Treinta y cuatro personas, entre ellas figuras públicas de relevancia nacional, funcionarios retirados y ciudadanos comunes, deberán comparecer ante la justicia federal para responder por su participación en un esquema de distribución irregular de vacunas que operó durante el pico de la crisis sanitaria. La convocatoria a declarar indagatorios representa un punto de quiebre en una causa que ha mantenido la atención pública desde hace años, transformando un escándalo inicial sobre autoridades que permitieron el desvío de dosis en una investigación más abarcativa que alcanza a quienes efectivamente recibieron esas inmunizaciones. El proceso judicial que se desarrollará entre octubre y diciembre marcará un momento crucial en cómo la justicia argentina procesa los actos vinculados con la gestión de recursos públicos durante una emergencia sanitaria sin precedentes.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso las citaciones tras un pedido formulado por el fiscal Eduardo Taiano, quien fundamentó su solicitud en las disposiciones de una cámara federal que, hace dos años, amplió significativamente el alcance de la investigación. Inicialmente, la pesquisa se concentraba en los funcionarios del Ministerio de Salud que autorizaron el funcionamiento de este circuito paralelo de vacunación dentro de las dependencias ministeriales. Sin embargo, la decisión judicial posterior cambió el enfoque: ahora el sistema penal también busca establecer responsabilidad en aquellos ciudadanos que aprovecharon esa puerta trasera para recibir inmunizaciones antes de lo que les correspondería según los criterios sanitarios vigentes en ese momento. Esta ampliación refleja una interpretación legal que considera a los receptores de las vacunas desviadas como partícipes necesarios en un delito de peculado de bienes del Estado.
Los nombres detrás del escándalo
Entre los citados figuran el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, quien ostentaba relevancia pública propia. También comparecerá el periodista Horacio Verbitsky, quien paradójicamente fue quien reveló públicamente el esquema mediante una confesión radial que desencadenó todo el proceso de exposición del caso. La nómina incluye asimismo al diputado Jorge Taiana, exministro de Relaciones Exteriores, y al legislador Eduardo Valdés, ambos con trayectorias políticas de envergadura. Empresarios como Seza Manukian de Mar del Plata, Florencio Aldrey, propietario del diario local La Capital, y diversas figuras vinculadas a estructuras del gobierno nacional o gobiernos locales completan una lista que da cuenta de la amplitud social del fenómeno investigado. También aparecen personalidades menores en visibilidad pública pero con conexiones relevantes, como Esteban Collazo, fotógrafo que formaba parte de la "burbuja sanitaria" presidencial, o Hugo Curtó, exintendente municipal de Tres de Febrero, junto a su pareja. El publicista y dirigente kirchnerista Jorge Héctor "Topo" Devoto y la esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, Patricia Alsúa, también responderán ante la justicia.
Las hijas del expresidente, María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, así como Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido exsecretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, integran el elenco de acusados. Esta estructura familiar en la nómina de indagados genera interrogantes sobre la naturaleza de los criterios que permitieron o facilitaron el acceso preferente a inmunizaciones. Familiares de Florencio Aldrey, como Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey y Dolores Noya Aldrey, también están incluidos. Asimismo, Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Ariel Guille, quien se desempeñaba como secretario en el Ministerio de Salud bajo la gestión del ministro Ginés González García, será indagado. El cuadro de acusados se completa con una serie de ciudadanos cuyos nombres son menos conocidos públicamente pero que, según la investigación, también se beneficiaron del esquema irregular.
La estructura del proceso y sus alcances legales
Las audiencias comenzarán el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre, distribuyéndose la comparecencia de los indagados a lo largo de varios meses. Este cronograma permite que cada persona tenga oportunidad de presentar su defensa ante la magistrada. Paralelamente, existe una vía de juzgamiento diferente en marcha: tres imputados ya fueron elevados a juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal 6. Se trata de Marcelo Ariel Guille, exsecretario del ministro de Salud; Alejandro Salvador Costa, quien se desempeñaba como subseretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas. Estos tres enfrentan acusaciones de abuso de autoridad y peculado. Sin embargo, el tribunal que debe juzgarlos tiene todos sus cargos sin cubrir, lo que genera interrogantes sobre los tiempos reales del proceso. Entre tanto, Ginés González García, el ministro bajo cuya cartera funcionaba el vacunatorio VIP, falleció a los 79 años poco después de que su procesamiento fuera confirmado, en febrero de 2021, momento en que presentó su renuncia tras la explosión del escándalo.
La acusación fiscal se sustenta en el argumento de que "los elementos probatorios acumulados configuran el estado de sospecha" requerido por el Código Procesal Penal. El delito que se atribuye a los receptores de las vacunas es el de peculado de bienes estatales, en calidad de partícipes necesarios. Se trata de una categoría legal que se aplica cuando una persona facilita o colabora en la comisión de un delito que ejecuta otro, siendo ambas conductas punibles. El peculado en sí es un delito específico de funcionarios públicos o personas con responsabilidad sobre bienes del Estado, pero la ley penal también alcanza a quienes resultan beneficiarios de esa desviación indebida de recursos. Las penas previstas para este delito oscilan entre dos y diez años de prisión, según la cuantía y las circunstancias del caso. La caracterización legal del peculado requiere demostrar que bienes, servicios o dinero público bajo control estatal fueron apropiados, utilizados indebidamente o desviados de su destino legítimo.
Desde una perspectiva más amplia, este proceso judicial refleja tensiones fundamentales en torno a cómo las democracias procesan la responsabilidad durante crisis excepcionales. Mientras el gobierno nacional bajo la presidencia de Alberto Fernández llevaba adelante la campaña de vacunación masiva entre 2021 y 2022, existía escasez real de dosis en el mercado mundial, lo que generaba dilemas éticos sobre quién recibía las vacunas disponibles. La existencia de un circuito paralelo que burlaba los criterios sanitarios predeterminados de priorización —basados en edad, factores de riesgo y ocupación— significaba que cada dosis desviada representaba una oportunidad perdida para alguien que, por esos mismos criterios, tenía mayor necesidad epidemiológica. La investigación penal busca establecer si esa desviación fue resultado de coerción, influencia política, relaciones personales o sencillamente aprovechamiento de una oportunidad. El resultado de estos interrogatorios determinará en qué medida la justicia considera que la responsabilidad por el desvío recae únicamente en quienes autorizaron e implementaron el esquema, o si se extiende también a quienes lo utilizaron.
CONTENIDO:
