Un operativo que comenzó en marzo por una denuncia anónima de narcomenudeo derivó en el descubrimiento de una trama vinculada al tráfico de estupefacientes que involucra a una funcionaria municipal de Morón. Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad cuando la Policía Federal allanó su vivienda en Castelar y encontró evidencia que la vincula con actividades ilícitas. El hallazgo generó consecuencias inmediatas: la mujer fue separada de su cargo por el intendente Lucas Ghi, quien en las horas posteriores se apresuró a aclarar que Ortigoza había ingresado a la administración durante la gestión anterior, intentando desvincularse de la responsabilidad de su contratación.

Los detalles del operativo pintan un cuadro preocupante respecto de las redes dedicadas a la comercialización de drogas en la región oeste del conurbano. Durante el allanamiento en el domicilio de la exfuncionaria se secuestraron 480 gramos de cocaína compactada, 70 gramos adicionales en envoltorios, otros 15 gramos más repartidos en tres porciones, una balanza de precisión digital y dinero en efectivo. La presencia de estos elementos —especialmente la balanza y la distribución de la sustancia en múltiples cantidades— sugiere un nivel de sofisticación más allá de la simple posesión para consumo personal. Ortigoza permanece en búsqueda desde que la Justicia ordenó su captura, mientras que las autoridades investigan si participó activamente en la cadena de distribución o si su rol fue otro dentro de la estructura delictiva.

La red más amplia y sus consecuencias

Lo que comenzó como una investigación focalizada se expandió considerablemente gracias al trabajo coordinado entre la Policía Federal Argentina y la Fiscalía N°9 de Morón, que dirige el equipo compuesto por Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani. El panorama se amplificó tras ocho procedimientos ejecutados en distintas ubicaciones, que arrojaron cifras significativas. En total se incautaron 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, casi 25 mil pesos en dinero suelto, un revólver con su cargador completo, tres municiones adicionales y 43 cartuchos más, además de tres teléfonos celulares. Estos números revelan no solo la escala de operaciones, sino también la disposición del grupo a utilizar violencia en caso de enfrentamiento.

La investigación además derivó en órdenes de captura y detenciones de otros sospechosos. Ángel Daniel Paz, de 34 años, identificado como pareja de Ortigoza y residente en Castelar, fue buscado por la Justicia tras los allanamientos. Norberto Hernán Aliano, de 42 años, fue detenido en un procedimiento separado acusado de comercio y tenencia ilícita de estupefacientes con propósitos de distribución. La presencia de múltiples implicados de diferentes edades y procedencias apunta hacia una estructura organizada más que hacia acciones aisladas de individuos. Según información que circuló, la presunta organización estaría liderada por un sujeto que alternaba entre puntos de venta fijos y realizaba entregas en motocicleta, lo que sugiere una logística destinada a evadir controles y agilizar la distribución territorial.

Reacciones institucionales y cuestionamientos

El intendente Lucas Ghi manifestó públicamente su "profunda decepción" ante los hechos, aunque también se apresuró a matizar su responsabilidad señalando que Ortigoza había sido incorporada al municipio durante la administración anterior. En declaraciones difundidas, Ghi remarcó que "desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia" y agregó que "nunca había mostrado nada raro". El jefe comunal además subrayó que Ortigoza contaba con formación y capacitación específica en el área de género y diversidad, y que su designación "no fue producto de militancia". Estas aclaraciones responden a la sensibilidad política que genera este tipo de eventos: descubrir que alguien integra la estructura municipal y simultáneamente participa en tráfico de drogas alimenta desconfianza en las instituciones locales.

Ortigoza presentó una versión de los hechos según la cual las sustancias halladas en su domicilio fueron dejadas allí por su pareja sin su consentimiento. Esta explicación —que sostiene que fue utilizada como depositaria sin conocimiento— requiere verificación a través de las pericias y testimonios que se produzcan en la causa. Sin embargo, la presencia de elementos asociados directamente con la comercialización, como balanzas de precisión y dinero en efectivo, complejiza la defensa y sugiere un grado de conocimiento que trasciende la mera ignorancia. La investigación deberá dilucidar si existió participación activa, connivencia pasiva o si efectivamente fue víctima de una situación que se le impuso.

El origen del expediente en una denuncia anónima de marzo marca el inicio de un seguimiento que permite vislumbrar cómo operan estas estructuras en localidades del conurbano. La metodología empleada por los fiscales Monti y Rodríguez Reggiani incluyó distintas tareas de campo coordinadas con fuerzas policiales, resultando en múltiples allanamientos. Este proceder metodológico sugiere que ya existían indicios suficientes como para justificar las acciones coercitivas. La cantidad de sustancia incautada en los ocho procedimientos no es menor: más de un kilo y medio de cocaína representa una cantidad que en el mercado callejero se traduce en cientos de dosis, potencialmente comercializables entre consumidores de distintos sectores socioeconómicos del área.

Perspectivas sobre lo que viene

Las implicancias de este caso se extienden en múltiples direcciones. Por un lado, cuestiona la eficacia de los procesos de selección y verificación de antecedentes en estructuras municipales, especialmente en áreas sensibles como políticas de género y diversidad, donde la confianza y la integridad son fundamentales para el trabajo con poblaciones vulnerables. Por otro, evidencia que las redes de narcotráfico no respetan fronteras institucionales y pueden penetrar estructuras administrativas locales. La investigación en curso determinará si existieron vulnerabilidades específicas que facilitaron esta situación o si se trató de un caso aislado de infiltración. Asimismo, queda por establecer si la participación de Ortigoza fue central, periférica o completamente forzada, lo que resultará determinante para la acusación y eventual sanción penal. Mientras la búsqueda continúa y la Justicia avanza en su tarea, la comuna de Morón enfrenta el desafío de restaurar confianza institucional y reforzar los mecanismos de vigilancia sobre su personal.