Un laberinto burocrático sin rostro emerge en el centro de una investigación judicial que cuestiona los mecanismos de control estatal durante un período crítico de la economía argentina. Entre 2020 y 2024, bajo la administración de Alberto Fernández, el sistema destinado a regular las importaciones operó de una manera que ahora plantea interrogantes fundamentales sobre la responsabilidad administrativa y penal. La peculiaridad radica no en lo que sucedió, sino en quién —o qué— lo permitió. Los procedimientos informatizados automatizados se convirtieron en escudo invisible para quienes pudieron haber sacado provecho de un entramado de aprobaciones aceleradas.
La investigación dirigida por la fiscalía federal ha buscado incansablemente identificar a los funcionarios que autorizaban solicitudes de importación en tiempo récord. Sin embargo, los organismos del Estado no han podido —o no han querido— proporcionar esos nombres. ARCA, la Administración Federal de Ingresos Públicos, informó categóricamente que no existían usuarios humanos habilitados para operar el sistema SIRA en su ámbito. En otras palabras, nadie tenía que apretar un botón. Todo ocurría automáticamente, evaluando solo si se cumplían ciertos requisitos formales. Esta respuesta institucional abre un interrogante inquietante: ¿es posible que un sistema de importaciones de una república moderna funcione sin decisión humana alguna? ¿O la automatización es apenas la cortina detrás de la cual alguien tomaba decisiones en la sombra?
El misterio de las empresas sin trazas
Los investigadores federales enfocaron su atención en tres firmas específicas: Nemes S.H. de Fuentes N., Mazza Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L. El interrogante era directo: ¿quién autorizaba sus permisos de importación? Las respuestas llegaron, pero desprovistas de los nombres que la Justicia requería. En el caso de Fizika, el vacío es aún más desconcertante: según consta en la documentación oficial remitida por ARCA, esta empresa nunca registró declaraciones SIRA. Dicho de otro modo, no hay registro de que haya operado como importadora en el sistema, pero aparentemente sí gestionó importaciones. El documento enviado a la Justicia señala de manera explícita que "no existían en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos usuarios habilitados para operar con el sistema".
Este hallazgo inicial genera un efecto dominó de complejidades. Si el sistema funcionaba de manera completamente automatizada, aprobando solicitudes basándose únicamente en el cumplimiento de requisitos técnicos, entonces ¿dónde estaba el punto de control humano en el que podrían haberse cometido irregularidades? ¿Y si lo había, por qué no aparecen en los registros? La fiscalía federal había solicitado de manera urgente esta información a través de oficios dirigidos a ARCA, el Banco Central y Aduanas. Las semanas transcurrieron y las respuestas llegaron, pero vacías de los detalles nominales que permitieran individualizar responsabilidades en la cadena de aprobación.
Los datos que sí llegaron y los que no
Existe una paradoja central en lo que ARCA reportó a los tribunales: mientras que los datos objetivos sobre las operaciones fluyeron sin inconveniente —solicitudes, bloqueos, montos, estados de trámite—, la identificación específica de funcionarios que participaron en cada aprobación simplemente no aparece. Es como si el sistema guardara registro meticuloso de lo que pasó, pero no de quién lo hizo. Los documentos aseguran que toda interacción con el sistema SIRA se realizaba mediante procedimientos informáticos automatizados, lo que sugiere que no existía un paso en el cual una persona específica tuviera que firmar, revisar o autorizar manualmente cada solicitud. Sin esos datos nominales, la Justicia se ve imposibilitada de establecer responsabilidades individuales en el proceso de aprobación de permisos de importación.
La consecuencia práctica es grave: el fiscal Franco Picardienfrentaba un muro de imposibilidad técnica para perseguir responsables. Los oficios que giró a distintos organismos buscaban obtener información que, aparentemente, el Estado no poseía de manera accesible o no estaba dispuesto a proporcionar. Mientras tanto, los investigadores trabajaban con otros elementos que sí existían. Habían obtenido información de 23 Agentes de Liquidación y Compensación, entre ellos bancos como Cohen, Banco Industrial, Allaria, Macro, Comafi y Banco Credicoop, todos incorporados al sistema "Coirón" por su volumen de operaciones. También se recolectaron datos del Banco Central sobre múltiples casas de cambio que operaban en el mercado: Gis Cambio, Atlántida del Rosario Cambios, Cambio Belgrano, Fast Cambio, Gallo Cambios, Mega Latina, MG Cambio, Puerto Cambio, Rosario Cambio, Areco Cambio y Meran. Sin embargo, las agencias Dem Cambio y Pablo Fortuny S.A. no registraban antecedentes en los sistemas del BCRA.
El trasfondo de la investigación revela un cuadro de operaciones que escapaban a los mecanismos de control tradicionales. Los investigadores trabajaban sobre la base de información obtenida de dispositivos móviles, específicamente del celular de Martín Migueles, propietario de casas de cambio con conexiones con otros actores del entramado investigado. En conversaciones datadas en 2023 aparecían referencias explícitas al pago de porcentajes para gestionar aprobaciones aceleradas de SIRA. Se hablaba de coimas que oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento del monto de importación, con la promesa de autorización en 24 horas, cuando los procedimientos ordinarios demoraban hasta seis meses. Este contraste temporal es clave: un proceso que supuestamente era completamente automatizado de alguna manera permitía aceleraciones dramáticas mediante pagos informales. ¿Cómo una máquina acelera su funcionamiento mediante sobornos?
Las sombras del dólar oficial y el cepo
Más allá de los permisos de importación acelerados, la investigación se extendía hacia un terreno económico igualmente turbio. Los investigadores examinaban operaciones de acceso al dólar oficial bajo el régimen de cepo cambiario vigente durante la gestión de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa. El cuadro que emergía mostraba a intermediarios accediendo a divisas a precio regulado —es decir, obteniendo dólares del Banco Central a una cotización oficial controlada y artificialmente baja— para luego venderlas en el mercado paralelo a precios significativamente superiores. Las ganancias de estas operaciones eran considerable, constituyendo una forma de arbitraje cambiario que redistribuía recursos de manera no autorizada. Este mecanismo representaba una distorsión en el acceso a divisas, un recurso escaso en economía cerriles que enfrentaban restricciones cambiarias.
El contexto histórico es relevante para comprender la magnitud de lo investigado. Argentina ha experimentado múltiples ciclos de restricción de acceso al dólar, pero el período 2020-2024 fue especialmente complejo, marcado por presiones inflacionarias, pérdida de reservas internacionales y una brecha creciente entre el dólar oficial y el paralelo. En este contexto, los permisos de importación no eran meros trámites administrativos: eran puertas de acceso a divisas. Obtener una aprobación acelerada para importar significaba poder comprar dólares oficiales más rápidamente y potencialmente arbitrarlos. La investigación sugería que este mecanismo era conocido y aprovechado por actores específicos que pagaban comisiones para acelerar procesos que supuestamente eran automatizados y, en teoría, no deberían poder acelerarse.
Las implicancias de los hallazgos hasta ahora reportados trascienden el caso específico de las empresas investigadas. Plantean preguntas estructurales sobre los sistemas de control administrativo y sobre los registros que mantiene el Estado. Si ARCA reporta que no existen usuarios humanos identificables porque todo es automatizado, entonces o bien el sistema fue diseñado de manera deficiente para permitir evasiones de responsabilidad, o bien existe información que no está siendo revelada. Los datos objetivos que sí fueron entregados —solicitudes, montos, estados— demuestran que el sistema sí registra. ¿Por qué entonces no registra quién aprobó qué? Esta brecha entre los datos existentes y los datos faltantes es el verdadero misterio de la causa SIRA. Mientras la investigación continúa, el laberinto burocrático permanece: máquinas que aprueban sin decisión visible, funcionarios que no aparecen en registros, operaciones que aceleran en tiempos imposibles, y toda una cadena de responsabilidad que se disuelve en procedimientos informatizados que, aparentemente, nadie controla.
