El acuerdo legislativo que tardó semanas en gestarse terminó con un giro inesperado que dejó expuesta la tensión dentro del gobierno. La cámara alta aprobó este jueves un paquete de 74 candidaturas para ocupar cargos en la estructura judicial federal, pero lo que comenzó como una jornada de trámite administrativo derivó en un pulso político entre el Ejecutivo y el Senado. En el medio quedó María Verónica Michelli, la abogada cuyos méritos profesionales chocaron contra una objeción presidencial basada en su vínculo familiar con un periodista reconocido. La votación —44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones— trazó una línea que desafía la pretensión de control total que parece caracterizar al actual gobierno sobre las instituciones.

Lo que sucedió en el recinto durante esas horas de tensión desvela algo crucial sobre cómo funcionan las negociaciones entre poderes en la Argentina contemporánea. El oficialismo había acordado la semana anterior tratar 50 pliegos judiciales, una cifra que parecía cerrada y consensuada. Sin embargo, cuando comenzó la sesión de este jueves, la bancada de La Libertad Avanza sorprendió al traer 74 candidaturas en lugar de las previstas. Ese cambio de estrategia desencadenó un caos procedimentario que obligó a suspender la sesión por una hora completa. Durante ese intermedio, los senadores negociaron febrilmente. El resultado fue que acordaron votar la totalidad de los pliegos con dictamen, incluido precisamente el de Michelli, que originalmente estaba programado para tratarse la semana siguiente.

La abogada que el Presidente quiso frenar

Michelli es candidata para dirigir el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata. Su perfil y trayectoria jurídica no fueron cuestionados en ningún momento del debate. Sin embargo, Milei anunció su intención de retirar su pliego después de que trascendiera que es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista especializado en investigaciones judicales. Esa información familiar —un vínculo político e ideológicamente neutral— se convirtió en motivo suficiente, según la perspectiva presidencial, para vetar su nombramiento. El argumento presentado por la Casa Rosada apelaba a consideraciones sobre potenciales conflictos de interés o sobre cómo ciertos lazos personales podrían condicionar decisiones judiciales.

El miércoles previo a la votación, Milei publicó en sus redes sociales una reflexión sobre las facultades presidenciales en materia de designaciones judiciales. Compartió un texto de un exjuez que sostenía que, así como el Presidente presenta pliegos al Senado, también tiene la potestad constitucional de retirarlos. La frase clave de aquella publicación fue contundente: "Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal". Ese mensaje no dejaba dudas sobre cuál era la intención del gobierno, más allá de los formalismos procedimentales. Sin embargo, lo que sucedió en el recinto demostró que esa premisa no podía convertirse en una práctica unilateral sin que la otra rama del poder respondiera.

La disidencia desde adentro del bloque oficialista

Cuando llegó el momento de votar, ocurrió un hecho inusual: Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, pidió la palabra para explicar por qué se abstendría de acompañar la posición del resto de su bloque. Bullrich, exministra de Seguridad del gobierno, argumentó que no podían atribuirse consecuencias disciplinarias a una persona fundadas únicamente en relaciones de parentesco. Su evaluación fue tajante: el Senado debe juzgar los méritos profesionales de los candidatos, no sus árboles genealógicos. Aclaró que aunque se abstenía, esa decisión no comprometía al bloque en su conjunto, tratándose de una posición personal. Ese gesto de distancia sobre un tema que el Ejecutivo había posicionado como central señaló grietas en la cohesión que el gobierno pretendía proyectar.

Con 18 votos en contra que provinieron enteramente de los legisladores de La Libertad Avanza, la oposición sumó 44 votos a favor, suficientes para garantizar la aprobación. Los bloques de otras fuerzas políticas —Unión por la Patria, radicales, provinciales y otros— coincidieron en respaldar el pliego de Michelli. La aprobación fue casi ceremonial una vez que se alcanzó ese número, pero su significado político trascendió los números. Representó un límite implícito al poder de veto que el Ejecutivo parecía estar ejerciendo sobre la rama judicial. La Historia constitucional argentina conoce episodios donde presidentes intentaron moldear la Justicia a su medida; este viernes quedó constancia de que el Senado todavía disponía de herramientas para resistir.

Ahora la pelota está nuevamente en la cancha presidencial. Milei tiene formalmente la potestad de firmar o no el decreto que designaría a Michelli. El Ministerio de Justicia fue explícito al confirmar que la decisión final sobre la efectivización del nombramiento descansa en manos del Presidente. Se trata de un poder que la Constitución reconoce pero que, como quedó de manifiesto en el recinto, no es absoluto ni carece de contrapesos. La pregunta que flota en el aire es qué hará Milei: ¿ratificará su posición inicial y vetará la designación a pesar de que el Senado la aprobó, asumiendo el costo político que ello implica?, ¿o capitulará ante la decisión legislativa, permitiendo que Michelli acceda al cargo? Cualquiera sea el camino que elija, la dinámica de estos días dejó en evidencia que incluso un ejecutivo con márgenes legislativos significativos debe contar con espacios donde las otras ramas del Estado pueden ejercer su autonomía.

Lo que ocurrió es parte de un proceso más amplio: la configuración de la estructura judicial bajo esta administración y la forma en que se negocia ese poder entre distintos actores institucionales. La aprobación de 74 pliegos en una sola sesión, más allá de lo que finalmente suceda con Michelli, representa un movimiento notable en la renovación de juzgados. Algunos verán en ello una modernización necesaria; otros, una concentración de poder. Lo cierto es que cómo se resuelva este caso particular —si Michelli finalmente es nombrada o si el Presidente se mantiene en su posición de veto— establecerá un precedente sobre los límites reales de las facultades presidenciales cuando chocan con decisiones del Senado. En un contexto donde las instituciones democráticas requieren constantemente reafirmarse, cada resolución en estos conflictos entre poderes traza límites que definen cómo funcionará el Estado en los próximos años.