La maquinaria de gestión del Ejecutivo nacional atraviesa una fase crítica de negociaciones en las sombras. Con poco más de tres meses y medio por delante hasta el cierre del año legislativo, el oficialismo se juega la viabilidad de su plataforma parlamentaria en una serie de encuentros reservados que revelan las dificultades reales para construir mayorías en una Cámara fraccionada. El jefe de Gabinete Diego Santilli funciona como el principal operador de estas conversaciones, ejerciendo un rol que trasciende la mera formalidad administrativa: es el nexo directo entre el poder central y los gobernadores cuyo voto puede resultar decisivo para que tres iniciativas legislativas de importancia estratégica lleguen a puerto.
En menos de 48 horas, Santilli ha recibido a seis mandatarios provinciales en la Casa Rosada, divididos en tandas de encuentros que continuarán durante las próximas semanas. La estrategia revela una verdad incómoda para un Gobierno que llegó al poder con discurso antipolítica: cuando llega la hora de legislar, las viejas prácticas de negociación territorial resurgen con naturalidad. El miércoles pasado se concretaron reuniones con Raúl Jalil de Catamarca, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Gustavo Sáenz de Salta y Osvaldo Jaldo de Tucumán. Para el jueves, estaba programado recibir al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, acompañado esta vez por el ministro de Economía Luis Caputo, lo que denota la relevancia asignada a esa provincia. También en la agenda figuraba Gustavo Melella de Tierra del Fuego, mientras que Leandro Zdero de Chaco reprogramó su encuentro para una fecha posterior.
El carrusel presupuestario: inflación, salarios y compensaciones
El timing de estas negociaciones no es casual. Apenas horas antes de que Santilli recibiera a los primeros gobernadores, el Gobierno remitió al Congreso su proyecto de presupuesto para 2027. Este documento, considerado la columna vertebral de cualquier administración, proyecta un crecimiento del PBI del 4 por ciento y anticipa una inflación acumulada del 18 por ciento anual, en un contexto donde el promedio para 2026 se estima en 21,1 por ciento. Simultáneamente, los salarios tendrían un ajuste promedio del 25,4 por ciento, una cifra que a simple vista parece favorable pero que requiere contextualizarse en la dinámica inflacionaria proyectada.
El presupuesto ya genera resquemores en múltiples sectores. Organizaciones de derechos sociales alertan sobre la eliminación de partidas asignadas a programas de discapacidad y diversas asignaciones vinculadas a políticas de protección social. Estos recortes representan una decisión política explícita: priorizar el equilibrio fiscal por encima de ciertos gastos redistributivos. En este contexto, los gobernadores del Norte Grande —región históricamente dependiente de transferencias nacionales— tienen razones concretas para presionar por excepciones o compensaciones específicas. Durante el encuentro de Santilli con estos mandatarios, surgieron demandas puntuales: Jaldo mencionó explícitamente la ley de zonas frías y zonas calientes, un mecanismo de compensación por gas en el sur y energía eléctrica en el norte, así como la necesidad de fondos para infraestructura vial. Estos pedidos no son caprichos provinciales sino expresión de desigualdades territoriales estructurales que ningún Gobierno puede ignorar si pretende sustentabilidad política.
Reforma electoral y soberanía: las batallas legislativas de mayor envergadura
Más allá del presupuesto, el Gobierno acarrea en su maleta parlamentaria dos proyectos adicionales de alto voltaje político. El primero es la reforma electoral, cuyo objetivo central declarado es la eliminación de las PASO —las primarias abiertas simultáneas y obligatorias— de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Esta medida genera resistencias entrecruzadas: tanto en la oposición como entre algunos aliados existe escepticismo respecto de cambiar las reglas de juego electoral apenas tres años después de la última reforma importante. Las PASO, implementadas hace más de una década, se han convertido en un escenario de pulseadas internas dentro de los espacios políticos, y su eliminación redibuja el mapa de poder interno de cada fuerza. Patricia Bullrich, quien encabeza el bloque libertario en el Senado, ya advirtió públicamente sobre la dificultad para conseguir los números suficientes. El proyecto, aunque comenzó su tratamiento en comisión, apenas avanzó hacia un cuarto intermedio indefinido, lo que en lenguaje parlamentario significa estancamiento temporal pero también potencial boicot.
El segundo proyecto legislativo refiere al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado específicamente a la causa Malvinas. Esta iniciativa busca incrementar sanciones contra empresas que operen en la zona de disputa territorial, así como extender esas sanciones a sus proveedoras. A diferencia de la reforma electoral, este proyecto goza de mayor consenso potencial en el Congreso. La cuestión Malvinas tiene en Argentina un estatus casi intocable desde el punto de vista de la política exterior y la identidad nacional: cruza transversalmente el espectro ideológico sin demasiadas grietas. Sin embargo, aunque los operadores gubernamentales suponen que será más sencillo conseguir apoyo para este proyecto, tampoco esperan un tratamiento express. La máquina parlamentaria argentina, incluso cuando existe consenso sobre un tema, tiende a moverse con lentitud.
Lo que revela esta multiplicación de encuentros entre Santilli y los gobernadores es que el Ejecutivo está consciente de que en ninguno de estos tres frentes —presupuesto, reforma electoral, soberanía— cuenta con mayorías automáticas. El Congreso actual refleja una fragmentación que obliga a toda negociación legislativa a pasar por acuerdos territoriales. Los gobernadores, a su turno, entienden que tienen margen para presionar por demandas específicas de sus provincias a cambio de entregar los votos de sus bancadas legislativas. Este es el juego político clásico, reproducido desde hace décadas en Argentina: la geometría variable donde cada actor busca maximizar su posición.
El silencio estratégico y la falta de transparencia en las negociaciones
Un elemento revelador de estas rondas de negociación es la opacidad con la que se desarrollan. Desde la Jefatura de Gabinete emitieron declaraciones genéricas sobre encuentros en los que se habría conversado de "los principales temas de la agenda de estas provincias", un eufemismo que no especifica nada. Los gobernadores, por su parte, tampoco fueron proclives a revelar detalles de sus demandas o los compromisos que pudieron haber adquirido. Jaldo fue la excepción parcial, mencionando específicamente la cuestión de las compensaciones por energía, pero incluso él evitó profundizar. Esta falta de transparencia es funcional para ambas partes: permite que el Gobierno mantenga la ficción de que negocia desde una posición de fortaleza, mientras que los gobernadores pueden decir en sus provincias que obtuvieron concesiones sin necesidad de exponerse públicamente.
Asimismo, llama la atención un cambio de formato en las reuniones de este miércoles: Santilli recibió a los gobernadores en soledad. En encuentros anteriores había estado acompañado por figuras del ala más ortodoxa del libertarianismo oficial. La ausencia de estos acompañantes sugiere un ajuste táctico: cuando se negocia con aliados provinciales sobre dinero, obras y compensaciones, parece que el Gobierno prefiere evitar la presencia de custodios ideológicos que pudieran complicar acuerdos pragmáticos. Este detalle, aparentemente menor, expresa la contradicción interna que existe entre el discurso antipolítica de campaña y las prácticas políticas reales que la administración se ve obligada a implementar.
La batalla legislativa por venir probablemente definirá no solo la viabilidad de estos tres proyectos, sino también el modelo de gobernanza que termine consolidándose. Si el Gobierno logra aprobar el presupuesto con ajustes puntuales pero mantiene el núcleo de su propuesta fiscal, la señal será que los gobernadores negociaron pero aceptaron la dirección general de la política económica. Si, en cambio, termina haciendo concesiones significativas en gasto social o infraestructura, quedará evidenciada la dificultad de implementar un proyecto ajustista en un sistema federal con gobernadores con poder de veto. La reforma electoral, por su lado, enfrentará resistencias más ideológicas: cambiar las reglas electorales a mitad del juego siempre genera suspicacias sobre las verdaderas motivaciones. Y la soberanía sobre Malvinas, aunque consensuada, se moverá lentamente simplemente porque en Argentina, cuando se trata de cuestiones de territorio e identidad nacional, las decisiones legislativas tienden a dilatarse para reforzar la apariencia de reflexión profunda. Las próximas semanas de negociación dirán si el Gobierno es capaz de construir los acuerdos necesarios o si, por el contrario, terminará enfrentando dilaciones y bloqueos que retrasen indefinidamente su agenda parlamentaria.
