La constelación empresarial que rodea a Augusto Marini vuelve a crecer. Esta vez, su ingreso al negocio de la televisión de aire porteña marca un punto de inflexión en su diversificación de inversiones en el ecosistema de las comunicaciones argentinas. La administración de Jorge Macri acaba de autorizar que su firma, Cale Group Media, se quede con la operación del Canal de la Ciudad durante los próximos cinco años, bajo un esquema de concesión que implica el pago de un canon mensual de $50 millones. Lo relevante no es solo el monto ni la extensión del acuerdo, sino la trayectoria que precede a este movimiento: un empresario que ya controla plataformas de streaming, que mantiene inversiones en ferrocarriles, y que ahora suma un medio televisivo tradicional a su cartera. Todo esto sucede mientras sus empresas crecen en contratos con entidades estatales.

Una oferta que triplicó el monto de la competencia

El proceso licitatorio para definir quién operaría el canal porteño generó dos propuestas en competencia. Por un lado, Cale Group Media presentó una oferta de $3.000 millones por los 60 meses de concesión, lo que se traduce en ese canon mensual de $50 millones que será destinado a las arcas de la Ciudad. Su contrincante fue Argentinos Media SA, encabezada por el empresario Marcelo González, que propuso $900 millones en total, equivalente a $15 millones mensuales. La diferencia es abismal: la oferta ganadora triplica la del competidor. Desde el gobierno porteño enfatizan que se trata de una concesión, no de una venta, lo cual significa que la titularidad del canal permanece en manos del Estado. Sin embargo, la gestión operativa, la programación y la captación de recursos publicitarios quedarán bajo la administración privada durante los próximos cinco años. Los responsables de la firma adjudicataria ya vislumbran cambios significativos en la estructura del medio. Según sus declaraciones, no antes del año 2027 podría materializarse un relanzamiento integral de la señal, momento que coincidirá con la llegada de nuevas autoridades a la conducción política de la Ciudad, encabezadas por Liliana Parodi.

Un holding diversificado en medios y transportes

La trayectoria empresarial de Marini revela un patrón de expansión hacia diferentes rubros comunicacionales. Su nombre aparece asociado a Carajo, una plataforma de streaming que se ha posicionado como un espacio de contenido alineado con la corriente política del asesor presidencial Santiago Caputo. En esa plataforma confluyen influencers y creadores de contenido que responden a la agrupación conocida como Fuerzas del Cielo. En Carajo, Marini actúa como accionista, compartiendo responsabilidades con Daniel Parisi, conocido en redes sociales como Gordo Dan, quien mantiene una postura oficialista declarada. Pero su portafolio no termina allí. También es propietario de Blender, otro streaming que mantiene una línea editorial diferenciada, sin alineamiento directo con la gestión actual. Esta estrategia de control en múltiples plataformas le permite tener presencia tanto en espacios afines al gobierno como en aquellos que mantienen independencia crítica respecto del poder ejecutivo nacional.

Más allá del universo mediático, el holding de Marini —denominado Cale Group— integra actividades en el sector ferroviario. Una de sus empresas, Motora Argentina, funciona como proveedora de la empresa estatal Trenes Argentinos. Esta contratista ha obtenido varios acuerdos con la operadora ferroviaria en los últimos meses. En abril de este año, Motora fue adjudicada un contrato valuado en US$3,8 millones para la provisión de repuestos destinados a locomotoras y coches. El procedimiento utilizado fue una compulsa abreviada, mecanismo que se activa cuando existe urgencia operativa. En este caso, la justificación fue la emergencia ferroviaria declarada tras el accidente de trenes ocurrido en mayo de 2024. El cronograma administrativo indica que el 8 de abril se abrieron los sobres con las propuestas presentadas, y veintitrés días después se comunicó la decisión a favor de Motora. Según información disponible, hubo otras ofertas que fueron descartadas por no cumplir con requisitos exigidos, y algunas resultaron más onerosas. La empresa Expocomex, por ejemplo, había cotizado en US$4,8 millones, un monto superior al adjudicado.

Controversia sobre conflictos de interés y justificaciones empresariales

La acumulación de negocios de Marini en distintos niveles de la administración pública no ha pasado desapercibida. En mayo del año en curso, cuando se hizo público el contrato ferroviario, el empresario optó por dar su versión de los hechos. Rechazó categóricamente la idea de que sus éxitos comerciales respondan a conexiones políticas o al favoritismo de funcionarios. "Hay una fantasía de que si soy el dueño de Carajo, soy socio del Presidente; que si me presento a una licitación de la Ciudad, soy amigo de Jorge Macri; o que porque tengo una empresa ferroviaria soy testaferro de Maturano. Y eso no es así", argumentó en declaraciones públicas. Su defensa se basó en la trayectoria profesional acumulada a lo largo de años, enfatizando que sus emprendimientos han prosperado en diferentes industrias gracias a la calidad de su gestión y al desempeño de miles de empleados bajo su estructura organizacional. Desde su perspectiva, atribuir todos sus logros a padrinazgos políticos equivale a desconocer el trabajo genuino que sustenta sus negocios.

Complementando su estructura de contratos públicos, el holding de Marini incorporó en agosto de 2024 a Alejandro Javier Hibbert en su nómina. Hibbert había trabajado como asesor de la Gerencia General Operativa en Trenes Argentinos hasta mayo de 2024, según consta en su perfil profesional. Su trayectoria en la empresa pública abarcó distintas gestiones políticas, tanto durante el gobierno de Cambiemos como en el período kirchnerista. Cuatro meses antes de que Motora obtuviera su primer contrato significativo con la operadora ferroviaria, Hibbert se integró al equipo de Cale Group, lo cual amplía la red de contactos y conocimientos internos disponibles para la firma. Con anterioridad, en agosto de 2024, Motora ya había sido adjudicada otro contrato por la suma de 129.800 dólares para cambio de discos de freno y reparación de coches. Este acuerdo fue ampliado posteriormente en octubre con un monto adicional de US$64.900.

Implicancias de una concentración empresarial en medios y servicios públicos

La convergencia de inversiones de un mismo empresario en plataformas mediáticas, televisión de aire y servicios de infraestructura genera preguntas sobre dinámicas de mercado y acceso diferenciado a recursos públicos. Desde una perspectiva de libre competencia, la disponibilidad de información respecto de procesos licitatorios, requisitos técnicos, presupuestos de proyectos y cronogramas administrativos constituye un factor relevante. Quienes poseen empleados insertos en la administración pública, o mantienen relaciones fluidas con funcionarios de distintas reparticiones, acceden a información que otros competidores pueden desconocer o recibir más tardíamente. Esto genera asimetrías en los procesos de selección. Por otro lado, existe la posibilidad de que empresas como Motora simplemente presenten mejores propuestas técnicas y económicas, y que el acceso a información privilegiada sea irrelevante en sus casos de éxito. Los datos públicos disponibles sobre cada adjudicación permiten análisis pero no certezas concluyentes respecto de los móviles reales detrás de cada decisión administrativa. Lo que sí es observable es el patrón: un mismo empresario, múltiples negocios en diferentes sectores, contratos con organismos estatales, y presencia significativa en plataformas mediáticas que tienen capacidad de influencia en el debate público. Estos elementos, en conjunto, configuran una realidad que merece escrutinio, más allá de si existe intención deliberada de favoritismo o no.

Las consecuencias de esta configuración de negocios pueden interpretarse desde ángulos distintos. Para algunos observadores, representa un ejemplo de concentración empresarial que puede afectar la competencia leal y la transparencia en la asignación de recursos públicos. Para otros, refleja simplemente el desempeño de un empresario exitoso que ha sabido capitalizar oportunidades en diferentes mercados y que ha logrado ganarse la confianza de la administración mediante ofertas competitivas. El debate sobre si existe conflicto de interés cuando un mismo agente económico controla medios de comunicación y simultáneamente recibe contratos públicos sustanciales es un interrogante que trasciende el caso particular de Marini, tocando cuestiones más amplias sobre gobernanza, rendición de cuentas y el rol de los medios en una democracia. Lo cierto es que la decisión de adjudicar el Canal de la Ciudad a Cale Group Media, sumada a los contratos ferroviarios previos y a la presencia mediática simultánea, coloca nuevamente bajo atención pública las dinámicas de relacionamiento entre poder político, empresariado y acceso a bienes y servicios estatales.