La estructura de financiamiento que sostiene a Oschoca, la obra social del gremio de camioneros, reposa sobre un mecanismo de transferencias constantes desde las arcas sindicales que año tras año aumentan su magnitud. Lo que comenzó hace seis años como un aporte destinado a cubrir baches puntuales se transformó en un sistema de sostén permanente, reflejando una realidad que trasciende los límites de una sola organización: el colapso progresivo del modelo de seguridad social basado en aportes salariales. Las cifras son contundentes. Durante 2023, el Sindicato de Camioneros canalizó hacia la obra social aproximadamente 3.157 millones de pesos. Un año después, ese monto ascendió a 3.594 millones. Ya en 2025, alcanzó los 4.611 millones de pesos. Y apenas iniciado 2026, en apenas diez días de febrero, se registraron siete movimientos bancarios por 2.971 millones de pesos adicionales. Estos números no son simples cifras contables; representan la magnitud de una crisis que avanza sin mayores obstáculos internos, asimilada y avalada en asambleas sindicales donde las decisiones se aprueban sin resistencia.
La espiral del déficit y la retracción de afiliados
Paralelo a estas inyecciones crecientes, el pasivo de la obra social experimenta una expansión preocupante. En 2023, el hueco financiero rondaba los 7.944 millones de pesos. Apenas un año después, ese número se multiplicó más de tres veces, llegando a 27.046 millones de pesos. Esta aceleración no ocurre en el vacío. Responde a una contracción sostenida en la base de recaudación: la cantidad de trabajadores aportantes disminuyó de 90.000 a 72.719 en los últimos años, según registros confiables del sector. Se trata de camioneros formalizados bajo el convenio laboral 40/89 en el área metropolitana y la provincia de Buenos Aires. Cada uno de ellos contribuye con el 3% de su salario bruto, cifra que se suma al 6% que el empleador debe depositar por obligación legal. Para dimensionar el alcance del problema, basta considerar que a mayo de 2024 los salarios del sector oscilaban entre 896.768 pesos en el piso más bajo y 1.824.701 pesos en el techo más alto, sin incluir los ingresos complementarios por viáticos y jornadas extras que constituyen un componente importante de la remuneración efectiva.
El descenso en la cantidad de afiliados activos agudiza una ecuación ya de por sí desfavorable. El financiamiento de la obra social depende de un porcentaje del salario que, frente a la inflación acumulada, pierde poder adquisitivo constantemente. Mientras tanto, los costos de atención médica avanzan a ritmos muy superiores a la variación de ingresos. Este desajuste estructural no es responsabilidad exclusiva de la administración de la obra social; es un problema sistémico que afecta al conjunto de las obras sociales sindicales en el país, catalizando una crisis de legitimidad y sostenibilidad financiera sin precedentes.
El entramado empresarial y las transferencias a través de fideicomisos
La administración de los fondos de Oschoca se vincula estrechamente con Iarai SA, una empresa de servicios médicos cuyo accionariado está bajo el control de Liliana Esther Zulet, esposa de Hugo Moyano. Esta firma fue constituida en 2003, coincidiendo con el período de máxima expansión del poder sindical del jefe camionero. En su directorio participan Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que la esposa de Moyano tuvo en matrimonios anteriores. Recientemente, la obra social canalizó fondos hacia esta compañía a través de un fideicomiso denominado Dhanvantari, cuyo domicilio fiscal coincide con el de Iarai y otras dos empresas de la órbita familiar: Dixey y Aconra. Estas firmas mantienen negocios casi exclusivos con la estructura del gremio, creando un circuito cerrado de movimiento de capital que no ha generado cuestionamientos públicos significativos ni resistencia interna dentro de la estructura sindical.
Más allá de las transferencias extraordinarias aprobadas en asambleas, existe un segundo mecanismo de financiamiento que operacionaliza la crisis de la obra social: los aportes mensuales de los empresarios del transporte. Estos comenzaron como contribuciones puntuales y se cristalizaron como un componente adicional de la remuneración salarial. Actualmente, los empleadores transfieren 28.000 pesos mensuales por trabajador que van directamente a la prestadora médica. Esta iniciativa fue autorizada por la Secretaría de Trabajo aún cuando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsaba la eliminación de este tipo de compensaciones. Sin embargo, la reciente implementación de la ley de modernización laboral establece un techo del 2% para este tipo de aportes, lo que representa una restricción adicional sobre la recaudación futura de la obra social.
Un fenómeno que trasciende los límites de Oschoca
La crisis de la obra social camionera no constituye una anomalía aislada. Refleja, más bien, una patología extendida a través del sistema de seguridad social sindical del país. La Confederación General del Trabajo emitió recientemente un diagnóstico alarmante sobre el estado de salud financiera de numerosas obras sociales, identificando el riesgo de cierre de varias de ellas como resultado directo de la incompatibilidad entre costos y recaudación. Según los análisis de la central obrera, el sistema financia atención médica a partir de un porcentaje del salario que ronda el 9%, cifra que experimenta una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30%. Simultáneamente, los costos de los servicios asistenciales se elevan de forma exponencial, superando ampliamente los índices de variación de precios general. La recaudación promedio del sistema alcanza 67.525 pesos por beneficiario, mientras que el Programa Médico Obligatorio (PMO) tiene un costo per cápita aproximado de 90.000 pesos, generando un desfasaje del 25% que ningún mecanismo actual logra compensar. Más del 67% de los afiliados a obras sociales sindicales se sitúan por debajo del promedio de recaudación, lo que ilustra la profundidad del problema.
Esta situación ha generado un ciclo de reclamos desde los afiliados, quienes enfrentan limitaciones crecientes en la cobertura de prestaciones médicas y acceso a medicamentos. El Sindicato de Camioneros, bajo la conducción de Moyano, evalúa actualmente opciones de venta de activos para equilibrar sus cuentas. Entre estos figura el Sanatorio Antártida, una institución ubicada en la avenida Rivadavia del barrio de Caballito, que ha sido presentada históricamente como un ejemplo de infraestructura de calidad. La revisión de los libros contables del sindicato revela, además, que Moyano administra 44 inmuebles distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Durante 2024 y 2025, la estructura sindical destinó 589.448.285 pesos para actividades vinculadas a marchas, paros y movilizaciones, un componente que evidencia que el funcionamiento del aparato sindical descansa en componentes que trascienden la militancia y el convencimiento ideológico.
Perspectivas sobre el futuro del sistema
Las consecuencias potenciales de esta dinámica de insostenibilidad financiera abren múltiples escenarios. Por un lado, existe la posibilidad de que las transferencias sindicales continúen aumentando indefinidamente, derivando en un agotamiento progresivo de las arcas de las organizaciones gremiales. Por otra parte, se podría concretar la implementación de mayores restricciones en la cobertura de prestaciones, profundizando el conflicto con los afiliados y afiliadas. También cabe considerar la eventualidad de reestructuraciones administrativas, redefinición de coberturas o incrementos en los aportes de trabajadores y empleadores. La nueva regulación laboral, con su techo del 2% en aportes complementarios, introduce una restricción legal que cerrará una de las válvulas de escape actuales. Distintos actores —empleadores, sindicatos, afiliados y organismos de control— perciben y evalúan estos escenarios desde posiciones diferentes, lo que sugiere que cualquier solución que intente implementarse enfrentará resistencias múltiples y dinámicas complejas de negociación.
