La semana pasada, en Córdoba, se cerró un acuerdo preliminar que toca uno de los puntos más espinosos de la geografía política argentina: la inequidad en materia de servicios básicos entre regiones. Diego Santilli y Luis Caputo se sentaron con los máximos responsables ejecutivos de provincias norteñas para discutir la modernización de la normativa sobre compensaciones eléctricas en territorios de clima extremo. Aunque la reunión dejó un terreno común identificado, los gobernadores presentes pusieron el acento en algo que trasciende los números y los porcentajes: la necesidad de que lo acordado no sea un fuego fatuo administrativo, sino un compromiso con raigambre institucional que no se esfume con un cambio de gobierno o una decisión burocrática.
Detrás de esta exigencia hay un patrón histórico que marca profundamente la relación entre el poder central y las provincias del interior. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, sintetizó la frustración con una descripción brutal: durante los últimos treinta años, las compensaciones anunciadas con bombo y platillo se aplicaban durante una o dos temporadas y luego simplemente desaparecían, sin justificaciones públicas ni diálogos previos. Esta experiencia reiterada ha generado una desconfianza estructural que ningún comunicado de prensa logra superar. Por eso, en la mesa de negociaciones, los mandatarios plantearon con claridad que el nuevo régimen debe contar con lo que denominaron "continuidad jurídica": es decir, un blindaje legal que impida que futuras administraciones lo cancelen por decreto o resolución administrativa sin proceso legislativo de por medio.
Los números del desequilibrio regional
Lo que se acordó en términos técnicos tiene dimensiones considerables. En territorios clasificados como zonas muy cálidas, el umbral de consumo eléctrico que accede al subsidio federal se duplicaría prácticamente: pasaría de 300 kilowatts hora a 550. En zonas cálidas, el aumento sería del 100 por ciento, desde 150 a 300 kilowatts hora. El beneficio operaría entre los meses de noviembre y abril, cuando en el Noroeste y Noreste argentino las facturas de electricidad alcanzan máximos históricos debido a la necesidad de aire acondicionado permanente. Según los cálculos presentados, esta arquitectura permitiría que el Estado Nacional sufrague entre el 50 y el 80 por ciento del costo de la energía, dependiendo de la clasificación climática de cada zona.
El caso de Salta ilustra la magnitud del problema. La provincia, a través de su Decreto 50/23, implementó su propio régimen de bonificación tarifaria para zonas cálidas, que alcanza aproximadamente 106.000 familias y que le cuesta al erario provincial alrededor de 1.800 millones de pesos mensuales durante la estación veraniega, lo que suma cerca de 9.000 millones anuales. Ahora bien, lo que busca Sáenz es que esa carga sea absorbida por la Nación, extendiendo el reconocimiento a casi 140.000 familias de ocho departamentos salteños: Rivadavia, Orán, San Martín, Anta, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria. Esta simple cifra expresa la envergadura fiscal que tiene para una provincia de ingresos limitados mantener este tipo de política social de manera sostenida.
Una deuda federal de décadas sin resolver
En la reunión participaron también los gobernadores de Catamarca (Raúl Jalil), Chaco (Leandro Zdero) y Jujuy (Carlos Sadir). La Rioja estuvo representada por funcionarios de menor rango debido a las tensiones políticas existentes entre su gobernador Ricardo Quintela y la administración nacional. El mensaje que emergió de los gobernadores transcendió las particularidades provinciales: se trata de una asimetría sistémica que lleva décadas sin resolverse. Sáenz mismo lo formuló de modo directo: Argentina está estructuralmente dividida en tres franjas geográficas con realidades económicas radicalmente distintas. El norte subsidia, de facto y de jure, el costo de vida de las zonas frías. No se trata de un juicio moral sobre si está bien o mal que ocurra, sino de un diagnóstico económico que exige corrección. Comparó la situación con otro gran problema federal irresuelto: la coparticipación tributaria, que desde 1994 permanece en estado de indefinición permanente.
Lo que se estableció como hoja de ruta inmediata tiene dos fases. Primero, una resolución emanada de la Secretaría de Energía podría activar los beneficios ampliados antes de que comience el próximo verano, permitiendo que entre en vigencia sin demoras burocráticas. Segundo, una ley sancionada por el Congreso vendría a solidificar la medida, dándole la jerarquía normativa que los gobernadores exigían. Sin embargo, Sáenz fue enfático en que cualquier instrumento debe contener salvaguardas que impidan su reversión unilateral. No basta con una resolución administrativa que el próximo gobierno pueda revocar de la noche a la mañana. Los mandatarios necesitan certidumbre de que, una vez implementado, el régimen se mantendrá independientemente de cambios de correlaciones políticas en el Ejecutivo nacional.
Las consecuencias de este acuerdo preliminar pueden interpretarse desde múltiples ángulos. Si se convierte en realidad, significaría un reconocimiento formal de parte del gobierno central de que existe un desequilibrio regional que demanda compensación. Esto podría establecer un precedente para reclamaciones similares en otros ámbitos: infraestructura vial, educación, salud. Para los gobiernos provinciales, representaría alivio fiscal inmediato y legitimidad política ante sus electorados. Para el Tesoro Nacional, implicaría costos adicionales significativos durante varios meses al año, aunque distribuidos en el tiempo. Por otro lado, si los mecanismos legales no logran blindar la política de manera efectiva, es probable que el ciclo de promesas y cancelaciones se repita, profundizando la brecha de confianza entre niveles de gobierno. El resultado dependerá de decisiones institucionales futuras que exceden lo acordado en esta reunión inicial.
