El permanente resguardo del exfuncionario

A tres meses de su salida de la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni continúa disfrutando de beneficios que formalmente dejaron de corresponderle: una custodia de fuerzas federales y el acceso diario a un vehículo de transporte oficial. Mientras esto ocurre, la Justicia lo apremia para que presente explicaciones detalladas sobre cómo evolucionó su patrimonio durante su gestión en el sector público. El miércoles pasado vencía una prórroga que un magistrado le había otorgado precisamente para abordar esas interrogantes. La confluencia de ambos hechos —la continuidad de privilegios estatales tras abandonar el cargo y la necesidad de justificar sus bienes— plantea interrogantes sobre los criterios que rigen la transición entre la función pública y la vida privada en la administración nacional.

La protección que recibe Adorni fue argumentada por el Ministerio de Seguridad sobre la base de una evaluación de riesgo. Según fuentes del área que dirige Alejandra Monteoliva, todo funcionario y exfuncionario de alto rango mantiene custodia durante seis meses, período que puede extenderse si las circunstancias así lo justifican. No obstante, especialistas consultados reconocieron que esta práctica resulta infrecuente. Expresidentes, exministros de Seguridad, ex titulares de agencias de inteligencia y miembros de la magistratura son los perfiles que habitualmente conservan esta protección. El caso de un exjefe de Gabinete que mantiene custodia constituye una excepción, aunque técnicamente las normas permiten que cada dependencia de Seguridad adopte decisiones particulares según el análisis del riesgo detectado en cada situación.

El vehículo que no se fue

El automóvil que Adorni utiliza diariamente es una camioneta Toyota SW4 modelo 2022, cuya titularidad registral pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). La entidad turística cedió formalmente el uso de la unidad a la Jefatura de Gabinete el 7 de enero de 2025, durante la gestión de Guillermo Francos. El permiso estipulaba que sería destinado a traslados oficiales del titular de ese ministerio y su comitiva. Las dimensiones de la camioneta fueron consideradas apropiadas para que quien viajara en el asiento trasero pudiera ejecutar trabajo durante los desplazamientos.

Lo singular del caso es que Adorni renunció al cargo el 27 de junio, pero el vehículo continuó bajo su utilización sin que mediara cambio administrativo formal. Cuando Diego Santilli asumió como su sucesor, no hizo uso de esta unidad. Según explicaciones del Gobierno, el auto fue derivado al Ministerio de Seguridad y su utilización quedaría bajo administración de esa cartera. Las respuestas oficiales del Inprotur señalaban que la camioneta permanecía "bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros" aunque también se indicaba que "reviste funciones dentro del Ministerio de Seguridad". Esta ambigüedad administrativa repercute directamente en la responsabilidad de las multas de tránsito que registra.

Las infracciones que se multiplicaron y desaparecieron

Desde que Adorni cesó en sus funciones, la camioneta acumuló decenas de infracciones de tránsito. Registros verificables identificaron más de 50 sanciones, la mayoría por exceso de velocidad, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. El monto conjunto de las multas superaba los $10 millones según los registros públicos disponibles. Muchas de estas infracciones fueron registradas durante fines de semana, lo que sugiere utilizaciones que no necesariamente responden a traslados de seguridad vinculados con custodia oficial.

Lo más intrigante ocurrió en los registros porteños. El martes anterior a la verificación en terreno de que Adorni efectivamente se trasladaba en ese vehículo, la Ciudad registraba 144 multas acumuladas a nombre del Inprotur por un total de $61 millones. De estas, 41 correspondían al período posterior a la renuncia de Adorni, sumando más de $8 millones. Horas después de que fuera constatado públicamente que el exfuncionario se movía en esa camioneta oficial, esas 144 infracciones desaparecieron del sistema de registros públicos. Posteriormente, reaparecieron cuatro multas en jurisdicción porteña. Las explicaciones sobre qué sucedió divergieron: autoridades de la Ciudad señalaron que los vehículos de flota estatal son cobrados como cualquier otro a través de un número de CUIT, mientras que desde Inprotur confirmaron que "todos los gastos corren por cuenta de Jefatura de Gabinete".

La cuestión de si vehículos utilizados por custodias de exfuncionarios deben abonar sanciones de tránsito o pueden ser eximidos en función de su misión de seguridad no tiene respuesta unívoca. Un exfuncionario del área de Seguridad consultado reconoció que hay jurisdicciones que condonan estas infracciones, pero advirtió que "la custodia sabe que, salvo que sea un traslado de seguridad, deben cumplir con todas las normas de tránsito". La verificación en campo constató que el vehículo era utilizado por Adorni mientras viajaba acompañado por agentes identificados como policías federales. También se corroboró su uso para un desplazamiento a una institución educativa.

La cuenta regresiva de las explicaciones

El miércoles de la semana pasada constituía una fecha crítica para Adorni por razones completamente distintas a las del régimen de seguridad. La Justicia le había otorgado una prórroga para presentar explicaciones pormenorizadas sobre su evolución patrimonial. La causa por presunto enriquecimiento ilícito tramita en la fiscalía de Gerardo Pollicita y requiere que Adorni detalle los movimientos de sus bienes, sus gastos y las fuentes de financiamiento correspondientes.

En marzo pasado, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni había afirmado que todo lo que debía estar declarado, efectivamente estaba declarado. Para ese entonces, una camioneta oficial lo trasladaba diariamente hacia la Casa Rosada. Sin embargo, en junio, durante una entrevista televisiva, reconoció la existencia de ahorros no declarados provenientes de inversiones en criptomonedas. Esa admisión modificó significativamente el marco de la investigación. Ahora, en la presentación ante la Justicia, Adorni debe respaldar todas sus explicaciones con documentación que acredite los movimientos financieros y las fuentes de sus recursos. El contraste entre la posición inicial y la posterior aclaración abre interrogantes sobre los alcances de las declaraciones patrimoniales iniciales.

Contexto histórico y presentes discordancias

El tratamiento de exfuncionarios de alto rango en administraciones argentinas ha variado considerablemente a lo largo del tiempo. Históricamente, expresidentes y exministros han conservado custodias extensas, pero la práctica de mantener vehículos oficiales después de dejar el cargo constituye un fenómeno menos documentado. La transición entre el ejercicio de funciones públicas y la vida privada suele implicar cambios abruptos en los beneficios asociados al cargo. En este caso, la continuidad de ambos beneficios sin mediar cambios administrativos explícitos genera una zona gris entre lo oficial y lo personal.

Implicancias y perspectivas sobre la situación

La permanencia simultánea de custodia y vehículo oficial para un exfuncionario mientras enfrenta una investigación judicial por patrimonio abre distintas líneas de análisis. Desde una perspectiva de transparencia administrativa, la ambigüedad sobre quién ostenta responsabilidad por el vehículo y sus infracciones plantea dificultades para el escrutinio público de los gastos estatales. Desde el ángulo de la seguridad, la evaluación de riesgos que justifica la custodia permanece fuera del conocimiento público, lo que impide verificar si responde a criterios uniformes o a situaciones particulares. Desde la dimensión judicial, la continuidad de privilegios estatales durante una investigación por enriquecimiento ilícito genera percepciones contrapuestas: algunos pueden considerarla como reconocimiento institucional de que no hay indicios concretos de ilicitud; otros pueden verla como una continuidad de ventajas que facilita la vida del investigado mientras responde las acusaciones. Los registros de multas que desaparecen y reaparecen en sistemas públicos generan interrogantes sobre los procedimientos de administración de infracciones cuando intervienen vehículos estatales. La respuesta que ofrezca la Justicia a las explicaciones que Adorni presente sobre su patrimonio puede reorientar significativamente estas percepciones y los criterios para futuras situaciones similares.