Las maniobras para desviar recursos públicos destinados a grandes proyectos de infraestructura ganaron nuevas dimensiones en el relato que proporcionaron esta semana funcionarios que trabajaron en organismos de control tributario. El esquema diseñado por algunos empresarios que ganaron licitaciones durante la década pasada operaba con una sofisticación que combina facturas comerciales dudosas, transferencias internacionales y depósitos en instituciones financieras ubicadas en territorios con regulaciones menos exigentes. Lo relevante en los testimonios recientes no es simplemente la confirmación de irregularidades, sino el nivel de detalle sobre cómo se encubrían esos movimientos dentro del sistema tributario y cómo el dinero público terminaba circulando por canales que nada tenían que ver con la ejecución de las obras que, en teoría, financiaban.

Durante la declaración ofrecida ante el tribunal que lleva adelante el proceso sobre presuntas coimas en la obra pública, Verónica Iglesias, quien se desempeñaba como supervisora en la agencia recaudatoria nacional, describió cómo se detectaron inconsistencias en la contabilidad de firmas como Isolux, Fainser, Sacde y Esuco. Su testimonio resultó particularmente incómodo para los imputados, en la medida que provenía de alguien que había ocupado posiciones directivas dentro de los organismos de control. La testigo fue interrogada sobre un traslado que sufrió en su carrera profesional después de participar en estas pesquisas. Cuando se le preguntó si tal desplazamiento implicó un retroceso, su respuesta fue directa y reveladora: para ella, efectivamente lo fue. La pregunta y respuesta sintetizaban algo más profundo: los obstáculos que enfrentaron quienes desde adentro del aparato estatal intentaban documentar estas operaciones irregulares.

El andamiaje de facturas y proveedores sospechosos

El mecanismo identificado por los supervisores funcionaba en términos relativamente claros. Las empresas constructoras ganaban licitaciones del Estado para ejecutar proyectos de obra pública. Entre los casos concretos figuraba Isolux, que en 2007 se adjudicó la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por un monto de más de 2.000 millones de pesos (equivalentes aproximadamente a 670 millones de dólares de ese entonces). Una vez que estas firmas recibían adelantos de obra o pagos parciales del Estado, procedían a contratar servicios de proveedores y subcontratistas. La particularidad residía en que muchos de estos proveedores presentaban características que los supervisores catalogaban como "contribuyentes no confiables": emitían facturas que carecían de consistencia documentada, sus operaciones no podían verificarse mediante procedimientos estándar de auditoría y sus números de identificación fiscal registraban patrones sospechosos.

Lo ingenioso del dispositivo radicaba en que permitía crear un respaldo administrativo para transacciones que, en realidad, no representaban prestaciones reales de servicios. Las empresas contratistas podían registrar en sus libros contables y ante la administración tributaria estos pagos como si se tratara de operaciones comerciales legítimas vinculadas a la ejecución de la obra. De este modo, los dineros que el Estado transfería con destino a la infraestructura quedaban contabilizados como gastos legales en la estructura financiera de las compañías. Sin embargo, en la práctica, esos fondos desaparecían del circuito comercial doméstico y eran orientados hacia destinos muy distintos de aquellos para los cuales habían sido asignados originariamente. El resultado era una operación de blanqueo de recursos que, simultáneamente, despojaba al tesoro nacional de los montos que debían financiar obras públicas concretas.

Las transferencias internacionales y los depósitos en Andorra

María Marta Criscuolo, otra de las empleadas del organismo fiscal que declaró en el proceso, proporcionó información sobre el destino final de una porción de estos recursos. Según su testimonio, funcionarios de una institución bancaria privada les comunicaron que dinero proveniente de SACDE —anteriormente denominada IECSA y controlada por Angelo Calcaterra— había sido canalizado mediante un intermediario ubicado en Nueva York hacia la Banca Privada de Andorra. Criscuolo precisó que IECSA participaba en una asociación transitoria de empresas para ejecutar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, un proyecto de envergadura en la zona metropolitana. Según lo que pudieron reconstruir desde las bases de datos del organismo, esa unidad empresarial había realizado operaciones de compra de dólares destinados a su tenencia. Cuando se cursaron consultas formales a la empresa, los representantes informaron que esos dólares habían sido entregados en efectivo a apoderados de la sociedad. La cantidad involucrada rondaba los tres millones de dólares, aunque Criscuolo admitió no recordar con precisión si esa suma había sido adquirida en dos o tres operaciones sucesivas de compra de moneda extranjera.

El territorio de Andorra ha adquirido relevancia particular en este expediente. Se trata de un microestado ubicado entre Francia y España que históricamente ha funcionado como jurisdicción de baja tributación y regulaciones financieras menos estrictas que las de países europeos mayores. En el contexto del caso de coimas, investigadores de la Unidad de Información Financiera documentaron que Daniel Muñoz, quien se desempeñara como secretario privado durante la administración de Néstor Kirchner y posteriormente falleciera, había constituido estructuras societarias en dicho territorio. Muñoz acumuló una fortuna considerable, parte de la cual canalizó hacia la adquisición de inmuebles de lujo. Un caso documentado muestra que en septiembre de 2013, desde una cuenta abierta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Todisco, se ejecutó una transferencia de 1.000.000 de dólares dirigida hacia una cuenta de un estudio jurídico radicado en Miami. Ese dinero fue utilizado posteriormente para la compra de un departamento ubicado en el edificio Turnberry Ocean, una construcción exclusiva en la zona costera de Miami Beach. El patrón de circulación del dinero —desde Argentina hacia paraísos fiscales y luego hacia adquisiciones inmobiliarias en Estados Unidos— sugiere una estrategia deliberada para distanciar los fondos de su origen y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

Los testimonios compilados en este tramo del proceso judicial revelan cómo funcionarios estatales, desde sus posiciones dentro de organismos de control, lograron documentar fragmentos de una operatoria que se extendía más allá de las fronteras nacionales. Las inconsistencias detectadas en registros contables, las facturas emitidas por proveedores que no podían ser verificados, los movimientos de efectivo sin contrapartida comercial visible, y finalmente las transferencias internacionales hacia jurisdicciones con menor transparencia financiera, conformaban un circuito cerrado de extracción de recursos públicos. Lo que distingue este caso de otros esquemas de corrupción es la participación de empresarios que ocupaban posiciones relevantes en el sector de construcción, algunos vinculados a grupos económicos de peso en la estructura empresarial argentina, y el aprovechamiento sistemático de sus contratos con el Estado para financiar operaciones que no guardaban relación con las obras que supuestamente ejecutaban.

Las implicancias de estos hechos se proyectan hacia distintos planos de análisis. Por una parte, plantean interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de fiscalización interna del Estado durante el período en cuestión y los obstáculos que enfrentaron quienes intentaban documentar estas irregularidades desde dentro. Por otra, abren cuestionamientos respecto de cómo firmas de gran envergadura logran mantener operaciones paralelas financiadas con fondos públicos sin que medidas preventivas más agresivas hayan sido activadas en tiempo real. Asimismo, el rol de instituciones financieras privadas en la facilitación de estas transferencias hacia el exterior requiere evaluación sobre responsabilidades corporativas y deberes de reporte. Desde otra perspectiva, la documentación de estos flujos contribuye a comprender el destino de recursos que, de haber sido aplicados según su asignación presupuestaria, podrían haber modificado el panorama de infraestructura pública disponible en el país durante esos años. Los diferentes actores involucrados en el sistema —desde autoridades públicas hasta supervisores, desde instituciones financieras hasta empresarios— operaron bajo marcos regulatorios y estructuras de incentivos que, según estos testimonios, permitieron la persistencia de prácticas que desviaban recursos hacia fines no contemplados en las decisiones presupuestarias originales.