Una red nacional bajo cuestionamiento

La Red Federal de Fibra Óptica que cruza Argentina de punta a punta —36.000 kilómetros de infraestructura crítica que sostienen las comunicaciones del país— se convirtió en el epicentro de una investigación que trastoca la forma en que se ejecutan los proyectos estatales de envergadura. No se trata solamente de un contrato más: el acuerdo que permitió la actualización y ampliación de capacidad de esa red movilizó recursos superiores a los US$30 millones y generó consecuencias que hoy trascienden el ámbito administrativo para instalarse en los juzgados. Lo que comenzó como una iniciativa técnica legítima—responder al crecimiento exponencial del tráfico de datos durante la pandemia y preparar la infraestructura para tecnología de próxima generación—evolucionó hacia un escenario donde se entrelazan encuentros informales, registros faltantes, viajes internacionales y evidencias de movimientos patrimoniales que despiertan interrogantes sobre la transparencia del proceso.

Las investigaciones en curso no cuestionan únicamente los términos comerciales del negocio, sino la metodología mediante la cual se ejecutó, los actores que participaron en su toma de decisión y las relaciones que se cultivaron paralelamente al procedimiento formal. Facundo Leal, quien fungía como gerente general de Arsat durante la adjudicación y posteriormente ascendió a la máxima autoridad ejecutiva de la empresa, aparece como figura central en este entramado. Los organismos judiciales examinan actualmente el origen de sumas que superan los US$2,6 millones localizadas en propiedades vinculadas al funcionario, un monto que ha impulsado investigaciones sobre potencial enriquecimiento no justificado.

Contexto: la demanda que catalizó el proyecto

Hacia fines de 2019 y durante el año 2020, Argentina experimentaba una transformación digital acelerada por circunstancias que trascendían lo previsto. La irrupción de la pandemia de COVID-19 multiplicó explosivamente los requerimientos de ancho de banda. Educación remota, teletrabajo, streaming de contenidos: toda la sociedad se volcó hacia plataformas digitales en simultaneidad. La Red Federal de Fibra Óptica, administrada por la empresa estatal Arsat, funcionaba como espina dorsal de las comunicaciones nacionales, conectando a la mayoría de los operadores de telecomunicaciones del país. Sin embargo, su capacidad de transporte de datos se aproximaba a los límites operacionales. La tecnología 5G, cuyo despliegue comenzaba a vislumbrarse, requeriría infraestructura de mucha mayor densidad de tráfico.

En este contexto, durante el año 2020, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) diseñó una estrategia de inversión. Mediante la resolución 867/2020, se aprobó el Programa de Aumento de Capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica. Los fondos provendrían de un mecanismo ya existente: el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, financiado por contribuciones del sector (equivalentes al 1% de la facturación de operadores de telecomunicaciones e internet). Se transfirieron $3.000 millones de entonces a Arsat para que la empresa ejecutara las mejoras. El 12 de septiembre de 2020 se rubricó el convenio entre Enacom y Arsat, y poco después la resolución 1018/2020 formalizó la asignación. Arsat, en su carácter de operadora estatal, quedó responsabilizada de implementar las obras necesarias. El esquema comprendía dos componentes técnicos principales: la modernización del núcleo IP Core MPLS, infraestructura neurálgica del sistema, y procedimientos de agregación en los distintos nodos que alimentan la red troncal.

El proceso de selección: invitación restringida y adjudicación sin transparencia

Cuando llegó el momento de seleccionar al proveedor que ejecutaría las tareas, Arsat optó por un mecanismo que posteriormente sería objeto de interrogantes sobre su transparencia. En declaraciones públicas posteriores, Facundo Leal caracterizó el procedimiento como una "licitación abreviada". Sin embargo, documentos oficiales y registros administrativos indican que el proceso adoptó la modalidad de "concurso por invitación", una categoría más restringida que implica convocar únicamente a empresas preseleccionadas. Tres competidores ingresaron a la contienda: Nokia, Ciena y ZTE, todas ellas proveedoras internacionales reconocidas en el sector de infraestructura de telecomunicaciones. La cuarta postulante fue Tecnored, una empresa radicada en Córdoba cuya asociación estratégica con Huawei, el gigante tecnológico chino, le permitió presentar una propuesta integrada. Tecnored se impuso en la adjudicación por diferencia sustancial, principalmente por ventaja de precio.

Un dato relevante para evaluar la transparencia del procedimiento: ninguna información sobre los términos de la adjudicación, las propuestas evaluadas, los criterios de selección o los resultados comparativos aparece registrada en la sección de transparencia de Arsat. Esa plataforma, que sí contiene datos sobre otros procesos de compra de la empresa, permanece vacía en lo que respecta a este contrato particular. En paralelo, Pablo Tognetti ejercía como presidente de Arsat en el momento de la adjudicación, mientras Leal actuaba en su calidad de gerente general. Meses después, tras un breve interregno de Matías Tombolini en la posición, Leal fue promovido a la máxima autoridad ejecutiva de la compañía, consolidando así un rol de liderazgo ampliado sobre una iniciativa en cuya selección había participado activamente.

La trama de encuentros: hoteles, restaurantes y coordinación por mensajería

Más allá del procedimiento formal de adjudicación, la investigación ha expuesto la existencia de una red de encuentros entre funcionarios de Arsat, ejecutivos de Huawei y representantes de Tecnored que operaba en paralelo a las reuniones oficiales. Decenas de estos encuentros no quedaron registrados en los libros de ingreso de la empresa estatal, aunque sí dejaron huella en las agendas personales de los funcionarios involucrados. Los sitios de encuentro mostraban un patrón: el hotel Wyndham de Nordelta, situado en el partido de San Isidro, fue escenario frecuente de estos contactos. Esa instalación funciona como complejo mixto: dispone de un sector hotelero tradicional y otro de departamentos de larga estadía. Según múltiples testimonios recabados, Facundo Leal mantenía acceso habitual a tres unidades en ese predio, y hay indicios de que podría haber ejercido propiedad sobre las mismas.

Las oficinas que Arsat posee en Benavídez también sirvieron como punto de encuentro. Asimismo, el restaurante Piegari funcionó como escenario social para estos contactos. Lo particularmente revelador es cómo se coordinaban estos encuentros: a través de mensajería de WhatsApp, generalmente iniciada desde las secretarias de Facundo Leal. Este sistema de coordinación informal evitaba que los encuentros quedaran registrados en los sistemas administrativos convencionales. Entre abril y mayo de 2021 —período crítico en el cual se adjudicó y se formalizó el contrato de fibra óptica— ocurrieron dos eventos que merecen particular atención. Primero, Leal viajó a Córdoba y visitó a Juan Domínguez, presidente de Tecnored, en su provincia de origen. Apenas días después, fue fotografiado compartiendo una cena con Juan Bonora, vicepresidente de la división de Huawei en la región, en momentos en que ambos degustaban vino. La imagen quedó documentada en poder de investigadores.

Pocos meses más adelante, en junio de 2021, Leal compartió un viaje con Domínguez, entre otros empresarios, hacia Barcelona. La comitiva argentina participaba en un congreso internacional de tecnología y telecomunicaciones. Durante esa estadía europea, surgió un incidente que llamó la atención de los presentes: Leal fue visto con lastimaduras visibles en el rostro. Según relatos de personas que estuvieron en el lugar, la situación se originó en una disputa en la habitación que involucraba a una mujer que lo acompañaba. Juan Domínguez, presidente de la empresa que había ganado el contrato millonario, presenció los hechos posteriores y conversó tanto con la acompañante como con el entonces gerente de Arsat sobre lo ocurrido.

Las respuestas corporativas y el silencio administrativo

Cuando se requirió a Huawei que se pronunciara sobre la naturaleza de estas reuniones y la fotografía que las documentaba, la corporación china emitió una respuesta que enfatizaba la normalidad de los contactos comerciales. Según su comunicado, todos los encuentros se enmarcaban exclusivamente en el desarrollo de actividades profesionales típicas del sector. Argumentó que los procesos de negociación en la industria de telecomunicaciones generan de manera regular estos espacios de interacción, siempre dentro del cumplimiento de regulaciones vigentes. Específicamente, señaló que compartir un espacio social o la existencia de una fotografía en un lugar público no implica necesariamente una relación con los hechos que se investigan respecto de la persona mencionada. Reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus operaciones comerciales en territorio argentino.

Por su parte, Tecnored también se pronunció, aunque en un contexto distinto. La empresa cordobesa manifestó que iniciará acciones legales contra Arsat por incumplimiento de pagos de servicios continuados que forman parte del acuerdo original. Esta demanda marca un giro en las relaciones entre las partes: del esquema de colaboración que permitió la adjudicación se transita hacia un escenario de conflictividad comercial.

La evolución de Tecnored: de asociación a socio certificado

Para entender la magnitud de lo ocurrido, es relevante rastrear cómo evolucionó la relación entre Tecnored y Huawei. Durante 2020, la empresa cordobesa formalizó una alianza estratégica con el gigante chino. Tecnored se posicionó como socio capaz de ejecutar proyectos de conectividad en conjunto con Huawei, aprovechando la experiencia local de la compañía argentina y el portafolio tecnológico del actor chino. Un año después, en 2021, Tecnored obtuvo de Huawei la máxima certificación disponible para integradores: el estatus de "Value Added Partner" (VAP Partner), una clasificación que distingue a los actores más calificados dentro del ecosistema de Huawei.

El rol de Tecnored en la ejecución del proyecto de Arsat fue el de integrador: la empresa cordobesa coordinó la implementación de soluciones basadas en equipamiento Huawei. Trabajos técnicos fueron ejecutados con infraestructura suministrada por la compañía china. En 2023, Tecnored difundió públicamente en plataformas profesionales de redes sociales información sobre su participación conjunta con Huawei en la "recta final de la migración de la red IP Core MPLS en Arsat", subrayando su aporte a la ampliación de capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica a escala nacional. Esta publicidad del proyecto, tardía en relación al momento de su ejecución inicial, contrasta con la falta de visibilidad del proceso de adjudicación en los canales de transparencia institucional.

Comportamientos internos y presiones sobre equipos técnicos

Las investigaciones han recopilado testimonios de empleados y exempleados de Arsat que aportan información sobre el clima que rodeó la ejecución del proyecto. Según estos relatos, Facundo Leal ejercía presión sobre los equipos técnicos para evitar que formularan observaciones o cuestionamientos hacia Huawei. En múltiples ocasiones, de acuerdo con las declaraciones recibidas, ordenó a distintas áreas que se abstuvieran de elevar planteos críticos o dudas respecto del desempeño o las propuestas de la empresa china. Un episodio específico quedó documentado en los testimonios: cuando otras áreas de contratación de Arsat realizaban procesos de actualización de soluciones de infraestructura, se invitó a diversos proveedores a presentar propuestas mejoradas. Huawei participó del proceso, pero ciertos aspectos de sus ofertas requerían aclaraciones técnicas para poder ser evaluados adecuadamente. El personal responsable solicitó a la empresa que ampliara la información sobre puntos específicos que no habían quedado claros. Posteriormente, según estos testimonios, recibieron instrucciones de no volver a formular consultas y de continuar adelante con el procedimiento sin más demoras. Los informantes atribuyeron esta directiva al entonces gerente general Facundo Leal.

Las investigaciones patrimoniales en curso

El eje que ha atraído atención judicial es el patrimonio de Facundo Leal. Investigadores han accedido a información que detalla descubrimientos en propiedades vinculadas al funcionario. Los hallazgos superan los US$2,6 millones en efectivo y otros activos, sumas cuyo origen y justificación se encuentran bajo escrutinio. Testigos del entorno de Leal —entre ellos su secretaria personal y conductores que lo trasladaban— han prestado declaraciones ante autoridades judiciales en las cuales describen movimientos de bolsos, sobres y entregas de dinero en efectivo. Estos relatos han aportado detalles sobre modalidades y frecuencia de estas transferencias patrimoniales. La reconstrucción de estos hechos ha permutido que el foco investigativo se extienda más allá de lo administrativo-comercial hacia el terreno de posibles ilícitos penales.

Implicancias y perspectivas

Los hechos acumulados generan un panorama complejo cuyas consecuencias se despliegan en múltiples direcciones. Por un lado, la ejecución de proyectos de infraestructura crítica requiere mecanismos que garanticen selección objetiva de proveedores, acceso público a información sobre procesos de adjudicación y ausencia de presiones sobre equipos técnicos. La forma en que se desarrolló este procedimiento —con canales de coordinación informales, registros administrativos incompletos, encuentros no documentados y concentración de poder decisorio en manos de un funcionario bajo investigación— genera interrogantes sobre si tales garantías se resp