Una máquina de comunicación que se atasca
Cuando un gobierno reconoce públicamente que su andamiaje comunicacional no funciona, algo fundamental se ha resquebrajado. En los últimos setenta días, el Ejecutivo nacional ha enfrentado una tormenta de credibilidad que no logra superar, y el epicentro de esa turbulencia reside en el ministro coordinador, cuyas revelaciones sobre patrimonio y desplazamientos han puesto en jaque la narrativa oficial. Lo que comenzó como un incidente aislado en marzo se metamorfoseó en un problema sistémico que expone las fragilidades profundas de cómo este gobierno comunica sus decisiones y resguarda su legitimidad ante la opinión pública. Funcionarios de distintas áreas reconocen con candor que la maquinaria está trabada, que los anuncios rebotan sin eco, que las conferencias de prensa—antaño herramienta central del poder—han sido marginadas de la estrategia diaria.
Desde el 8 de marzo, cuando estallaron los primeros cuestionamientos, hasta la actualidad, se ha generado un vacío comunicacional que el oficialismo no ha podido llenar. El ministro coordinador, quien fungía como principal portavoz y rostro visible del gobierno ante los medios, ha desaparecido casi de la circulación pública. En estos setenta días, apenas ofreció tres conferencias de prensa: la del 25 de marzo, otra el 4 de mayo, y una más hace apenas días. Cada una de esas intervenciones, en lugar de cerrar el caso y restaurar confianza, terminó alimentando nuevas interrogantes. Los funcionarios que participan en las deliberaciones internas admiten sin tapujos que los resultados no solo decepcionaron, sino que se distanciaron significativamente de los objetivos buscados. Aquello que debería haber sido un mecanismo para aclarar posiciones se convirtió en un amplificador de dudas.
La parálisis de las redes y el desencanto de la tropa digital
El universo digital representa el corazón del proyecto libertario. Es en las redes sociales donde este gobierno ha construido buena parte de su identidad política, donde moviliza sus bases, donde lanza mensajes no filtrados. Sin embargo, desde que explotó la crisis del ministro coordinador, ese ecosistema ha permanecido sorprendentemente mudo. Altos funcionarios describen esta quietud con términos inequívocos: "el mundo digital está apagado". Las fuerzas que históricamente han sido el brazo más dinámico del oficialismo—aquellas lideradas por el asesor presidencial encargado de coordinar la estrategia digital—se han mantenido en un silencio que muchos dentro del gobierno interpretan como señal de debilidad.
Las razones de este mutismo son múltiples y reveladoras. Por un lado, existe un descontento genuino entre segmentos jóvenes que conforman la base digital del proyecto. No se trata de un desacuerdo fabricado desde afuera, sino de un malestar orgánico que ha calado profundo. Quienes observan esta dinámica desde adentro señalan que resulta contraproducente intentar ordenarles qué deben defender cuando la convicción ha desaparecido. A esto se suma un factor adicional que ha generado fricción interna: denuncias interpuestas desde dentro del propio partido libertario contra varios activistas digitales cercanos al asesor presidencial, quienes fueron convocados a indagatorias judiciales. Un diputado del oficialismo presentó acusaciones contra estos tuiteros, lo cual no solo escaló la tensión interna sino que ahuyentó aún más a quienes podrían haber sido multiplicadores de mensajes gubernamentales. El efecto fue contraproducente: mientras el gobierno intentaba defender su posición en redes, terminó judicializando a sus propios soldados digitales.
La ausencia de plan: cuando improvisar se vuelve norma
Quizás el reconocimiento más importante que surge de las conversaciones con funcionarios de distintos niveles es este: nunca existió una estrategia. Esa admisión, pronunciada sin ambages, encapsula el corazón del problema. Cuando una crisis de magnitud golpea a un gobierno, la respuesta debe ser planificada, coordinada, pensada en términos de narrativa de largo plazo. En este caso, no hubo nada de eso. El resultado es que tras setenta días, el tema continúa generando información diaria, continúa siendo materia de debate público, continúa erosionando credibilidad. La falta de una dirección clara ha permitido que cada nuevo giro de la controversia atrapre al gobierno de sorpresa, obligándolo a reaccionar en lugar de actuar proactivamente.
Paralelamente, existe otro fenómeno que agrava la situación: la inutilidad percibida de los anuncios gubernamentales. Ministros emiten comunicados sobre distintas materias de sus carteras, algunos de ellos de relevancia considerable, y simplemente no generan repercusión. El titular de Relaciones Exteriores, por ejemplo, realiza declaraciones de manera constante sobre temas de política exterior, pero sus palabras se disipan sin impacto. Esta indiferencia hacia los anuncios oficiales refleja un agotamiento de la audiencia o, quizás, una desconexión más profunda respecto de la credibilidad del propio gobierno. Cuando los medios no recogen lo que dice el Ejecutivo, cuando la ciudadanía no se moviliza ante sus pronunciamientos, es señal de que algo fundamental en la relación entre poder y público se ha deteriorado.
El rol del vocero y sus limitaciones en la arquitectura comunicacional
Durante los primeros meses de este gobierno, la comunicación funcionaba de acuerdo a un esquema clásico: el ministro coordinador ejercía como principal vocero, convocaba a conferencias de prensa, ofrecía declaraciones, determinaba la agenda. Esa dinámica, aunque también enfrentaba críticas, al menos ofrecía un mecanismo predecible de interacción entre el poder y los periodistas. Sin embargo, desde que la figura del ministro entró en cuestionamiento, ese sistema colapsó. Su alejamiento casi de facto del rol de portavoz dejó sin operador central a la comunicación oficial. Y aquí está la paradoja: el gobierno intentó continuar funcionando comunicacionalmente sin su principal instrumento, lo cual resultó en un vacío que nadie más fue capaz de ocupar de manera efectiva.
Algunos funcionarios fueron directos en su diagnóstico: "Que no pueda hablar el portavoz, empantana todo". Esa frase resume la magnitud del problema. Un vocero incapacitado para ejercer su rol por encontrarse bajo escrutinio público no es un vocero; es un lastre que consume recursos comunicacionales sin producir los efectos esperados. El coordinador de los distintos ministerios debería ser quien articule y unifique los mensajes del Ejecutivo, quien explique las decisiones, quien dispute la narrativa pública. Cuando esa función se paraliza, toda la maquinaria se ralentiza.
Buscando salidas: la declaración jurada y la esperanza en lo digital
Frente a este panorama, el gobierno no permanece inactivo. En los despachos libertarios existe la expectativa de que la presentación de una declaración jurada por parte del ministro coordinador podría apaciguar las dudas que circulan sobre su patrimonio y sus desplazamientos. Es una esperanza, claro está, pero también reconoce implícitamente que los mecanismos de comunicación convencionales ya no bastan. La documentación oficial, la aclaración administrativa, la transparencia documentada: estos son los instrumentos en los que el gobierno deposita su confianza para zafarse del atolladero.
Sin embargo, aquellos más cercanos a la estrategia digital del Ejecutivo saben que el terreno digital exigirá más que una declaración. Ese ecosistema, que ha sido fuente de fortaleza durante la campaña y los primeros meses de gobierno, ahora presenta una realidad diferente. No se trata simplemente de publicar más contenido o de movilizar más tuiteros. La desconexión es más profunda: toca cuestiones de confianza, de identificación, de sentido de dirección. En los círculos oficialistas se repite una frase que expresa la urgencia: "Algo hay que hacer". Es el reconocimiento de que el statu quo es insostenible, de que la inercia no llevará a ningún lado, de que se requieren cambios en la forma en que se concibe y ejecuta la comunicación gubernamental.
Perspectivas abiertas: incertidumbre sobre el futuro comunicacional
Las próximas semanas serán determinantes. El gobierno enfrenta un dilema sin soluciones obvias: cómo restaurar credibilidad cuando la figura de su principal vocero ha sido cuestionada, cómo movilizar a un electorado digital que experimenta desencanto, cómo hacer que sus anuncios resuenen en una ciudadanía que parece haber dejado de escuchar. La declaración jurada del ministro coordinador podría cerrar ciertos aspectos técnicos del escándalo, pero la erosión comunicacional es un fenómeno más amplio que no se resuelve con un documento. La pregunta que atraviesa al gobierno es si es posible reconstruir desde el punto en que se encuentra, o si la arquitectura comunicacional requiere una transformación más profunda. Algunos sostienen que el problema es específicamente la persona del coordinador y que su alejamiento—sea temporal o definitivo—sería suficiente para resetear la narrativa. Otros argumentan que el problema es sistémico, que refleja déficits más amplios en cómo este gobierno piensa la comunicación, la rendición de cuentas y la relación con sus bases. Lo cierto es que setenta días sin resolver una crisis de credibilidad representan un tiempo largo en términos políticos, y cada día que pasa sin estrategia clara es otro día en el que el gobierno pierde capacidad para fijar agenda, para contar su historia, para movilizar apoyo. Las medidas que adopte en los próximos pasos determinarán no solo si logra salir de este atolladero específico, sino también cómo ese episodio moldeará la percepción pública sobre su capacidad de gobernar.
