En un giro que desafía la coherencia discursiva que el kirchnerismo ha mantenido durante años, la bancada de senadores afín a Cristina Kirchner respaldó sin resistencias el ascenso de Pablo Yadarola a la Cámara Federal de Comodoro Py. El voto favorable constituye un episodio de considerable relevancia política porque el mismo Yadarola había sido identificado, apenas meses atrás, como parte de un episodio que la propia oposición kirchnerista catalogaba como la manifestación más contundente del fenómeno que denominaban "lawfare". El cambio de posición genera interrogantes sobre las prioridades legislativas del bloque y marca un distanciamiento de los argumentos que había esgrimido con mayor vehemencia durante los últimos años respecto del funcionamiento de la estructura judicial.
El viaje que se convirtió en símbolo de una batalla política
En octubre de 2022, un grupo de magistrados, funcionarios de seguridad y empresarios viajó a Lago Escondido, la propiedad ubicada en el sur del país que pertenece al empresario británico Joe Lewis. Ese desplazamiento reunió a personalidades que, según el relato kirchnerista, encarnaban la confluencia entre sectores del poder judicial, la inteligencia estatal y los medios hegemónicos. Entre los viajantes se encontraba Julián Ercolini, juez federal que había impulsado varias de las investigaciones más significativas contra referentes del kirchnerismo. También participó Carlos Mahiques, quien había llegado a la Casación a través de un traslado administrativo y que anteriormente había desempeñado funciones ministeriales en la gestión de María Eugenia Vidal. La comitiva incluía además ejecutivos del Grupo Clarín y personal vinculado a servicios de inteligencia. Para los críticos del "lawfare", esa postal representaba la materialización de una hipótesis que venían sosteniendo: la existencia de redes de cooperación entre magistrados, empresas mediáticas y sectores del aparato estatal con propósitos persecutorios.
Yadarola, quien se desempeña en el fuero Penal Económico con un perfil discreto, también integró esa comitiva. Su participación en el evento trasandino pasó a formar parte del acervo de pruebas que el kirchnerismo utilizaba para demostrar la captura de la justicia. Los senadores afines a Kirchner no dudaron en criticar duramente el episodio cuando emergieron los primeros datos públicos. José Mayans, quien lidera la bancada, fue particularmente enfático en sus denuncias. "El tema de Lago Escondido es la prueba de que tenemos un país que no tiene división de poderes porque la Justicia fue prácticamente captada por ese poder económico", señaló por entonces. Amplificó su crítica señalando que la captura operaba en los tres niveles del sistema: primera instancia, segunda instancia y Casación. Esas palabras quedaron registradas en el debate público como parte del núcleo duro de la posición kirchnerista respecto del funcionamiento institucional.
La documentación que validó las sospechas y luego se invalidó
Los chats que surgieron a partir de un acceso no autorizado a un dispositivo móvil aportaron elementos que parecían confirmar el relato crítico. En esos intercambios privados, los viajantes conversaban sobre estrategias para ocultar los detalles del viaje y coordinaban narrativas públicas que lo presentaban como un desplazamiento de carácter personal y autofinanciado. El senador Mariano Recalde no escatimó palabras: "Esos chats reflejan de una manera muy clara, obscena y directa lo que venimos diciendo hace mucho tiempo. Se trata de una verdadera asociación ilícita. Se juntaron para ver cómo ocultaban unos delitos y cómo se cometían otros". Esas declaraciones eran representativas del tono que atravesaba los pronunciamientos del bloque en ese momento. El mismo nivel de dramatización lo expresó Mariano Soria cuando Mahiques fue sometido a votación en el Senado meses después: "Cuando le pregunté por esto en la audiencia pública me contestó que había ido a Lago Escondido a trabajar. Seguro que no mintió, que fue a laburar en la consolidación de la alianza entre miembros de la justicia, grupos económicos y servicios de inteligencia que expone cómo funciona el Poder Judicial".
Sin embargo, la actividad judicial posterior siguió un camino diferente al que los críticos esperaban. La causa relativa al viaje fue trasladada a Comodoro Py, donde eventualmente fue cerrada. Los protagonistas del episodio fueron sobreseídos. La justicia determinó que los mensajes privados en los cuales se basaba la investigación habían sido obtenidos mediante procedimientos ilegales, lo cual inhabilitaba su uso como evidencia. Ese razonamiento judicial invalidó la base probatoria que sustentaba las acusaciones. De este modo, el episodio de Lago Escondido quedó jurisdiccionalmente cerrado sin condenas, sin consecuencias penales y sin la estructura de responsabilidad que el kirchnerismo había visualizado como necesaria.
La coherencia subordinada a consideraciones legislativas
El jueves pasado, durante la votación de los pliegos de magistrados, el tono y la conducta de Mayans experimentaron una transformación considerable. El jefe de la bancada declaró que su bloque no "iba a entorpecer" la carrera de ninguno de los candidatos, incluido Yadarola. El voto se alineó con esa proclama: aprobación. Entre las explicaciones que circulaban en círculos cercanos a la bancada aparecía la consideración de no proyectar una imagen de impotencia legislativa. En otras palabras, votar en contra de Yadarola y perder de todas formas hubiera dejado un saldo de debilidad política visible. Esa lógica estratégica se reveló con mayor crudeza en el caso de Pablo Bertuzzi, el otro candidato a ocupar un lugar en la Cámara Federal. El kirchnerismo rechazó su pliego con toda la fuerza disponible, pero la aprobación se concretó sin obstáculos. Algunos miembros de la bancada consideraban a Bertuzzi "invotable" debido a su actuación previa en causas contra referentes del espacio. Antes de su traslado durante la presidencia de Mauricio Macri, Bertuzzi había integrado el Tribunal Oral Federal 4, que condenó a Amado Boudou en la causa Ciccone y a Julio De Vido por la tragedia de Once, por la cual el exfuncionario cumple actualmente pena de prisión.
El antecedente más cercano que pesaba sobre la decisión era la votación relativa a Carlos Mahiques en mayo de ese año. En aquella oportunidad, el kirchnerismo duro votó en contra de su continuidad como camarista y quedó reducido a su mínima expresión en el Senado, con apenas 11 votos. Esa derrota electoral en la cámara alta dejó marcas políticas profundas. Para evitar una replicación de ese escenario humillante, la estrategia del bloque en la votación de Yadarola consistió en acompañar su ascenso y reservar la resistencia para Bertuzzi, sabiendo que perderían pero buscando al menos una victoria parcial. Senadores como Wado De Pedro, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio y Jorge "Coqui" Capitanich votaron a favor de Yadarola, tal como lo hizo Recalde, quien apenas meses antes había sido uno de los críticos más ácidos del viaje a Lago Escondido. Soria, quien había ejercido una crítica particularmente severa contra Mahiques por su participación en el episodio, estuvo ausente en la votación de Yadarola.
Una ruptura con posiciones sostenidas en otros espacios
El respaldo senatorial de Yadarola también contradijo la posición que el propio kirchnerismo había adoptado meses antes en el Consejo de la Magistratura. En ese organismo, los representantes afines al kirchnerismo rechazaron el dictamen de mayoría que incluía a Yadarola en la terna de candidatos para acceder a la Cámara. De este modo, el bloque votó de manera negativa en un ámbito institucional y de manera positiva en otro, sin que existiera cambio alguno en los hechos que rodeaban al magistrado. La única modificación fue el contexto estratégico: en el Consejo, la derrota no tenía consecuencias electorales directas; en el Senado, una votación en contra de Yadarola se sumaría a una derrota ya anunciada sobre Bertuzzi. El cambio de conducta entre una instancia y otra evidencia que la variable determinante no fue la evaluación de los antecedentes del magistrado sino las consideraciones relativas a las posibilidades reales de éxito o fracaso legislativo.
Las implicancias de un giro discursivo
El episodio plantea interrogantes sobre las trayectorias políticas de los movimientos que construyen su identidad mediante críticas sistémicas a instituciones específicas. Cuando esas críticas son subordinadas a cálculos de corto plazo, la credibilidad de la denuncia original queda sujeta a revisión. No se trata aquí de hacer juicios morales sobre la conducta de los senadores, sino de observar que un argumento que fue presentado como evidencia de una patología estructural del sistema judicial dejó de ser un obstáculo para el avance de carreras judiciales apenas cuando el costo político de mantenerlo se tornó demasiado elevado. La narrativa del "lawfare" que el kirchnerismo había desplegado con considerable intensidad durante años no desapareció del discurso; simplemente se aplicó de manera selectiva. Yadarola fue votado a favor; Bertuzzi fue rechazado. Ambos habían viajado a Lago Escondido, o en el caso de Bertuzzi, su integración en tribunales que condenaron a referentes kirchneristas lo ubicaba en una posición similar de crítica. La diferencia residió en dónde el bloque podía permitirse perder sin que la derrota fuera tan evidente.
Estos desenvolvimientos institucionales generan múltiples lecturas según la perspectiva que se adopte. Desde ciertos ángulos, la decisión podría interpretarse como un signo de pragmatismo político: la aceptación de que el Senado tiene límites reales y que resistir todas las candidaturas judiciales que el Gobierno propone conduce inevitablemente a derrotas que erosionan la capacidad de negociación. Desde otras perspectivas, el cambio de posición respecto de Yadarola constituye un abandono de principios que habían sido presentados como fundamentales para el funcionamiento democrático. Existe también la posibilidad de leer el episodio como una indicación de que las críticas al "lawfare" funcionaban más como herramientas retóricas en contextos de confrontación que como convicciones profundas sobre la estructura del poder judicial. Lo que sí resulta innegable es que la votación a favor de Yadarola marca una discontinuidad respecto de cómo el kirchnerismo había procesado públicamente el viaje a Lago Escondido. Ese cambio, sin importar cuáles sean las motivaciones que lo expliquen, altera la textura de los debates sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales y abre interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales esas críticas se mantienen o se abandonan. Las consecuencias de estos giros serán visibles en los próximos meses en la medida en que la Cámara Federal, con Yadarola ya integrado, continúe supervisando las investigaciones más sensibles del país.
