A mediados de agosto del año pasado se concretó una serie de operaciones comerciales que hoy centran la atención de investigadores judiciales: la compra de equipos de videojuegos por un valor total de 5.848.589 pesos, realizada a través de la plataforma Mercado Libre bajo la cuenta personal del actual jefe de Gabinete, pero financiada mediante tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios públicos que se desempeñaban bajo su supervisión directa. Las transacciones superaban ampliamente el sueldo mensual del funcionario en ese período, establecido en 3,5 millones de pesos. Más allá del aspecto técnico de las operaciones, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control en las estructuras administrativas estatales y sobre cómo se ejecutan gastos en el sector público cuando intervienen intermediarios.
Los detalles de las adquisiciones y sus financistas
Según registros a los que accedieron investigadores especializados en delitos económicos, el monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz fue adquirido el 19 de agosto por un monto de $2.184.999,05. El documento de compra en la plataforma de comercio electrónico identifica como pagadora a Laura Daniela Schiuma, funcionaria que se desempeñaba como directora general de Actividades Presidenciales dentro de la estructura de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Previamente, Schiuma había ocupado un cargo de menor jerarquía como coordinadora de Planificación, siendo ascendida durante 2024 dentro de la misma área administrativa que respondía al jefe de Gabinete. Su designación figura en los registros del Boletín Oficial con categoría de empleado transitorio, no permanente.
Respecto a los dos proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, ambos fueron registrados como pagados el 13 de agosto de 2025, aunque con una discrepancia temporal respecto al monitor. Cada uno de estos aparatos costó $1.831.795. Los documentos de pago identifican como titular de ambas tarjetas de crédito a Luis Enrique Aluju, quien en el momento de las compras se desempeñaba como coordinador de Información de Gobierno dentro de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas, también integrada en la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Como en el caso anterior, Aluju figuraba registrado como empleado con designación transitoria.
Un patrón que se extiende a otros gastos investigados
Las adquisiciones de equipamiento recreativo no constituyen el único foco de atención de las autoridades judiciales. Los registros de investigación que maneja la fiscalía competente revelan operaciones adicionales que mantienen similares características de intermediación. Específicamente, el 2 de junio del año anterior, una funcionaria pública identificada como Gisela Kocsis realizó un pago en efectivo de 8.183.383 pesos en un comercio especializado en artículos de blanquería y decoración para el hogar. La adquisición estaba destinada a equipar una propiedad ubicada en el country Indio Cua, inmueble que había sido recientemente adquirido por la familia del jefe de Gabinete. Según lo documentado en los expedientes, esa época coincidía con tareas de remodelación integral de la vivienda de fin de semana.
El rastro de esta operación se originó de una forma inesperada: la factura de la compra fue localizada en el teléfono móvil de Matías Tabar, el contratista responsable de la remodelación de la propiedad. Este hallazgo desencadenó un análisis más profundo del dispositivo, que permanece bajo custodia de la autoridad investigadora. En su interior, además de documentación relacionada con gastos residenciales, los investigadores identificaron intercambios de mensajes de texto que sugieren coordinación sobre declaraciones judiciales futuras. De acuerdo con fuentes conocedoras del expediente, la información disponible indica que Tabar habría sido invitado a coordinar aspectos de su testimonial, aunque toda evidencia apunta a que el contratista rechazó participar en tal negociación. Su intervención como testigo resultó particularmente incómoda para los investigados, ya que reveló gastos de gran envergadura: solo la remodelación de la casa en Indio Cua consumió 245.929 dólares estadounidenses en pagos en efectivo.
El contexto: una pasión por los videojuegos bien documentada
Para comprender la naturaleza de las adquisiciones, resulta relevante considerar la trayectoria personal del funcionario relacionada con los videojuegos. Antes de asumir responsabilidades en la administración estatal actual, el jefe de Gabinete participaba activamente en plataformas de transmisión en vivo, donde jugaba e interactuaba con comunidades en línea. En declaraciones públicas anteriores, se identificó a sí mismo como un coleccionista de consolas antiguas, específicamente máquinas de la década de 1980 como Commodore 64 y ColecoVision, adquiridas durante su niñez. En esa misma oportunidad, explicó que la dificultad para obtener esos equipos en su época provenía de su situación económica familiar de clase media y del alto costo que representaban las computadoras en ese entonces.
Su interés prolongado por juegos de estrategia, particularmente la saga Age of Empires, quedó documentado en producciones audiovisuales disponibles en plataformas públicas. En esos registros, describía sesiones maratónicas de juego junto a amigos, extendidas durante días consecutivos sin interrupciones significativas. El contenido incluía agradecimientos a personas que realizaban aportes voluntarios en forma de contribuciones económicas. Este historial de participación en comunidades de videojuegos y su condición de productor de contenido en línea proporcionan contexto sobre la motivación detrás de la adquisición de equipamiento de última generación, aunque no justifican el mecanismo financiero utilizado ni responden interrogantes sobre los procedimientos administrativos y legales que rodearon estas transacciones.
Implicancias institucionales y legales pendientes
La acumulación de estos hechos presenta aristas que trascienden lo meramente anecdótico y plantea cuestiones sustantivas sobre los controles internos existentes en estructuras gubernamentales de alto nivel. La utilización de tarjetas de crédito de subordinados para financiar compras personales, incluso cuando éstas posteriormente pudieran ser reembolsadas o no serlo, genera un conflicto potencial de intereses y cuestiona mecanismos de supervisión. Que los funcionarios intermediarios hayan sido posteriormente ascendidos en sus respectivas posiciones añade una capa adicional de complejidad al análisis de estas transacciones. Por su parte, la materialización de gastos en efectivo para equipar una propiedad privada, documentada mediante recibos localizados en teléfonos de terceros, apunta a prácticas que operan en márgenes grises de la formalidad administrativa.
A la fecha, las autoridades investigadoras continúan procesando información obtenida de diversos dispositivos y documentación incautada. El expediente que maneja la fiscalía especializada acumula evidencia que será eventualmente evaluada para determinar si las acciones configuran irregularidades administrativas, delitos contra la administración pública, o ambas categorías simultáneamente. La negativa del funcionario a responder consultas sobre estas operaciones cuando fue contactado refleja una estrategia de no comentario que caracteriza a algunos actores públicos cuando enfrentan interrogantes sobre sus gestiones financieras. Las perspectivas sobre cómo proseguirá la investigación y qué conclusiones derivarán de ella permanecen abiertas: algunos observadores consideran que los hechos exponen deficiencias graves en los mecanismos de auditoría estatal, mientras que otros señalan que no debe anticiparse conclusión alguna hasta que se agoten los procedimientos legales correspondientes. Lo que sí resulta incontrovertible es que la documentación registra operaciones concretas, montos específicos y participantes identificables, elementos que forman el sustrato sobre el cual se desarrollará el análisis jurídico en instancias competentes.
