En el mapa político que diseña el Gobierno de cara a los comicios presidenciales de 2027, la reforma política emerge como la pieza central de un tablero más amplio donde el objetivo es asegurar la continuidad de Javier Milei en el poder. Pero este proyecto no se reduce a la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. En las últimas semanas, desde la Casa Rosada circula una propuesta que podría modificar sustancialmente la forma en que los argentinos votan en categorías legislativas: la habilitación de listas colectoras que funcionarían atadas a candidatos presidenciales. La estrategia responde a una necesidad concreta: dar márgenes de maniobra a gobernadores que quieran respaldar al presidente sin necesidad de integrarse completamente a la estructura del oficialismo libertario.
Las conversaciones sobre este nuevo mecanismo involucraban al subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem, hombre de confianza de Karina Milei, y al recién designado jefe de Gabinete Diego Santilli. Ambos han mantenido contactos con un grupo heterogéneo de gobernadores peronistas y radicales para evaluar la viabilidad de incorporar este instrumento en la reforma política más amplia que impulsa el oficialismo. Según relevamientos internos realizados en Balcarce 50, la probabilidad de que las colectoras terminen siendo incluidas ronda el 60 por ciento, aunque en otros sectores de la administración mantienen posturas más reservadas respecto de si esta iniciativa llegará a cristalizarse.
Un mecanismo pensado para la flexibilidad sin perder el control
Para comprender qué busca el Gobierno con este sistema, es necesario analizar cómo funcionaría en la práctica. Bajo este esquema, en la boleta única de votación, debajo de la fotografía del candidato presidencial aparecerían dos opciones de listas legislativas. En el caso de Milei, una sería la de La Libertad Avanza en su versión nacional, mientras que la otra podría ser la lista que presente un gobernador aliado en su provincia. Este mecanismo permitiría que un mandatario provincial que no logre llegar a un acuerdo para confluir en una única lista legislativa con el Gobierno nacional mantenga su propia estructura electoral, pero vinculada a la candidatura presidencial libertaria. De esta manera, el voto que emita un ciudadano en favor de Milei no tendría por qué traducirse automáticamente en votos para diputados y senadores libertarios.
La propuesta tiene antecedentes históricos en Argentina. Durante décadas, la llamada ley de lemas permitía en algunas provincias que diferentes fracciones de un mismo partido compitieran bajo la misma denominación partidaria, fragmentando internamente el voto sin que ello significara una ruptura formal. Aunque desde la Casa Rosada niegan que las colectoras guarden similitud con aquel viejo mecanismo, varios gobernadores y referentes provinciales han expresado sus dudas respecto de esta comparación. En términos técnicos, los detalles sobre cómo se distribuirían las bancas legislativas aún están siendo discutidos. Una línea argumentativa sostiene que debería aplicarse el sistema D'Hont —el método de reparto proporcional utilizado actualmente— tratando a las colectoras como listas separadas. Otra visión, más cercana a los gobernadores, propone mantener este procedimiento de manera idéntica a la que existe hoy.
Los interrogantes técnicos que condicionan la viabilidad política
Pero en el seno del oficialismo libertario existen preocupaciones genuinas respecto de cómo operaría esta división de votos. Imaginemos un escenario concreto: si el frente oficialista obtiene 10 puntos con su lista nacional de diputados y 5 puntos adicionales con una colectora provincial, acumulando un total de 15 puntos, mientras que el peronismo sin esta modalidad consigue 14 puntos, el resultado variaría sustancialmente según cómo se contabilicen esos votos. Si se suman los votos de ambas listas libertarias antes de aplicar el sistema D'Hont, la distribución de bancas seguiría una lógica. Si se tratan como listas completamente separadas, el resultado podría ser radicalmente distinto. Este detalle técnico, que podría parecer puramente administrativo, implica consecuencias políticas profundas sobre la composición del Congreso.
La propuesta avanzada desde la Casa Rosada apunta a que las colectoras funcionen únicamente para la elección de diputados nacionales, dejando fuera la categoría senatorial, aunque en varias provincias se eligen senadores en los años pares. Además, el Gobierno pretende establecer un límite claro: cada candidato presidencial podría llevar un máximo de dos listas legislativas, evitando que un mismo postulante a presidente fragmente excesivamente su oferta electoral. Esta restricción responde a la necesidad de mantener una arquitectura comprensible para el elector común y de evitar escenarios de fragmentación extrema que históricamente han complicado gobernabilidades legislativas.
El contexto más amplio: reforma política como estrategia de poder
La incorporación de colectoras debe entenderse dentro de un proyecto de reforma política más ambicioso que abraza múltiples dimensiones. La eliminación o suspensión de las primarias sigue siendo el objetivo central declarado. El Gobierno argumenta públicamente que se trata de una promesa electoral de 2023 destinada a reducir costos electorales, aunque en privado los funcionarios reconocen que el fin político es más profundo: permitir que el Gobierno central controle los acuerdos electorales sin la competencia interna que generan las primarias. Junto a esto, la reforma política también buscaría modificar el sistema de financiamiento de partidos políticos. Todas estas iniciativas comparten un propósito común: fortalecer la capacidad del oficialismo para negociar con gobernadores provinciales desde una posición de mayor control.
En la lectura que hace la Casa Rosada, la mayoría de los gobernadores va a desdoblar las elecciones provinciales respecto de la nacional en 2027. Esto significa que habrá comicios separados en cada provincia para elegir autoridades locales y legisladores provinciales, mientras que la elección presidencial ocurrirá en simultáneo a nivel nacional. En ese contexto, el punto central de negociación es qué sucede con la elección legislativa nacional. Si un gobernador decide desdoblar, es decir, no confluir electoralmente con el Gobierno en la categoría provincial, ¿cómo se ordena para que al menos respalде la candidatura presidencial? Las colectoras ofrecerían una respuesta a este dilema. Un mandatario provincial que no quiere integrar la estructura libertaria podría presentar su propia lista de diputados nacionales vinculada a Milei, generando un respaldo presidencial sin subordinación legislativa nacional.
El peronismo fragmentado como oportunidad
Para el Gobierno, la fragmentación actual del peronismo representa tanto un riesgo como una oportunidad. El movimiento peronista carece de una dirección única que ordene actores y territorios. Si fuese Axel Kicillofa quien llevara la candidatura presidencial peronista en 2027, podrían coexistir en la boleta dos listas de diputados: una propia de su estructura y otra de La Cámpora, la agrupación que orbita en torno a Cristina Fernández de Kirchner. Ambas estarían vinculadas al mismo candidato presidencial, pero con estructuras organizativas y financieras distintas. Para el oficialismo, esto representa una oportunidad de beneficiarse de esa dispersión. Pero también genera incertidumbre, porque un peronismo fragmentado pero movilizado podrían seguir siendo un competidor formidable en las urnas.
La suspensión de las primarias, que ya ocurrió en 2025, aparece ahora como una medida más probable que la eliminación definitiva. Karina Milei y su círculo de negociadores políticos han presionado por una erradicación total del mecanismo, pero las resistencias legislativas y provinciales han llevado a replanteos. Una suspensión temporal, como ocurrió hace pocos meses, permitiría al Gobierno el control electoral inmediato para 2027 sin necesidad de una reforma constitucional o de una aprobación legislativa demasiado complicada. Las colectoras, en cambio, requieren una reforma política más estructural, lo que explica por qué están siendo negociadas con cuidado y con márgenes de cautela incluso dentro del propio Gobierno.
Respecto de las proyecciones de reelección de Milei, la Casa Rosada descansa en variables macroeconómicas. El Presupuesto 2027 que el Gobierno presentó recientemente proyecta una desaceleración de la inflación, recuperación de salarios reales, aumento del ingreso disponible en los hogares, mejora del consumo y reducción del desempleo. Si estas variables acompañan, el oficialismo tendría mayor capacidad para condicionar a sus socios políticos provinciales a que se sumen a su proyecto. Sin embargo, en los últimos cuatro meses, la imagen del Gobierno ha sufrido impactos negativos derivados de decisiones que generaron fricción política y social, como la insistencia en mantener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete. La llegada de Santilli, exministro del Interior con experiencia en negociaciones legislativas, busca girar la película en términos de viabilidad política de estas agendas.
Dudas provinciales y el futuro de una reforma aún incierta
No todos los gobernadores reciben con entusiasmo la propuesta de colectoras. En varias provincias han expresado recelos respecto de su implementación, y aunque desde Balcarce 50 se niega cualquier similitud con la ley de lemas, la comparación persiste en los espacios de poder territorial. Esto refleja una desconfianza más profunda: la percepción de que el Gobierno nacional intenta imponer mecanismos que, aunque nominalmente ofrecen flexibilidad, en realidad buscan cerciorarse de que toda manifestación electoral quede subordinada a los objetivos presidenciales. La negociación sigue abierta, con sectores que responden a gobernadores aún sin definición clara respecto de si apoyarán esta reforma.
El escenario electoral de 2027 se construye en estos meses de transacciones entre la Casa Rosada y los poderes territoriales. Las colectoras representan una de las herramientas más sofisticadas en ese tablero, diseñada no para eliminar conflictos políticos sino para canalizarlos dentro de estructuras que mantengan al presidente en el centro de la escena. Los detalles técnicos sobre votación y distribución de bancas seguirán siendo discutidos. Las resistencias provinciales seguirán expresándose. Y la viabilidad final de esta reforma dependerá tanto del desempeño económico de los próximos meses como de la capacidad de negociación del nuevo equipo de Santilli frente a gobernadores que buscan preservar márgenes de autonomía territorial. Lo que está en juego es nada menos que cómo los argentinos elegirán a sus representantes legislativos, y de manera indirecta, cuáles serán los márgenes de gobernabilidad que tendrá quien ocupe la presidencia después de 2027.
