A horas de enfrentar un pulso legislativo que amenaza con sacudir los equilibrios del oficialismo, el Gobierno pivota su postura sobre el polémico decreto que derogó los controles sobre compra de tierras rurales por extranjeros. La Casa Rosada prepara un nuevo texto para negociar con sus socios parlamentarios y busca persuadirlos de que desistan de participar en la sesión especial convocada para mediados de octubre, donde sectores opositores intentarán voltear el decreto presidencial. El movimiento, coordinado desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, representa un cambio táctico significativo en una cuestión que ha generado tensiones tanto dentro como fuera del recinto.
La sesión en cuestión, prevista para el 15 de octubre, fue solicitada por el peronismo, organizaciones de izquierda y otros bloques que buscan derogar completamente el DNU 70/2023, el mismo decreto que eliminó la histórica Ley 26.737, normativa que regulaba desde hacía más de una década la compra, venta y posesión de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. En esa misma jornada, también se prevé debatir sobre temas como políticas de discapacidad y desendeudamiento de familias. Sin embargo, la cuestión de tierras es la que concentra la mayor atención política en estos días.
Una propuesta que busca encontrar el punto medio
Lo que diferencia esta nueva movida del Gobierno de sus intentos anteriores es el enfoque negociador. Durante la jornada de este martes, equipos oficialistas trabajaron en una propuesta alternativa que sería incluida en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, ya sancionado por el Senado pero que excluyó precisamente el capítulo sobre tierras por falta de consenso. Esta redacción revisada, según informaron fuentes cercanas al debate parlamentario, buscaría reposicionar límites a la adquisición de tierras por extranjeros, pero de manera diferente a como originalmente lo había planteado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuyo proyecto ya había fracasado en la Cámara alta.
La posición inicial del Ejecutivo era radicalmente permisiva: eliminaba el tope histórico del 15% de superficie rural que podía ser adquirida por extranjeros, suprimía el cupo máximo por nacionalidad y removía límites territoriales regionales, particularmente el de mil hectáreas en la zona pampeana. Incluso habilitaba la compra de nacientes y ojos de agua, recursos que hasta entonces estaban vedados para compradores foráneos. Esa propuesta, sin embargo, generó resistencias importantes en la Cámara Alta, donde los bloques dialoguistas —principalmente la Unión Cívica Radical— impulsaron una versión sustancialmente distinta que reintroducía regulaciones.
El borrador que ahora circula en círculos cercanos al oficialismo incorporaría varios de esos elementos que la oposición parlamentaria había planteado. Entre ellos, se menciona el establecimiento de límites máximos para la venta de tierras a ciudadanos extranjeros, requisitos de aprobación provincial para operaciones en zonas fronterizas, un doble aval que incluiría tanto a gobiernos locales como al Poder Ejecutivo Nacional, y la posibilidad de que los registros de estas transacciones queden bajo administración provincial. Asimismo, se sugiere mantener el piso del 15% y establecer un máximo del 30% de ese porcentaje para una misma nacionalidad. Estos cambios representan una retracción notable respecto de las pretensiones desreguladoras originales del Ejecutivo.
El contexto judicial y la presión política sobre los gobernadores
La nueva estrategia gubernamental no surge en el vacío: se despliega después de que la Corte Suprema de Justicia determinara convocar a jueces conjueces para que analicen la constitucionalidad del decreto que derogó la Ley de Tierras. Este fallo, aunque no invalida el decreto de manera inmediata, abre una ventana para cuestionar su legalidad fundamental. El artículo 154 del decreto 70/2023 simplemente ordenó: "Derogase la Ley N° 26.737", eliminando de un plumazo una normativa que durante más de una década había regulado cuestiones vitales para provincias como Misiones, Corrientes y Santiago del Estero, territorios donde la tierra representa un recurso estratégico.
Este escenario ha presionado particularmente a los gobernadores, especialmente a aquellos cuyos bloques parlamentarios forman parte de la coalición dialoguista. El caso más visible es el de Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, quien ante el fallo judicial ya instruyó a su fiscalía de Estado a iniciar acciones legales para resguardar el territorio provincial frente a la libre adquisición de tierras por extranjeros. Su bloque legislativo en la Cámara baja, liderado por Óscar Herrera Ahuad a través del bloque Argentina Federal, se ha manifestado públicamente en la misma línea, subrayando la importancia de defender el territorio y los recursos naturales como forma de proteger el arraigo y el futuro de sus poblaciones locales. El Gobierno es consciente de que si no ofrece respuestas tangibles, estos referentes provinciales se sumarían sin hesitación a la sesión convocada por la oposición.
Por su parte, diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo, como Eduardo Falcone, han expresado públicamente que el Gobierno debe anunciar una propuesta sensata sin demoras. Falcone planteó explícitamente que insistir con la propuesta de Sturzenegger sería contraproducente, ya que ya fracasó en el Senado y carece de apoyo en Diputados, y que mantener la situación actual sin límites a la venta de tierras a extranjeros es inviable desde una perspectiva política y de gobernanza territorial.
La negociación en el recinto: jugadores y tiempos
La estrategia desplegada por la presidencia de la Cámara, bajo la conducción de Martín Menem, incluye reuniones directas con los bloques dialoguistas en el Salón de Honor. En estas conversaciones participan el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, y dos diputadas identificadas como estrategas del oficialismo: Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado. El objetivo es claro: convencer a estos referentes de que decidan no participar en la sesión del 15 de octubre, ofreciendo a cambio la posibilidad de debatir los temas en una fecha posterior, específicamente una semana después, el 21 de octubre.
La oposición dialoguista, por su lado, mantiene la confianza de alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir el recinto en la fecha programada. Referentes como Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Mónica Frade (Coalición Cívica) han señalado que poseen los compromisos suficientes. Mientras tanto, en el anexo del Congreso continuaron durante gran parte del martes los debates sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, donde todos los expositores invitados rechazaron la propuesta original del Ejecutivo, reflejando el aislamiento de la postura más permisiva del Gobierno en materia de tierras.
Paralelo a estos movimientos parlamentarios, también transcurrieron conversaciones entre el Ejecutivo y gobernadores sobre temas más amplios, particularmente el proyecto de Reforma Política que el Gobierno ha enviado al Senado. Estas negociaciones sobre múltiples frentes sugieren que La Libertad Avanza está recalibrando su capacidad de navegación política ante un escenario donde su mayoría parlamentaria es estrecha y frágil, dependiendo de acuerdos caso a caso.
Las implicancias de un giro táctico
El cambio de posición que el Gobierno introduce revela algo importante sobre el estado de las correlaciones de fuerza en el Parlamento actual. Hace apenas semanas, el Ejecutivo impulsaba una desregulación total en materia de tierras rurales, eliminando protecciones históricas que habían sido consensuadas en gobiernos de distinto signo político. La reintroducción de límites, cuotas por nacionalidad, controles provinciales y requisitos de aprobación dual representa una claudicación parcial, aunque sea formulada como una "nueva versión mejorada" de propuestas anteriores.
Desde una perspectiva histórica, la Ley 26.737 fue sancionada en 2011 tras debates que reconocían la importancia de preservar la soberanía alimentaria y la propiedad nacional de recursos estratégicos. Su eliminación mediante decreto generó resistencias inmediatas, no solo de sectores opositores sino también de gobiernos provinciales de distinta orientación política que reconocieron riesgos concretos en sus territorios. El nuevo borrador del Gobierno, aunque reintroduce regulaciones, aún mantendría un régimen más permisivo que el original, permitiendo una participación extranjera significativa siempre que respete ciertos pisos y techos.
Lo que está en juego en estos próximos días trasciende la mera cuestión técnica de cuotas y límites: se trata de definir cuál es el rol que el Parlamento jugará en el escrutinio de decisiones del Ejecutivo, especialmente aquellas tomadas mediante decretos de necesidad y urgencia. La sesión del 15 de octubre, si prospera, enviaría un mensaje sobre la capacidad de la oposición y los aliados dialoguistas para contrapesar iniciativas presidenciales controvertidas. Por el contrario, si el Gobierno logra diluirla mediante concesiones graduales y promesas de debate posterior, consolidaría la noción de que los decretos presidenciales pueden ser negociados y ajustados, pero difícilmente revertidos de manera frontal.
Las consecuencias de este pulso trascienden lo inmediato. Un acuerdo entre el Ejecutivo y los dialoguistas sobre una versión moderada de regulación de tierras podría fortalecer la gobernabilidad en el corto plazo, pero también establecería un precedente sobre cómo se negocian cuestiones de largo alcance institucional. Para quienes priorizan la estabilidad parlamentaria, esto representaría un logro; para quienes enfatizan que los cambios de esta magnitud requieren debate legislativo amplio, sería una señal preocupante sobre el rol del Parlamento. Simultáneamente, provincias con mayor capacidad de veto político podrían consolidar mayores espacios de decisión sobre sus recursos, mientras que aquellas más débiles políticamente quedarían sujetas a negociaciones centralizadas en el Ejecutivo. El resultado final de estas conversaciones definirá no solo el régimen que regirá la compra de tierras rurales en Argentina, sino también el equilibrio de poderes en un contexto de fragilidad legislativa del Gobierno.
