La investigación que durante años funcionó como eje del relato sobre corrupción durante el gobierno kirchnerista enfrenta ahora cuestionamientos de magnitud desde adentro del mismo sistema judicial. Todo comenzó cuando Julio César Silva, portero del departamento ubicado en la intersección de Juncal y Uruguay, se presentó ante los jueces y dijo algo que contradecía radicalmente lo que había declarado años atrás: no había visto los bolsos con dinero que supuestamente ingresaban al inmueble. Esta retractación, lejos de ser un dato menor, se convirtió en el puntapié inicial para que los abogados defensores comiencen a tejerse una estrategia de contraataque que apunta directamente contra quienes llevaron adelante la persecución penal.
El escenario es complejo y los actores involucrados tienen mucho en juego. Carlos Stornelli, el funcionario fiscal que encabezó la investigación del caso de los cuadernos durante años, ahora podría convertirse en el acusado. Los letrados que defienden tanto a empresarios como a exfuncionarios vinculados al kirchnerismo están evaluando concretamente presentar una denuncia formal en contra del fiscal y de miembros del poder judicial que participaron en la causa. Los abogados sostienen que existieron presiones sistemáticas sobre los testigos, un punto que consideran fundamental para desmoronar la construcción acusatoria que llevó a múltiples condenas en esta historia que ocupó titulares durante la última década.
Una retractación que abre interrogantes
Cuando Silva comparecio ante el tribunal, algo había cambiado respecto a aquel 2018 cuando prestaba declaración bajo otras circunstancias. Ante el juez Germán Castelli, el portero fue claro en su respuesta a una pregunta específica: no había presenciado que Daniel Muñoz, secretario de Cristina Kirchner, ingresara al departamento portando bolsos. La pregunta era crucial porque en su declaración anterior había relatado que entre 2007 y 2010 observaba movimientos de bolsos y valijas de manera frecuente, con una periodicidad que oscilaba entre una semana y quince días. Ahora, cuando se le exhibió ese mismo documento que supuestamente había firmado, Silva reconoció algo que resulta inquietante: ni siquiera lo había leído antes de rubricarlo.
El testimonio de Silva ante Castelli adquirió un tono de confesión. Explicó que los funcionarios le recordaban constantemente sobre sus dos hijas, un detalle que no resulta menor considerando que ambas trabajaban en dependencias estatales gracias a la gestión de Muñoz. Una de ellas se desempeñaba en el Ministerio de Planificación hasta que Mauricio Macri llegó a la presidencia en 2015, mientras que la otra había conseguido un puesto en el Incaa de Colón, Entre Ríos. El portero reconoció además que se sintió incómodo en aquel momento y que finalmente accedió a firmar un documento que no había leído. Sus propias palabras fueron demoledoras para la estructura acusatoria: "Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí". Cuando Castelli le preguntó de manera puntual si realmente había dicho algo relacionado con bolsos y valijas, Silva fue categórico: "Eso yo no lo dije".
La operatoria cuestionada: un allanamiento que no terminaba
Pero hay más elementos que comenzaron a salir a la luz durante el interrogatorio de Silva. El portero relató detalles sobre cómo se desarrolló el operativo en el departamento de Juncal y Uruguay que ponen en cuestión los procedimientos empleados. El allanamiento comenzó alrededor de las 18:30, pero supuestamente no arrojaba resultados significativos. En ese momento, el oficial encargado del procedimiento estableció contacto telefónico con el juez Claudio Bonadio para informarle sobre el avance de la operación. De acuerdo con lo que Silva relató, Bonadio habría indicado que el allanamiento no debería darse por terminado hasta encontrar elementos de valor para la investigación. Silva explicó que escuchaba la conversación porque estaba próximo al oficial que hablaba con el magistrado y el diálogo resultaba audible.
El detalle reviste importancia porque sugiere una posible interferencia en la conducción de un procedimiento de búsqueda y secuestro. Si los testimonios sobre lo que Bonadio comunicó son exactos, estaríamos ante una situación donde un juez estaría orientando cómo debería proseguir un allanamiento en función de si encontraba o no elementos considerados relevantes para la causa. El operativo se extendió hasta las 00:30 de la madrugada, momento en el cual finalizó con el secuestro de unos cuadros que se encontraban en el inmueble. La pregunta que emerge de manera natural es si esos cuadros representaban realmente elementos probatorios o si fueron secuestrados simplemente porque la operación necesitaba concluir con algún resultado tangible.
Todo esto ocurre en el contexto de una causa que durante años fue presentada como la punta de lanza de una investigación sobre corrupción sistemática durante administraciones anteriores. Los llamados cuadernos, supuestamente registros de pagos de sobornos, fueron el corazón de una narrativa que generó múltiples condenas y que alimentó debates públicos intensos sobre la corrupción política en el país. Sin embargo, esta retractación y los detalles que emergen sobre cómo se obtuvieron ciertos testimonios plantean interrogantes sobre los fundamentos mismos sobre los que se construyó la acusación.
Las defensas de los empresarios acusados de pagar sobornos, así como las de funcionarios del gobierno anterior, están analizando seriamente llevar adelante una denuncia penal contra los operadores del sistema judicial que participaron en la investigación. El argumento central es que existieron presiones sistemáticas sobre testigos como Silva, maniobras que habrían viciado desde el inicio la obtención de pruebas. Los abogados pretenden que la denuncia se extienda no solo a las acciones de Stornelli, sino también a otros hechos considerados irregulares que fueron rechazados anteriormente por el tribunal oral, luego por la Cámara de Casación y finalmente por la Corte Suprema. Se trata de un intento de reapertura de cuestiones que ya habían sido cerradas institucionalmente, pero que ahora cuentan con un elemento nuevo: la retractación de un testigo clave que reconoce haber proporcionado testimonio falso.
Las posibles consecuencias de estos movimientos procesales son múltiples y dependerán de cómo evolucione la situación en los próximos meses. Por un lado, si se valida la denuncia contra Stornelli y otros funcionarios judiciales, podría abrirse un precedente importante respecto a cómo se condujeron investigaciones de alto impacto político durante años. Por otro lado, existe la posibilidad de que estas denuncias sean desestimadas o que los tribunales consideren que, más allá de irregularidades puntuales, los elementos probatorios que fundamentan las condenas se sostienen de manera independiente. También cabe la perspectiva de que la retractación de Silva sea interpretada como un intento defensivo tardío sin mayor peso probatorio. Lo cierto es que la causa de los cuadernos, lejos de haber cerrado un capítulo sobre la corrupción política argentina, continúa generando movimientos en el tablero judicial que podrían redefinir cómo se entiende la validez de procesos que marcaron la agenda pública durante la última década.
