La iniciativa de reforma política que impulsa la administración libertaria enfrenta escollos concretos en el Congreso a la hora de conseguir los respaldos legislativos necesarios para su sanción. Mientras se debate la supresión de las PASO —esas primarias abiertas que funcionan desde hace casi una década y media—, uno de los socios más relevantes del oficialismo acaba de marcar posición: el PRO no acompañará una eliminación lisa y llana de este mecanismo. En su lugar, propone una reformulación que permita mantener la participación ciudadana pero bajo un esquema radicalmente distinto. Esta postura genera interrogantes sobre la viabilidad legislativa del proyecto y abre un nuevo escenario de negociaciones en torno a cómo debería verse el futuro del sistema electoral argentino.
La propuesta que esbozó Cristian Ritondo, quien responde como jefe de bloque en Diputados por la bancada del PRO, presenta una alternativa que pretende conciliar dos demandas aparentemente opuestas: respetar el derecho de los ciudadanos a participar en la selección de candidatos y, simultáneamente, reducir drásticamente los gastos operativos que implica la realización de comicios. El planteo central es transformar las PASO en instancias voluntarias en lugar de obligatorias. De esta manera, quienes deseen participar en la elección interna de sus candidatos tendrían la libertad de hacerlo, mientras que aquellos que prefieran no participar quedarían eximidos de esa obligación electoral. La lógica detrás de este esquema es doble: por un lado, evita que el sistema pierda legitimidad al ser percibido como una imposición desde arriba; por otro lado, reduce considerablemente los costos fiscales, ya que la concurrencia voluntaria siempre será menor que la obligatoria, disminuyendo así la necesidad de infraestructura, personal electoral y recursos administrativos.
Una mirada más amplia sobre el sistema de primarias
Ritondo reconoce públicamente que las PASO han dejado un saldo positivo durante los años en que han funcionado en territorio argentino. Sin embargo, subraya que esta valoración positiva no puede abstraerse de sus costos reales. El funcionario sostiene que es necesario encontrar un equilibrio entre mantener los beneficios democráticos que estas primarias aportaron al sistema político nacional y reducir la carga financiera que representa su ejecución. Esta postura intermedia refleja una tensión clásica en los debates sobre instituciones electorales: cómo preservar la participación ciudadana sin comprometer la sostenibilidad fiscal. La Argentina, en particular, ha enfrentado numerosas crisis presupuestarias a lo largo de las últimas décadas, lo que hace que cualquier iniciativa que prometa ahorros significativos en gasto público encuentre cierta receptividad, especialmente en contextos de restricción fiscal severa.
Más allá de la cuestión sobre el carácter obligatorio u optativo de las PASO, Ritondo plantea una visión más ambiciosa de modernización electoral que va mucho más allá. Según sus declaraciones, resulta imperativo avanzar hacia un sistema que incorpore herramientas tecnológicas avanzadas. Específicamente, sugiere la digitalización de los registros de afiliación a los partidos políticos, un cambio que simplificaría enormemente los procesos administrativos y reduciría los errores en los padrones. Además, propone explorar la implementación de mecanismos de votación con validación biométrica, una solución que ya se ha ensayado en otros países y que ofrece mayores garantías de seguridad y autenticidad en el proceso electoral. Estas innovaciones tecnológicas, según el criterio del legislador, requieren del respaldo activo y coordinado de los organismos electorales competentes, particularmente la Justicia Electoral, para que puedan implementarse sin controversias y con las debidas garantías legales.
El contexto institucional y los límites del debate político
La intervención de Ritondo en el debate legislativo se situó en un contexto más amplio que trasciende la mera cuestión de las PASO. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había realizado una exposición formal ante el Congreso en la que presentó argumentos en favor de la reforma política impulsada por la administración. Ritondo evaluó favorablemente esa presentación, considerando que el tono y el contenido reflejaron una mejora respecto a cómo suelen desarrollarse estos debates en el ámbito legislativo. Lo que le pareció particularmente positivo fue que el evento no derivara en lo que denominó un "show", es decir, una confrontación espectacularizada que prioriza lo mediático por sobre el análisis sustantivo de las propuestas. Para Ritondo, que la ciudadanía pudiera acceder a un debate legislativo serio, alejado de los gestos teatrales que frecuentemente caracterizan los intercambios en el Congreso, representaba un valor democrático en sí mismo.
Sin embargo, la evaluación positiva del formato no debe interpretarse como una ausencia de críticas respecto al fondo de las intervenciones. Ritondo fue particularmente severo con algunos legisladores que, durante el debate, recurrieron a ataques personales dirigidos contra el presidente, su familia y allegados cercanos. El referente del PRO señaló de manera explícita que este tipo de prácticas exceden cualquier límite aceptable dentro del marco de la política institucional. Argumentó que las críticas y cuestionamientos deben circunscribirse estrictamente a las acciones y decisiones en el ejercicio de funciones públicas, sin que sea legítimo hacer mención de aspectos privados, familiares o personales. La exposición de movimientos privados, rutinas cotidianas o dinámicas intrafamiliares, según su perspectiva, constituye un exceso que puede abrir puertas a situaciones potencialmente graves. Ritondo advirtió sobre el peligro de normalizar prácticas que impliquen la difusión de información personal, un riesgo que considera fundamental evitar para mantener la seriedad y la institucionalidad del debate público.
Paralelamente, Ritondo aprovechó para ratificar públicamente el compromiso del PRO con el proyecto libertario. Expresó su convicción de que la orientación política que impulsa el Gobierno representa el camino que Argentina debe transitar. No obstante, esta manifestación de apoyo vino acompañada de una advertencia estratégica importante. El legislador señaló que cualquier denuncia o investigación por corrupción que pudiera afectar a funcionarios de la administración tiene el potencial de contaminar la credibilidad de la gestión en su conjunto. Por ello, insistió en la importancia de que tales cuestiones se resuelvan con celeridad, con total transparencia y con apoyo decidido a las investigaciones que realice el Poder Judicial. Su mensaje fue claro: los episodios de corrupción, si no se responden de manera ágil y convincente, no solo dañan al Gobierno en particular, sino que generan un deterioro en la confianza en las instituciones políticas de manera más general.
Implicancias y escenarios futuros
La posición del PRO respecto a las PASO abre varios interrogantes sobre cómo evolucionará el debate legislativo en los próximos meses. Por un lado, es evidente que el bloque gobernante no cuenta actualmente con los votos necesarios para aprobar una reforma electoral de la envergadura que pretende. Además, la incorporación de legislación sobre "Ficha Limpia" —otra iniciativa que ha sido objeto de múltiples intentos legislativos— parece no estar resultando suficiente para convencer a los legisladores indecisos. En este escenario, la propuesta del PRO de mantener las PASO pero bajo un esquema voluntario podría funcionar como una salida negociada que permitiera avanzar con alguna reforma sin generar el rechazo categórico que produciría su eliminación total. Alternativamente, el planteo podría interpretarse como un intento de diluir o retrasar indefinidamente cualquier modificación sustantiva del sistema electoral. Las próximas semanas mostrarán si existe disposición en otras bancadas para aceptar esta propuesta intermedia o si el conflicto en torno a las PASO se mantendrá como un punto de fricción permanente en la agenda legislativa. Lo cierto es que la arquitectura electoral argentina seguirá siendo terreno de disputa política mientras no se alcance un consenso mayoritario sobre cuál debe ser el mecanismo más legítimo y eficiente para que los ciudadanos seleccionen a sus representantes.
