La cadena de pagos impagos en la obra pública durante la primera década del siglo XXI dejó cicatrices profundas en el empresariado constructor argentino. Ahora, en plena sustanciación de un juicio que toca los cimientos de cómo operaba el sistema durante esos años, emerge el testimonio de un empresario del interior que vivió en carne propia esa tensión: tener que "ponerse" con dinero para destrabar certificados de obra que el Estado demoraba indefinidamente en cancelar. Fernando Palluchini, dueño de la firma Mapal dedicada a trabajos viales y construcción habitacional, compareció como testigo en la causa de los Cuadernos y su relato abre ventanas sobre un mecanismo que funcionaba en la penumbra del sistema formal: cómo las empresas constructoras quedaban atrapadas en un círculo vicioso donde la demora estatal generaba presiones económicas que, a su vez, derivaba en necesidad de "hacer aportes" para conseguir lo que legítimamente les correspondía.
El ahogo financiero como regla del juego
Palluchini no vino a negar que existía un problema sistémico en la obra pública. Su descripción fue crudamente realista: su propia empresa llegó a acumular hasta doscientos días consecutivos sin recibir pagos por trabajos ya ejecutados. Para dimensionar el impacto, basta considerar que una empresa constructora tiene gastos fijos de personal, insumos, alquileres de maquinaria y obligaciones laborales que no pueden suspenderse solo porque el cliente estatal no paga. Esos retrasos no eran episódicos ni puntuales: configuraban un patrón de funcionamiento que, según su propio relato, casi lleva a la quiebra a su organización. Los trabajos que Mapal ejecutaba en San Juan enfrentaban exactamente este dilema: obra completada, certificado elaborado, pero fondos que nunca llegaban en tiempo y forma.
Esta situación trasciende el caso individual. A lo largo de la historia reciente de la Argentina, las obras públicas han sido frecuentemente un espacio de tensiones entre las intenciones del Estado de invertir en infraestructura y la capacidad real de administrar flujos de caja que protejan a los contratistas. Durante los años noventa, las privatizaciones transferían riesgo a empresas privadas. En los dos mil, con el regreso de obras públicas bajo ejecución estatal, emergió un nuevo problema: la administración burocrática de pagos que generaba demoras de meses, incluso años. Palluchini vivió exactamente ese escenario y su empresa fue víctima de ello.
La "camarita" como secreto a voces
Cuando la fiscal Fabiana León le preguntó sobre su experiencia con la Dirección Nacional de Vialidad, Palluchini comenzó a describir un universo paralelo de funcionamiento: una supuesta "camarita" integrada por empresas de la construcción que, entre 2003 y 2015, operaban bajo reglas no escritas. El término refería a una suerte de cartelización donde se repartían trabajos y, paralelamente, se operaba un mecanismo de "obras con retorno"—expresión que implica que los beneficiarios de los trabajos debían "devolver" parte de lo percibido mediante aportes irregulares.
Lo interesante del testimonio de Palluchini es que nunca afirmó haber participado activamente de esa estructura. Por el contrario, su empresa se retiró de la Cámara de la Construcción en 2006 precisamente porque "sabían que eran obras con retorno". Es decir, tuvo conocimiento del mecanismo pero eligió no integrarse formalmente. ¿De dónde provenía ese conocimiento? Palluchini ubicó la fuente en conversaciones de su hermano con el financista Ernesto Clarens y en información que circulaba a través de su gestor ubicado en Buenos Aires. La "camarita" no era un secreto hermético: operaba bajo un código que los empresarios conocían, comentaban, y respecto del cual algunos tomaban decisiones estratégicas sobre su participación.
Palluchini recordó que Clarens era quien "podía destrabar" los pagos impagos. Aunque negó haber participado en ninguna estructura cartelizada, su descripción del rol de Clarens es reveladora: un financista que mantenía vínculos con los empresarios de construcción y funcionaba como intermediario en conflictos de cobro ante el Estado. Cuando su hermano se comunicaba con Clarens, lo hacía para "reclamarle por atrasos de cobros". La pregunta tácita que flota sobre ese relato es incómoda: ¿qué tipo de influencia ejercía Clarens que lo posicionaba como capaz de "destrabar" dinero estatal? ¿Era meramente un gestor o formaba parte de un sistema de presiones indebidas hacia funcionarios?
La frase que resumió el sistema: "ponerse con lo que te tenías que poner"
Cuando Palluchini fue interrogado sobre cómo cobraba los certificados de obra de Vialidad, su respuesta fue lapidaria: "La forma de cobrarlo era que te pongas con lo que te tenías que poner". Esa expresión, cuidadosamente formulada para ser ambigua pero inteligible, encapsula el dilema ético y legal en el que quedaban atrapadas las empresas. No se trataba simplemente de cobrar por trabajo realizado. Existía un "algo" que debía ponerse, aportar, contribuir, para que el mecanismo funcionara. Palluchini nunca especificó quién recibía esos "aportes", ni aclaró explícitamente que fueran coimas, pero el contexto de su testimonio deja implícito que se trataba de pagos indebidos.
Su negativa posterior sobre haber pagado coimas contrasta con esa descripción del funcionamiento. Es el clásico equilibrio de quien quiere dejar constancia de que conocía el sistema, pero que también desea no incriminarse. Sin embargo, el hecho de que describiera ese mecanismo como condición para "destrabar" certificados impagos ya establece la mecánica: demora estatal → presión económica en la empresa → necesidad de "aportar" → pago irregular → finalmente, cobro del certificado. Era un sistema donde los empresarios quedaban en la posición de rehenes financieros.
Palluchini ubicó esta situación dentro de lo que llamó un contexto de "empresarios ahorcados": constructores que ejecutaban trabajos, emitían certificados válidos, pero no recibían pagos, quedando así financieramente estrangulados hasta que resolvían "hacer los aportes que había que hacer". Esa terminología refleja cómo los propios actores económicos comprendían su posición: no como empresarios negociando libremente, sino como personas sometidas a una presión sistemática que dejaba pocas alternativas fuera del juego irregularmente estructurado.
El rol problemático de los "arrepentidos"
Una cuestión que Palluchini cuestionó durante su declaración fue la credibilidad de ciertos testimonios de "arrepentidos" o imputados colaboradores en la causa. Es relevante porque, paradójicamente, fue precisamente un arrepentido—Ernesto Clarens—quien lo incorporó al expediente. Clarens, vinculado a los Kirchner y con acceso al empresariado, proporcionó un listado de firmas que supuestamente pagaban sobornos. Mapal estaba en esa nómina. Palluchini fue imputado inicialmente, prestó declaración indagatoria por escrito, fue posteriormente sobreseído, y ahora comparece como testigo.
Este recorrido institucional de Palluchini muestra la complejidad del sistema de justicia penal en causas de esta envergadura. Un empresario puede pasar de imputado a sobreseído a testigo, dependiendo de cómo evalúe la justicia el grado de responsabilidad. Y ello ocurre en el marco de un juicio donde los principales insumos probatorios provienen de colaboradores que negociaron sus propias responsabilidades a cambio de información. Palluchini, al cuestionar la fiabilidad de algunos arrepentidos, abre una interrogante sobre cuán sólidos son los cimientos de causa que dependen tan significativamente de esos testimonios.
Lo que no se dijo: los nombres que faltaron
Una limitación del testimonio de Palluchini fue que, pese a señalar a Clarens reiteradamente como intermediario clave, nunca llegó a identificar ni explicar puntualmente "qué personas se encargaban del presunto mecanismo de pagos espurios". Describió el sistema, pero no los rostros concretos que lo operaban desde la estructura estatal. Es una brecha importante porque permite mantener un cierto nivel de abstracción: se habla de una "camarita", de "aportes", de necesidad de "ponerse", pero los nombres específicos de quiénes recibía, quiénes distribuía, quiénes presionaba, quedan en la sombra.
Esto plantea una reflexión más amplia sobre cómo operan los sistemas de corrupción sistemática. Frecuentemente no funcionan bajo cadenas de mando explícitas, sino bajo códigos compartidos de comportamiento donde los actores entienden "cómo se hacen las cosas" sin necesidad de órdenes escritas o comunicaciones directas. Palluchini evidencia haber comprendido ese código, pero su declaración no lo lleva—o él no desea llevarla—a la identificación nominal de responsables concretos. Ello deja a los investigadores con descripciones de mecanismos pero sin certeza sobre quién operaba cada pieza del engranaje.
Implicancias y perspectivas abiertas
El testimonio de Palluchini en el marco del juicio de los Cuadernos abre varios ejes de análisis sobre cómo funcionaba el sistema de obra pública durante esos años. Desde una perspectiva, su relato confirma que existía un contexto estructural de presiones: demoras estatales en pagos que generaban angustia financiera en empresas, y ello creaba incentivos perversos para que los empresarios accedieran a esquemas irregulares. Desde otra óptica, el testimonio muestra que algunos actores empresariales—como el propio Palluchini—tomaron decisiones de no participación formal en esas estructuras, lo cual sugiere que existía cierto grado de volición, no solo determinismo.
Las consecuencias de este tipo de testimonios en la causa más ampla pueden ser múltiples. Para los investigadores y la justicia, representan confirmación de que existían mecanismos sistemáticos de irregularidad, aunque sin nombres específicos de operadores estatales. Para el empresariado, refuerzan la percepción de que fueron frecuentemente víctimas de un sistema donde la demora estatal generaba presiones a las que resultaba difícil resistirse. Para los funcionarios públicos imputados, permite a sus defensas argumentar que no hay prueba directa de quiénes específicamente operaban esos "aportes". Y para la opinión pública, abre preguntas sobre cuán profundamente enraizado estaba este tipo de funcionamiento en la administración estatal de la época y qué tan dispuesto estuvo el Estado a proteger a los empresarios que se negaban a participar en estos esquemas—o si, como Palluchini sugiere, simplemente los dejaba sin cobrar indefinidamente.
