Un patrimonio oculto a ambos lados del Atlántico

Hay funcionarios que declaran poco. Y hay funcionarios que, al parecer, no declaran casi nada. Carlos Frugoni, el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, encabeza esta segunda categoría con un caso que combina inmuebles en el sur de Florida, sociedades constituidas en uno de los estados más opacos de los Estados Unidos y un beneficio fiscal que, por definición, solo puede otorgarse a quienes viven permanentemente en ese país. Todo eso, mientras Frugoni cobra sueldo del Estado argentino y conduce desde Buenos Aires las políticas de infraestructura y transporte bajo las órdenes directas del ministro Luis Caputo. La revelación surgió de registros públicos del condado de Palm Beach, en Florida, verificados por LA NACION, y de una difusión del canal A24 que amplió el número total de propiedades sospechosas a ocho inmuebles.

El funcionario no habría presentado ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —el organismo que hasta hace poco se llamaba AFIP— ninguna referencia a estas propiedades ni a las empresas que utilizó para manejar parte de ese patrimonio. La legislación vigente en materia de ética pública es explícita: quienes ejercen cargos en el Estado nacional tienen la obligación de reportar la totalidad de sus bienes, tanto dentro como fuera del país, así como cualquier participación societaria, independientemente de la jurisdicción en la que estén radicadas esas sociedades. Frugoni, hasta donde surge de la documentación disponible, no lo hizo.

Delaware y sus sociedades: el mecanismo elegido para operar

Para administrar al menos una parte de ese patrimonio inmobiliario, Frugoni habría recurrido a dos sociedades de responsabilidad limitada —conocidas en el sistema anglosajón como LLC— constituidas en el estado de Delaware. Se trata de Genova LLC, creada en 2021, y Waki LLC, constituida en 2025. Ambas fueron formadas a través de Harvard Business Services Inc., una firma especializada en la creación de entidades societarias que actúa como agente registrador. Delaware no es un destino elegido por casualidad: es ampliamente reconocido como una jurisdicción que ofrece niveles de opacidad comparables a los paraísos fiscales del Caribe o de Europa central, con mínimos requisitos de divulgación sobre sus beneficiarios reales. Según la documentación que el canal A24 mostró en su cobertura, Frugoni sería el controlante y beneficiario final de ambas estructuras, que habrían servido como vehículos de adquisición y gestión de departamentos cuyos valores de mercado se mueven entre los 140.000 y 310.000 dólares.

Cinco de los ocho inmuebles identificados se encuentran en el condado de Palm Beach. El primero es el departamento 309 ubicado en 300 Waterway Drive South, en Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares. El segundo está en 13212 Glenmoor Drive, en West Palm Beach, tasado en 216.000 dólares. El tercero corresponde al departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, con un valor registrado de 193.000 dólares. El cuarto es el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, valuado en 212.000 dólares. Todos ellos comparten la misma característica: no figuran en ninguna declaración patrimonial presentada por el funcionario ante las autoridades argentinas.

Uno de esos inmuebles tiene un detalle que llama especialmente la atención. En el campo reservado para el domicilio postal del propietario, el registro consigna una dirección en la Argentina: la Avenida Juan Domingo Perón de Benavídez, en la provincia de Buenos Aires, con el código postal B1621. Esa ubicación coincide exactamente con la sede del club Newman, institución con la que Frugoni tiene un vínculo documentado. Egresado del Colegio Newman en 1977, el funcionario también figura en su perfil de LinkedIn como project manager y representante técnico del club entre 1997 y 2008, desempeñando tareas tanto en la sede bonaerense como en España. La aparición de esa dirección en un registro inmobiliario estadounidense no es un dato menor: sugiere que fue anotada deliberadamente como referencia de contacto asociada al bien.

El inmueble más comprometedor: a nombre propio y con beneficio de residente

De toda la cadena de propiedades, la que representa el eslabón más difícil de explicar desde el punto de vista legal y fiscal es el apartamento 626 del edificio ubicado en 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach. A diferencia de los otros inmuebles, este no está a nombre de ninguna LLC: figura directamente a nombre de Carlos Frugoni como único titular. Según la ficha oficial del Property Appraiser del condado de Palm Beach, el funcionario adquirió esa propiedad el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, operación que quedó asentada mediante una warranty deed en el registro oficial número 32692, página 845. La valuación fiscal actual del inmueble trepa a 230.000 dólares, aunque en portales inmobiliarios del mercado estadounidense la tasación ronda los 310.500 dólares. La unidad tiene 136 metros cuadrados cubiertos, tres ambientes y dos baños.

Pero lo más revelador no es el precio ni la superficie. Es la exención impositiva que figura en el mismo registro. Durante el ejercicio fiscal 2021, la propiedad recibió una exención de 50.500 dólares bajo el programa conocido como Homestead Exemption. Bajo la legislación del estado de Florida, ese beneficio está reservado exclusivamente para quienes declaran el inmueble como su residencia principal y permanente. Es decir: para obtenerlo, Frugoni debería haber manifestado ante las autoridades fiscales de Florida que ese departamento en Delray Beach era su hogar habitual. Sin embargo, en ese mismo período —y hasta hoy— el funcionario prestaba servicios en la Argentina y cobraba su salario del erario público nacional. La contradicción es flagrante: no puede ser residente permanente en Florida y funcionario activo del Estado argentino al mismo tiempo.

Un patrón que se repite dentro del Gobierno

El caso de Frugoni no es aislado dentro de la gestión de Javier Milei. En los últimos meses, al menos otros dos funcionarios de alto rango debieron responder por situaciones similares. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentó cuestionamientos por bienes que no había incluido en sus declaraciones patrimoniales. Pero el antecedente más grave corresponde al titular de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, quien adquirió cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade por un valor conjunto superior a los dos millones de dólares, valiéndose de una red de sociedades offshore radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá. Vázquez ya tiene una investigación penal abierta en su contra por presuntos delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos, con el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Guillermo Marijuán a cargo de la causa.

La Ley de Ética Pública establece con precisión las consecuencias de estas omisiones. Los funcionarios que no incluyen en sus declaraciones juradas la totalidad de sus bienes —nacionales o extranjeros— ni sus participaciones societarias pueden ser imputados por el delito de omisión maliciosa, que prevé penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Frugoni, que ya había sido objeto de atención pública durante el gobierno de Mauricio Macri cuando presidió Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y supervisó la construcción del Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires, vuelve a quedar expuesto. Esta vez, sin embargo, el expediente no lo vincula a una obra sino a un patrimonio que, según los registros públicos disponibles en los Estados Unidos, existía en paralelo a su actividad como funcionario y que nunca fue declarado ante quienes, en definitiva, son sus verdaderos empleadores: los argentinos.