La máquina estatal libertaria atraviesa un momento de turbulencia sin precedentes. En el corazón de esta tormenta no está una crisis económica ni un enfrentamiento internacional, sino la detención de Facundo Leal, un personaje de trayectoria errática que fungió como titular de ORSNA, la agencia responsable de la administración de los aeropuertos nacionales. El escándalo que rodea su captura revela un entramado de complicidades que se extiende hacia múltiples sectores del Estado y la empresas privadas, exponiendo las fracturas que atraviesan verticalmente las estructuras de poder que el gobierno prometía renovar de raíz.

Los allanamientos realizados en dos propiedades vinculadas a Leal —un departamento en Palermo y una vivienda en Mendoza— arrojaron hallazgos que sobrepasan cualquier expectativa de normalidad administrativa. Los investigadores encontraron aproximadamente 2,4 millones de dólares en efectivo, diversas drogas incluyendo cocaína, ketamina y éxtasis, una balanza para pesar estupefacientes, y un arsenal de diecinueve dispositivos electrónicos especializados en tareas de espionaje. Estos descubrimientos transformaron un caso que pudo haber sido una mera investigación de robo de materiales en un escándalo de dimensiones colosales que amenaza con desestabilizar las estructuras de poder construidas durante estos primeros meses de gobierno.

La continuidad sospechosa: de Fernández a Milei sin cambios

Lo que resulta particularmente inquietante no es solamente la naturaleza de los delitos de los que Leal es acusado, sino la facilidad con la que transitó entre administraciones antagónicas. Bajo la gestión de Alberto Fernández, Leal presidió Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones. Sin que mediara cambio alguno en la estructura política nacional, continuó ocupando posiciones relevantes durante la administración Milei, ahora en calidad de jefe del ORSNA. Este patrón de continuidad responde a una metodología deliberada implementada por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien decidió preservar gran parte del personal heredado de la gestión anterior, específicamente aquellos vinculados al expresidente Sergio Massa. La lógica parece haber sido pragmática: mantener equipos funcionales aunque portaran los defectos de sus antiguos empleadores.

El vínculo político de Leal con figuras mendocinas cercanas a Massa —particularmente José Luis Manzano y Daniel Vila— constituye la red de relaciones que explicaría su permanencia en la administración pública a través de sucesivos cambios de gobierno. Según testimonios de empresarios del sector de telecomunicaciones, cuando le cuestionaban su continuidad tras la caída del gobierno anterior, Leal respondía sin ambages: "Voy a estar donde me diga Sergio". Esta lealtad no respondía a estructuras formales sino a lazos personales cultivados durante años, frecuentemente en espacios de sociabilidad como las "noches de Roldán", el tradicional restaurante porteño que sirve como epicentro de encuentros entre funcionarios, empresarios y hombres de negocios. Esa permanencia en espacios de poder pese a cambios de administración constituye una anomalía de la cual poco se habla: la existencia de un núcleo administrativo casi inmóvil que trasciende los cambios de gobierno.

Las complejidades de una red de influencias sin límites claros

El panorama de complicidades que rodea a Leal se expande cuando se analiza su relación con otras figuras y empresas. En los últimos tiempos, su vinculación se profundizó con Luis Pierrini, ex secretario de Transportes, también originario de Mendoza y próximo a Vila. De allí, su órbita gravitacional se desplazó hacia Leonardo Scatturice, empresario estadounidense con supuestos nexos en el entorno de Donald Trump, propietario de Flybondi y contratista de Trenes Argentinos para proyectos de fibra óptica en estaciones ferroviarias. La relevancia de Scatturice en el mapa de poder se magnifica por su relación de cercanía con Caputo, relación que fructificó en un contrato firmado por Tactic Global, la consultora internacional de Scatturice, con la SIDE, la agencia de inteligencia estatal, para ejecutar labores de cabildeo político.

Tactic Global cuenta con personal de elevado perfil internacional, incluyendo a Barry Bennett, figura vinculada al establishment estadounidense. Este tejido de relaciones corporativas e institucionales, supuestamente tejido en torno a eficiencia y modernización, comienza a revelar aristas preocupantes cuando se examina bajo luz forense. El departamento de Palermo donde fue encontrado dinero en efectivo y dispositivos de vigilancia presenta todas las características de funcionar como una "cueva" clandestina de inteligencia. Los interrogantes que esto genera se multiplican: ¿operaba Leal bajo subordinación informal de áreas especializadas en contrainteligencia? ¿Los dispositivos incautados guardaban relación con otros equipamientos que circulaban en redes de espionaje paralelas? La pregunta adquiere urgencia cuando se examina el caso de Laura Belén Arrieta, empleada de empresas vinculadas a Scatturice, quien llegó a Buenos Aires como única pasajera en un vuelo que no fue inspeccionado por la Aduana, aparentemente gracias a una orden informal transmitida por teléfono a una funcionaria aduanera. El juez Pablo Yadarola continúa hasta el presente con dificultades para identificar qué teléfono fue utilizado en esa comunicación. Si Leal participó en ese episodio, su dispositivo móvil podría contener registros de la llamada. Sin embargo, Leal se ha negado a proporcionar la contraseña de su celular, sellando potencialmente una vía de investigación.

La amenaza silenciosa: abstinencia y potencial cooperación

El calvario personal de Leal adquiere dimensiones que aterran a círculos amplios de autoridades y empresarios. Más allá de las acusaciones formales por narcotráfico y espionaje, existe un factor psicológico que genera pánico entre quienes podrían estar implicados en sus actividades: la abstinencia de las sustancias que atesoraba en su domicilio. La ansiedad que acompaña la privación química, combinada con la presión de un proceso penal complejo, genera una situación volátil. Un funcionario en esas circunstancias, con acceso a información sensible sobre operaciones en telecomunicaciones, transporte ferroviario y control aeroportuario, potencialmente buscaría aliviar su situación compartiendo conocimiento. Esta posibilidad es lo que mantiene en vela a diversos sectores.

El defensor penal asignado a Leal es Marcelo Rochetti, prestigioso abogado conocido por su cinismo profesional y su habilidad en litigios complejos. Rochetti previamente defendió al famoso barrabrava "Rafa" Di Zeo, episodio que lo obligó a renunciar a su posición como jefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad bonaerense durante la administración de María Eugenia Vidal, tras una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió. La designación de Rochetti no fue aleatoria: funciona como el "alter ego" de Ritondo, quien a su vez actúa como satélite de Manzano, el "padrino empresarial" de Leal en el sector privado. Para completar el blindaje, Ritondo mantiene una alianza sistemática con Caputo. Esta arquitectura de defensas legales suscita especulaciones sobre cuáles serían las reales intenciones de protección de Leal. Existe además una interrogante más oscura: ¿se beneficiará Leal de una supuesta "propensión a la clemencia" del juez Lino Mirabelli, quien suele ser recordado por haber examinado con "infinita misericordia" el caso del brindis de "Fabiola" durante la pandemia?

Las reverberaciones sobre sectores estratégicos y funcionarios en riesgo

El calvario de Leal tiene desvelados no solo a autoridades y empresarios del sector de telecomunicaciones, sino también a actores del sector de construcción aeroportuaria. Hay testimonios que sugieren que durante su paso por ORSNA, Leal estaría involucrado en esquemas de extorsión dirigidos hacia compañías que realizaban obras en terminales aéreas. Un ingeniero civil de nombre Juan Alberto Sosa, quien prestaba servicios como asesor del ORSNA con rango de gerente, aparecería como ejecutor de estas maniobras, supuestamente en lugares de altísima concurrencia como la confitería "Tostado" de Aeroparque, lo cual sugiere una impericia o una deliberada exhibición de impunidad.

La sucesora de Leal en el ORSNA es Noelia Ruiz, quien se autodenomina "la killer de Santi" —en referencia a Caputo—. Ruiz posee antecedentes que la vinculan con administraciones anteriores: fue colaboradora del empresario Federico Salvai y de Ritondo durante la gestión Vidal. Su llegada a Arsat estuvo marcada por una actividad poco documentada: pasó meses borrando rastros de investigaciones que el Ministerio de Economía había ordenado sobre fideicomisos del régimen de protección de Tierra del Fuego, en el cual operaban Rubén Cherñajovsky, socio actual de Salvai, y Nicolás Caputo, tío del "Mago". Ruiz ahora se encuentra sobrecargada de responsabilidades en el ORSNA precisamente cuando emerge el escándalo de Leal. Curiosamente, el día en que se allanó la casa de Leal en Mendoza, Ruiz habría viajado por tierra hacia esa provincia. Como observan los observadores, "las coincidencias existen".

El fantasma de la privatización y las operaciones financieras opacas

El momento en que emergió el caso Leal resulta particularmente delicado para Caputo y sus estructuras de poder. Se estaba planificando la privatización de Arsat, operación que prácticamente contaba ya con un comprador. El terremoto legal desencadenado por los allanamientos y la detención de Leal amenaza con poner en suspenso transacciones de esta envergadura. La curiosidad que despierta esta coyuntura es retrospectiva: en los círculos de telecomunicaciones circula información sobre transferencias multimillonarias que habrían sido ejecutadas desde el Enacom —el ente regulador de comunicaciones— hacia Arsat, justificadas nominalmente como financiamiento para proyectos de fibra óptica subsidiados por el Fondo del Servicio Universal, mecanismo destinado a financiar infraestructura en zonas no rentables para empresas privadas.

Las especulaciones que circulan plantean interrogantes sobre si durante la gestión del massista Claudio Ambrosini en el Enacom, en concurrencia con Leal en Arsat, se crearon estructuras empresariales fantasma para desviar recursos públicos hacia entidades privadas. Se sugiere que muchas de estas empresas fueron colocadas bajo control de punteros políticos bonaerenses para financiar estructuras dentro del peronismo. Aunque estas son habladurías sin documentación formal, la existencia de listas con montos específicos que circulan entre actores informados sugiere que el volumen de operaciones potencialmente irregulares trasciende la mera especulación.

El contraataque desde el Poder Judicial: Mahiques y la censura a la prensa

Mientras el escándalo de Leal continúa expandiéndose, emerge otro frente de conflictividad que vincula directamente al Poder Judicial con las tensiones internas del gobierno. Carlos Mahiques, camarista de Casación —tribunal cúspide en materia penal—, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, envió una misiva inusual dirigida a Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación, solicitando que el máximo tribunal reflexione sobre las relaciones entre el periodismo y la justicia. Mahiques demanda que se establezcan límites a las coberturas periodísticas, aseverando que la libertad de expresión debería restringirse a aquellas informaciones que sean "rectas y objetivas", sin especificar quién determinaría tales criterios. La solicitud va más allá: pide que se implementen sanciones contra funcionarios judiciales que suministren información a periodistas y que se cree algún tipo de código de ética para regular estas conductas.

La presentación de Mahiques contiene inconsistencias conceptuales que merecen examen. Primero, no explica por qué habría de extenderse este régimen de protección únicamente a jueces y no a otros servidores públicos que ocupan posiciones en el Poder Ejecutivo o Legislativo. Segundo, critica con aspereza a los ministros de la Corte al reclamar una oficina de prensa que comunique "profesionalmente" noticias judiciales, siendo que tal dependencia ya existe —la Dirección de Comunicación de la Corte, a cargo de Ariel Neuman— y ha mejorado considerablemente la relación entre tribunales y prensa. Tercero, reprocha al Consejo de la Magistratura su incapacidad para regular la ética judicial cuando ese organismo posee jurisdicción específica y procedimientos establecidos para tales regulaciones.

Más allá de estas contradicciones, la presentación revela una intención política clara: aunque se disfraza de defensa de la independencia judicial, en realidad busca bloquear la capacidad del periodismo de informar críticamente sobre actuaciones de magistrados. Mahiques desnuda la conflictividad que atraviesa a la corporación de Comodoro Py, la sede de los tribunales federales, donde existen enfrentamientos históricos entre distintos sectores. El "Boxindanga" —apodo del camarista por su pasión por el boxeo— muestra con esta acción una f