La residencia presidencial de Olivos despertó hace poco como epicentro de una crisis interna que trasciende lo doméstico. La reducción de personal en la quinta —un equipo de apenas diez personas entre cocineros, jardineros y personal de limpieza— fue ejecutada sin previo aviso, mediante telegramas de despido sin causa que llegaron el viernes pasado. El mensaje previo había sido crudo: "Les va a llegar el telegrama". Se trata de rescisiones contractuales que, según la lectura oficial, responden a la intención de extremar medidas de seguridad. Sin embargo, el episodio reveló algo más profundo: la instalación de sospechas sobre filtraciones internas que habrían comprometido la confidencialidad de operaciones en la sede de gobierno. Las consecuencias rebasan lo administrativo. El desempleo, flagelo que encabeza las preocupaciones ciudadanas según relevamientos de opinión pública, ahora tiene rostro propio: se genera en la propia residencia del primer mandatario, en el corazón del poder ejecutivo.
La reformulación de la administración de Olivos marca un punto de inflexión en la estructura interna del Gobierno. Karina Milei, la hermana del Presidente, disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial que estaba bajo supervisión de Osvaldo Javier Sosa. La seguridad presidencial pasó a manos de la Casa Militar, dirigida por Sebastián Ignacio Ibáñez. La justificación oficial apunta a elevar los estándares de protección presidencial. Paralelamente, circulan en círculos cercanos al poder versiones sobre posibles alertas de la SIDE —la agencia de inteligencia— respecto a vulnerabilidades en la cadena de confidencialidad. Santiago Caputo, el asesor presidencial de mayor influencia, tiene antecedentes de presentarle al Presidente carpetas azules conteniendo información sobre asuntos que desconocía, una estrategia conocida para captar su atención y mantenerlo en estado de alerta. Hace poco utilizó esta técnica para cuestionar a cinco magistrados, aunque esa iniciativa fue rebatida efectivamente por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
El paradójico contacto con la militancia
La contradicción no tarda en asomar. El mismo viernes en que los empleados de Olivos recibían telegramas de despido, el Presidente participaba de un acto en Bahía Blanca donde rompió protocolos de seguridad para interactuar directamente con militantes. Testigos presenciales describen a Milei en estado eufórico, interactuando sin restricciones en el hotel donde se hospedaba, circunstancia que generó preocupación visible en su equipo de seguridad. La tensión entre el aislamiento administrativo y la exposición descontrolada en territorio sugiere dinámicas de liderazgo volátiles que generan fricciones en los equipos de protección presidencial.
El Gobierno entra en su recta de radicalización extrema con una batería de iniciativas que concentran poder y modifican equilibrios institucionales. Detrás de la discusión presupuestaria asoman propuestas de recortes en la cartera de Discapacidad —una ley que el Gobierno formalmente no implementa—, decisiones que generan tensiones con sus propios aliados. Otra obsesión atraviesa la agenda: modificaciones en la legislación sobre Malvinas con penas de hasta veinte años para campañas de desinformación y operaciones extranjeras. La intención declarada es obtener herramientas excepcionales de gobierno. Este movimiento recuerda el primero que Santiago Caputo protagonizó hace tiempo en una reunión clandestina con legisladores del PRO en un departamento del microcentro porteño, cuando lanzó una consigna que se convirtió en marca registrada: "No vamos a negociar con la casta".
Las filtraciones que erosionan la cohesión interna
Lo que comenzó como un episodio administrativo en Olivos se reveló como síntoma de una fragilitación más profunda: la administración enfrenta un aluvión de filtraciones en su batalla legislativa y política. El Presidente convocó a diputados y senadores libertarios para una sesión de adoctrinamiento sobre economía, donde les pidió consideración con los aliados. Al día siguiente, el Presupuesto 2027 estalló en el recinto. Los recortes en Discapacidad salieron a la luz pública, circunstancia que enfureció a Patricia Bullrich, quien en privado desató críticas incisivas: "¡Las cosas importantes como esta no se comentan!". Su enojo refleja la erosión de canales de comunicación fluida entre el Gobierno y sus socios políticos. Bullrich advirtió además a sus colegas que "hay que ser menos chupamedia porque te lo cobran", una referencia directa a la competencia que el Gobierno cultiva entre Bullrich y Martín Menem respecto a quién defiende con mayor eficacia los proyectos ejecutivos.
El presidente de la Cámara de Diputados debió salir públicamente a aclarar que la representación oficial del Gobierno sobre Discapacidad provenía de la diputada Laura Rodríguez Machado. Cuando Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, confrontó a Menem sobre la situación, este último fingió tratarse de un "error de redacción". Ritondo optó por creer, aunque el "error" implicaba el desconocimiento de un cronograma de pagos a proveedores justo en el momento en que arranca la campaña electoral. La senadora Bullrich, demostrando habilidad política, se posicionó como el marcapasos del Gobierno: no solo en sentido médico, sino como mecanismo para señalarle cada obstáculo del camino. Publicó un video en redes sociales acompañado de música de Lali Espósito —artista que el Presidente considera "enemiga pública"— con la letra de una canción que rezaba: "Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'". El mensaje es claro: denuncia la falta de información y la subestimación de su rol político.
La respuesta presidencial fue defensiva. Cuando la periodista Marcia Frisciotti preguntó al Presidente si le molestaba que Bullrich escuchara a Lali Espósito, Milei respondió que consideraba "una tontería mayúscula politizar el arte" y que, tras la polémica, incluso había escuchado algunos temas de la artista que le gustaron. La respuesta es puro show: busca desactivar la confrontación sin resolver el fondo de la disputa. La pregunta que nadie pronuncia en voz alta pero todos formulan en privado es si Bullrich aspira a la presidencia en 2027. Para alguien que describió el carácter presidencial como portador de "una emocionalidad importante", semejante pretensión sería un movimiento de altísimo riesgo político.
PASO, alianzas y el juego de gobernadores
Las intrigas sobre el futuro de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) exceden la intención presidencial de quitarle un instrumento electoral al peronismo. El mileísmo cree que Bullrich no hace lo suficiente para juntar los votos faltantes. En la provincia de Buenos Aires, los allegados a Bullrich sostienen la hipótesis inversa: el peronismo habría arreglado con Sebastián Pareja para que haya PASO en territorio bonaerense. Entre los propios libertarios bonaerenses germina el ruido: la acusación es que Santiago Caputo y Agustín Romo (identificado popularmente como el doble de Caputo) llaman para acordar con territorios específicos, pero una vez que alcanzan el pacto con Pareja —identificado como alter ego de Karina Milei— cuelgan el teléfono y abandonan a sus interlocutores.
El PRO tampoco desea eliminar las PASO. Los gobernadores, antes de pedirles a sus legisladores que levanten la mano para suspenderlas, reclaman un contrato de alianzas que garantice reciprocidad. Ya nadie cree en una eliminación posible. Crece la idea de implementar PAS —primarias abiertas simultáneas no obligatorias—, un formato más flexible. Las últimas reuniones del jefe de Gabinete Diego Santilli con gobernadores expusieron las fisuras en el juego de poder que el Gobierno aún no logra consolidar. Osvaldo Jaldo de Tucumán dejó trascender que pidió obras y que sobre PASO no pronunció palabra. Gustavo Sáenz de Salta fue más directo, desenvainando críticas tras haber recibido la visita de la Vicepresidenta Victoria Villarruel: "La paciencia se va acabando cuando vemos falta de reciprocidad". La Vicepresidenta ya visitó a veintidós gobernadores; le restan La Pampa y Chaco. Una incógnita política permanece: ¿cuándo complete ese mapa se lanzará como candidata presidencial? El peronismo alienta públicamente esa posibilidad, consciente de que la fragmentación de la oferta de centro-derecha obligaría al Presidente a disputar una segunda vuelta electoral.
Luis Caputo, ministro de Economía, brilló por su ausencia en las reuniones con gobernadores del Norte. Solo participó en encuentros bilaterales con Carlos Sadir de Jujuy, quien controla los recursos presupuestarios. Un dirigente del PRO bonaerense que conoce bien los circuitos de poder resume la situación con crudeza: "El Colorado está desesperado. Nadie quiere poner en riesgo el superávit, pero así como está la cosa, va a ser muy difícil hacer campaña". Diego Santilli, jefe de Gabinete, aspira a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. El viernes acompañó a Milei en Bahía Blanca, una señal de cercanía estratégica. Un libertario bonaerense plantea una paradoja sobre las PASO: "En octubre ganamos por afano porque perdimos en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires y la gente salió a votar por temor a la corrida cambiaria y a que vuelva el kirchnerismo". ¿Representaría una PASO un riesgo para el kirchnerismo? La respuesta depende de múltiples variables aún sin definir.
La reconfiguración del espacio peronista y sus consecuencias judiciales
Mientras la derecha se reajusta, el peronismo exhibe sus propias fracturas. Desde Avellaneda, Axel Kicillof lanzó públicamente su armado federal con una candidatura presidencial: "Cuenten conmigo para que la Argentina tenga una alternativa". Rebajó al kirchnerismo a una oficina con control remoto, consciente de que Máximo Kirchner prepara su contraofensiva. Sergio Massa, exministro de Economía, aguarda hasta noviembre para oficializar su candidatura presidencial. La promesa que ofrece al kirchnerismo es la de gestionar "oficios en la justicia". La causa Hotesur-Los Sauces, que involucra también a Máximo Kirchner, tiene fecha asignada. ¿Son los pliegos de jueces que el kirchnerismo aprobó sin objeción una señal de acuerdo entre sectores? El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques conoce el satélite político de Massa. Genera interrogantes que Cristina Kirchner insista en una candidatura de Wado de Pedro, ahora radicado en la provincia de Buenos Aires. Algunos observadores irónizan que semejante postulación constituye una forma de castigo político. Un operador judicial politizado reflexiona con incredulidad: "Yo no sé cómo Cristina Kirchner no les cortó la cabeza a sus espadas judiciales".
El escenario electoral enfrenta dos bombas de potencial alcance tectónico. Un fallo de la Corte de Justicia contra la reelección indefinida en Formosa podría configurarse como un tsunami para las ambiciones de los intendentes bonaerenses. Kicillof respalda la reelección indefinida porque requiere de los intendentes para su proyección presidencial. Un fallo en contrario sería una herida mortal para sus aspiraciones. Massa observa todo esto con una sonrisa, aguardando su momento. La otra sorpresa está en ciernes: alguien preguntó a Bullrich después de su video desafiante en redes sociales si resultaría descabellado que compitiera en una PASO junto a Javier Milei. Su respuesta fue el silencio. Ese silencio, quizás, sea el más elocuente de todos los pronunciamientos.
El presente político argentino se caracteriza por una simultaneidad de crisis institucionales, personales y estratégicas que operan en registros distintos pero interdependientes. La filtraciones internas del Gobierno revelan fracturas en cadenas de mando que comprometen la efectividad ejecutiva. Las tensiones entre el Presidente y sus aliados (particularmente Bullrich) sugieren que la coalición gobernante no ha cristalizado en un proyecto compartido, sino que permanece en estado de negociación permanente. Por su parte, el peronismo experimenta una dispersión que, aunque debilita su capacidad de oposición unificada, podría paradójicamente beneficiarlo en un escenario de segunda vuelta electoral. Los gobernadores, independientemente de su color político, actúan como árbitros que condiciona cada movimiento del Gobierno nacional. Las decisiones judiciales pendientes —particularmente sobre reelecciones indefinidas— podrían reconfigurar dramáticamente los equilibrios territoriales. Todo esto ocurre mientras una campaña electoral apenas comienza, y mientras las herramientas institucionales que estructuran la competencia electoral (PASO, alianzas, límites de reelección) permanecen en estado de indefinición política.
