El custodio silencioso de los cuadernos: la declaración del exagente que guardó las pruebas del mayor escándalo de corrupción argentino

La maquinaria judicial avanza lentamente pero sin pausa. En una nueva jornada de declaraciones testimoniables, el exsargento Jorge Bacigalupo pisó nuevamente el estrado de los tribunales federales porteños para responder preguntas sobre un rol que lo marcó profesionalmente: ser el custodio de un conjunto de cuadernos que, años después, se convertirían en la prueba documental más explosiva de un esquema de corrupción sin precedentes en la historia democrática argentina. Su comparecencia representa un momento de cruces entre la vida cotidiana de funcionarios públicos y revelaciones que terminarían sacudiendo los cimientos del poder político nacional.

Durante su declaración ante el tribunal, Bacigalupo se presentó como un hombre que simplemente cumplió con una función de confianza. Según su relato, Oscar Centeno —el personaje central en toda esta trama— llegó hasta él con esos cuadernos bajo la premisa de que contenían datos sobre labores administrativas en organismos de gobierno. El exagente sostuvo que nunca sintió curiosidad por revisar el contenido de esos papeles. Su rol, narró, fue únicamente el de guardarlos de manera segura, como quien custodia un secreto sin aspirar a comprenderlo. La transferencia de estos documentos hacia terceros ocurrió cuando decidió entregarlos a un profesional de la prensa, quien posteriormente realizaría copias y las pondría a disposición de la autoridad judicial, desatando así una cascada de investigaciones que perduran hasta el presente.

Las motivaciones detrás del silencio guardado

Bacigalupo explicó a los presentes que Centeno le había mencionado una preocupación específica: deseaba contar con un respaldo ante eventualidades futuras. En otras palabras, esos cuadernos funcionaban como un seguro, como la prueba tangible de que existían transacciones que merecían ser documentadas. El exsargento recordó haber insistido en múltiples oportunidades que el propietario de esos registros acudiera directamente ante la justicia, pero tropezó con una barrera ideológica: Centeno mantenía una identificación política fuerte con las personas para las que trabajaba, lo que lo retenía de tomar ese paso. Esta tensión entre la convicción de denunciar y la lealtad institucional retrata una realidad frecuente en ambientes de poder: funcionarios atrapados entre sus convicciones personales y sus compromisos laborales.

Mientras Bacigalupo completaba su declaración, los estrados judiciales se preparaban para recibir a nuevos testigos cuya participación promete arrojar perspectivas distintas sobre aquellos años. Entre los próximos en comparecer se encontraba Hilda María Horovitz, quien mantuvo vínculos personales profundos con Centeno entre los años 2006 y 2015. La relación entre ambos fue lo suficientemente cercana como para compartir vivienda en la localidad de Olivos, el mismo espacio donde ocurrían transacciones que, a la luz de posteriores investigaciones, resultaron ser componentes vitales del esquema de movimientos irregulares de fondos. Horovitz, en una declaración anterior correspondiente a una causa diferente pero conexa vinculada con operaciones de gas licuado, había narrado escenas que parecían sacadas de un guión de suspenso: bolsos repletos de efectivo que circulaban entre funcionarios del Ministerio de Planificación, viajes que combinaban labores administrativas con entregas de dinero.

Los testimonios que exponen la trastienda del poder

Lo que distingue el aporte de Horovitz es que ella presenció en directo muchas de esas dinámicas. Su declaración del primero de noviembre de 2017 estableció un puente entre las sospechas difusas y las pruebas concretas. Pero su relato no fue aislado. Horovitz, preocupada por lo que observaba, se comunicó en 2016 con Roberto Baratta, personaje que ocupaba roles estratégicos en la estructura administrativa. En esos mensajes, advirtió con claridad meridiana que Centeno registraba sistemáticamente todo lo que ocurría. Los cuadernos no eran un capricho personal de quien quería llevar un diario: eran un instrumento deliberado de documentación de operaciones. Estos intercambios de comunicación, una vez que fueron expuestos públicamente, transformaron a Horovitz en blanco de represalias. Recibió amenazas que la obligaron a solicitar medidas de resguardo ante organismos judiciales, evidenciando cuán sensible era la información que ella custodiaba.

Paralelamente, otro testimonio de relevancia comparable proviene de Elizabeth Miriam Quiroga, quien se desempeñó durante la presidencia de Néstor Kirchner en el cargo de secretaria de Ceremonial. Quiroga representa un caso singular porque su denuncia pública sobre los movimientos irregulares de dinero no esperó a que los cuadernos fueran revelados al público. Ya en 2013, años antes de que estallara el escándalo mediático, ella había expuesto sus observaciones sobre operaciones de translado de recursos que ocurrían dentro de estructuras gubernamentales. Su conocimiento no provenía de rumores ni de chismes de pasillos: era producto de su participación directa en viajes a la región patagónica donde presenciaba entregas de maletines cargados de efectivo. En una ocasión que quedó grabada en su memoria, Daniel Muñoz —quien se desempeñaba como secretario privado de Kirchner— le entregó un maletín color marrón acompañado de una frase que condensaba toda una economía paralela: "Hay muchos verdes, están bien contados". Quiroga, en su análisis posterior de esos eventos, consignó en un libro de memorias y en declaraciones ante autoridades judiciales que el mismo Kirchner mantenía cuadernos de espiral común donde anotaba obligaciones pendientes. Aunque nunca tuvo acceso pleno a esos registros, los vio brevemente. Un día intentó revisar su contenido con mayor profundidad, pero le fue negado el acceso.

La progresión de estos testimonios dibuja un panorama donde la documentación de transacciones cuestionables era una práctica difundida. No se trataba de hechos aislados o excepcionales, sino de procedimientos sistemáticos que involucraban a múltiples actores en distintos niveles de la administración. Los cuadernos de Centeno, entonces, no fueron un acto de rebeldía individual sino el reflejo de una cultura administrativa donde registrar movimientos de dinero resultaba tan rutinario como el papeleo burocrático convencional. Lo extraordinario fue que esa documentación privada terminó siendo expuesta públicamente, permitiendo que la justicia accediera a datos que, de otro modo, habrían permanecido en la penumbra de la discrecionalidad funcionarial.

Los desarrollos futuros de este juicio probablemente dependerán de cómo los magistrados pesen la credibilidad de estos testimonios, las motivaciones que animaban a cada testigo en el momento de sus declaraciones, y la capacidad de relacionar los datos dispersos en distintos relatos para construir una narrativa coherente de los hechos investigados. Algunos sostienen que estos testimonios son eslabones irremplazables para demostrar la existencia de una estructura coordinada de movimiento de fondos. Otros consideran que existe el riesgo de que motivaciones personales o conflictos previos hayan contaminado la pureza de los relatos. Lo cierto es que Argentina observa cómo el sistema judicial intenta, mediante estos procesos, establecer límites claros entre lo que constituye administración legítima de recursos públicos y lo que traspasa esa frontera hacia territorio de delito. Las resoluciones que emanen de este juicio tendrán resonancias que irradiarán más allá de las personas involucradas, definiendo precedentes sobre cómo se investigan, procesan y juzgan esquemas complejos de corrupción institucional.