desde las instancias oficiales se expresa disposición a aguardar una decisión del subsecretario. Esa formulación diplomática oculta una batalla silenciosa por el control territorial de una porción específica de la administración pública. Lo que suceda en los próximos días podría determinar no solo la continuidad de De Urquiza sino también las relaciones de fuerza entre las distintas facciones dentro del Ejecutivo. Si la renuncia se concreta, abriría un nuevo ciclo de inestabilidad en Deportes, con la subsecretaría búsqueda de su cuarto titular en menos de dos años. Si De Urquiza decide permanecer, se vería obligado a operar bajo supervisión directa de un interlocutor que considera problemático, lo que podría afectar su capacidad de gestión. En cualquier escenario, los reorganizamientos administrativos continuarán impactando sobre el personal de nivel medio y los funcionarios de menor rango, generando rotativas periódicas que dificultan la continuidad de las políticas públicas en materia deportiva.