Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Javier Milei. Esta vez el protagonista es Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, quien figura en registros oficiales del estado de Florida como propietario de al menos ocho inmuebles que nunca declaró ante los organismos de control de la Argentina. La información surge de documentación pública verificada en el condado de Palm Beach y de una revelación periodística del canal A24, que encendió las alarmas sobre uno de los funcionarios con mayor poder de decisión en materia de obra pública dentro del actual gabinete nacional.
Frugoni no es un nombre menor dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Es el máximo responsable de las áreas de Infraestructura y Transporte que dependen del ministerio conducido por Luis Caputo, lo que lo ubica en el centro de las decisiones sobre contratos, licitaciones y planificación de obras a nivel federal. Su trayectoria en el Estado tampoco es nueva: durante la presidencia de Mauricio Macri, ocupó la presidencia de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), la empresa que llevó adelante la construcción del "Paseo del Bajo" en la ciudad de Buenos Aires, una obra de envergadura que marcó su perfil profesional en el sector público.
Un entramado societario desde Delaware
La ingeniería utilizada para administrar parte de los bienes detectados no es casual. Frugoni habría recurrido a dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en el estado de Delaware, uno de los territorios más utilizados en los Estados Unidos para estructurar patrimonio con escasa transparencia. Las firmas se llaman Genova LLC y Waki LLC, y fueron creadas en 2021 y 2025 respectivamente, con la empresa Harvard Business Services Inc. como agente registrador. Según la documentación exhibida por A24 al aire, el propio Frugoni figuraría como controlante y beneficiario final de ambas estructuras societarias, que habrían operado como vehículos de adquisición y gestión de departamentos en Florida con valores que van desde los 140.000 hasta los 310.000 dólares.
Este tipo de esquemas —una LLC en Delaware como titular formal de inmuebles radicados en otro estado— es una práctica conocida en los círculos de planificación patrimonial internacional, pero que en el caso de un funcionario público argentino cobra una dimensión diferente. La Ley de Ética Pública establece con claridad que quienes ejercen cargos en el Estado nacional deben declarar ante la Oficina Anticorrupción (OA) la totalidad de sus activos, tanto dentro como fuera del país, incluyendo la participación en sociedades extranjeras. La omisión de esa información no es una falta administrativa menor: puede encuadrarse en el delito de omisión maliciosa, que prevé penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Las propiedades identificadas en el condado de Palm Beach
De los ocho inmuebles que se le atribuyen, cinco pudieron ser rastreados en registros públicos del condado de Palm Beach, en el sur de Florida. El primero es el departamento 309 de 300 Waterway Drive South, en la localidad de Lantana, con una valuación fiscal de 187.000 dólares. El segundo se ubica en 13212 Glenmoor Drive, en West Palm Beach, valuado en 216.000 dólares. El tercero corresponde al departamento 203 de 3516 Whitehall Drive, también en West Palm Beach, tasado en 193.000 dólares. El cuarto es el apartamento 125 de 3605 South Ocean Boulevard, en South Palm Beach, con una valuación de 212.000 dólares. Uno de estos inmuebles presenta un detalle llamativo: el domicilio postal registrado oficialmente corresponde a la Avenida Juan Domingo Perón en Benavídez, provincia de Buenos Aires, dirección que coincide exactamente con la sede del Club Newman. Frugoni egresó del Colegio Newman en 1977 y, de acuerdo a su propio perfil de LinkedIn, trabajó para esa institución entre 1997 y 2008 como project manager y representante técnico, tanto en la sede bonaerense como en España.
El caso más contundente desde el punto de vista documental, sin embargo, está a nombre del propio funcionario, sin intermediación de ninguna sociedad. Se trata del apartamento 626 de 5187 Oak Hill Lane, en la ciudad de Delray Beach, condado de Palm Beach. Según la ficha oficial del Property Appraiser del condado, Frugoni compró esa unidad el 1 de julio de 2021 por 215.000 dólares, operación instrumentada mediante una warranty deed asentada en el registro oficial bajo el número 32692, página 845. El inmueble tiene 136 metros cuadrados cubiertos, tres ambientes y dos baños. Para el ejercicio fiscal 2025, la valuación oficial trepa a 230.000 dólares, aunque portales inmobiliarios del mercado local lo estiman en torno a los 310.500 dólares. Frugoni figura como único titular registral.
Lo que agrega una capa de complejidad adicional a este caso es una exención impositiva detectada en esa misma ficha catastral. Durante el ejercicio fiscal 2021, el inmueble recibió una exención especial de 50.500 dólares bajo la legislación del estado de Florida. Ese beneficio, conocido como homestead exemption, está reservado exclusivamente para quienes declaran el inmueble como su residencia principal y permanente. El problema es evidente: Frugoni no reside en Florida. Reside y trabaja en la Argentina como funcionario del gobierno nacional. Obtener ese beneficio fiscal implica, al menos, una declaración formal ante las autoridades estadounidenses que podría resultar incompatible con su situación real.
Un patrón que se repite en el gobierno de Milei
El caso de Frugoni no es aislado dentro de la actual administración. En los últimos meses, distintos funcionarios del gobierno de Milei enfrentaron cuestionamientos similares por bienes no declarados en el exterior. El más resonante es el del titular de ARCA —ex AFIP—, Andrés Edgardo Vázquez, quien adquirió cuatro propiedades en el condado de Miami-Dade valuadas en conjunto en más de 2 millones de dólares, utilizando un entramado de sociedades offshore radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Vázquez enfrenta hoy una investigación penal por presunta omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos, en una causa que instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi con la colaboración del fiscal Guillermo Marijuán. También el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debió dar explicaciones públicas por bienes que no constaban en sus declaraciones patrimoniales.
El cuadro que emerge es preocupante por su sistematicidad. Funcionarios con poder de decisión sobre recursos públicos, contratos millonarios y organismos de recaudación que aparecen vinculados a propiedades y estructuras societarias en jurisdicciones extranjeras que nunca informaron al Estado argentino. La normativa vigente no deja margen para la ambigüedad: la declaración jurada patrimonial anual ante la Oficina Anticorrupción debe incluir todos los bienes y participaciones societarias, sin excepciones geográficas. Quien omite esa información de manera deliberada no comete un desliz burocrático, sino un delito. Y en el caso de Frugoni, los registros públicos disponibles en los Estados Unidos parecen hablar por sí solos.