Un problema de arquitectura legal amenaza con entorpecer la investigación penal en la capital del país. Eduardo Casal, procurador general de la Nación, se presentó ante legisladores para revelar que los fiscales que dependen de su organismo carecen de legitimidad formal para actuar ante el máximo tribunal porteño, una situación que genera un vacío normativo con consecuencias concretas en causas en trámite. La solicitud que elevó al Gobierno apunta a resolver un conflicto jurisdiccional que se remonta a un fallo de la Corte Suprema y que la reforma laboral sancionada recientemente profundizó, acelerando la necesidad de una solución legislativa o ejecutiva inmediata.

El origen del problema radica en lo que la jurisprudencia conoce como el fallo Levinas, una sentencia que reconfiguró la competencia de los tribunales cuando se trata de asuntos tramitados ante la justicia nacional ordinaria con sede en Buenos Aires. Según esta decisión, todas esas causas deben pasar obligatoriamente por el Tribunal Superior de Justicia porteño antes de alcanzar la Corte Suprema. Dicha resolución no fue un acto aislado, sino que tiempo después encontró eco en la legislación penal laboral que el oficialismo impulsó hace pocos meses. "Tuvo una consagración legislativa", explicó Casal al referirse a cómo la nueva ley laboral incorporó el criterio que sostenía la sentencia judicial. Esta convergencia entre jurisprudencia y legislación profundizó una paradoja: los fiscales del fuero nacional están impedidos legalmente de actuar ante un tribunal que ahora es obligatorio en la cadena de instancias.

Un vacío que compromete investigaciones penales

Lo que podría parecer un tecnicismo de especialistas en derecho procesal se convierte en un obstáculo tangible para el ejercicio de la acción penal. Casal ejemplificó el problema con un caso concreto: un fiscal debió recurrir contra una decisión que consideraba errónea en una causa de femicidio, pero lo hizo sin contar con la legitimación formal para intervenir ante el tribunal de la ciudad. La Procuración decidió continuar presentando recursos para no interrumpir la persecución penal, pero Casal fue claro respecto de los límites de esa solución: existe el riesgo permanente de que cualquier cuestionamiento sobre la capacidad legal de los fiscales derive en complicaciones procesales graves. "Tenemos una responsabilidad fundamental, que es hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción", afirmó el jefe de los fiscales.

Fue ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, con sede en el Congreso, donde Casal presentó su reclamo formal. La comisión, encabezada por el diputado Sebastián Galmarini, retomó funciones después de cinco años de inactividad, según se informó, para renovar el control sobre el organismo fiscal sin que ello implique menoscabo de su independencia institucional. En ese marco, Casal no solo planteó el conflicto Levinas, sino que aprovechó para advertir sobre otras carencias graves que afectan el funcionamiento cotidiano de la Procuración. La solución que propone es clara: una norma transitoria, ya sea mediante ley o a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que habilite explícitamente a los fiscales nacionales a actuar ante el tribunal superior porteño durante el período que reste para completar el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la jurisdicción de la ciudad.

Los números que revelan una brecha estructural

Más allá del conflicto puntual, la presentación ante legisladores evidenció deficiencias más amplias en la arquitectura del sistema penal. Juan Manuel Casanovas, secretario de la Procuración, expuso un cuadro desolador de desproporción: en el ámbito federal, existen 380 jueces frente a 222 fiscales. La disparidad de personal es aún más pronunciada: mientras que los juzgados cuentan con aproximadamente 9.300 empleados, el Ministerio Público Fiscal dispone apenas de unos 2.500. Casanovas utilizó una metáfora futbolística para graficar la magnitud del desequilibrio: "Nosotros arrancamos, en términos mundialistas, perdiendo dos o tres a cero". Esa brecha inicial genera un escenario donde los fiscales deben suplir la carencia de recursos mediante una gestión austera, pero con límites claros para mantener la calidad de su labor.

La crisis presupuestaria agravó aún más la situación. Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional, informó que el poder adquisitivo del presupuesto de la Procuración sufrió una caída del 47% en dos años: un 44,7% en 2024 y un adicional 3,3% en 2025. Este deterioro ocurre simultáneamente con la implementación gradual del sistema acusatorio, que transfiere responsabilidades investigativas desde los juzgados hacia la fiscalía, demandando más recursos humanos, tecnológicos e infraestructurales. Un aspecto concreto ilustra la magnitud del desafío: funciones periciales que antes realizaba el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema ahora pasan al Ministerio Público, pero la capacidad instalada es exigua. "Nosotros tenemos un médico y, con suerte, a veces conseguimos otro para poder atender los desafíos", admitió Olima sobre la imposibilidad de responder adecuadamente a demandas periciales cada vez mayores. Además, existen 160 cargos vacantes que se consideran necesarios para la implementación correcta del nuevo sistema: 43 tienen ternas elevadas, 82 están en concursos en curso y 35 permanecen sin convocar.

La gestión de la Procuración también abordó aspectos transversales que reflejan un organismo en transformación. Durante la exposición de resultados correspondiente al período 2024-2026, se destacó la modernización tecnológica y la despapelización de procesos internos como avances significativos. Asimismo, se enfatizó el trabajo en estrategias contra el crimen organizado, la regulación del uso de inteligencia artificial en investigaciones penales, y la creación de un protocolo único para la trazabilidad de información proveniente de organismos de inteligencia. Respecto a este último punto, Olima explicó que toda información de la Secretaría de Inteligencia del Estado ingresa exclusivamente por la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración, que la distribuye hacia las fiscalías especializadas y registra su itinerario hasta una eventual judicialización. "El día de mañana no debería aparecer una causa penal en donde digan: esto se inició por información de inteligencia, sin trazabilidad", enfatizó, en alusión a los antecedentes históricos argentinos de uso discrecional de inteligencia en procesos penales.

Las implicancias de una respuesta pendiente

La confluencia de estos factores genera un panorama donde la próxima decisión ejecutiva o legislativa tendrá impacto múltiple. Si el Gobierno resuelve mediante norma transitoria el problema del vacío legal, habría resuelto solo parte de la ecuación: quedarían pendientes las deficiencias presupuestarias y la carencia de personal. Si, por el contrario, decide no intervenir con urgencia, el riesgo es que recursos procesales que actualmente se interponen de facto terminen siendo cuestionados en apelaciones, provocando nulidades o retrasos en investigaciones penales, particularmente en delitos graves. La implementación del sistema acusatorio, que coloca el peso investigativo en los fiscales, se verá condicionada por la disponibilidad de recursos, independientemente de que se resuelva el conflicto jurisdiccional. Las distintas perspectivas sobre cómo abordar estos problemas revelan tensiones entre la necesidad de modernizar el sistema penal, la realidad fiscal del Estado y las exigencias institucionales de independencia del Ministerio Público frente a presiones políticas o presupuestarias.