El debate sobre la reforma del sistema electoral argentino permanece estancado en las comisiones legislativas, pero el Gobierno ha identificado una vía alternativa para resucitar las conversaciones: aprovechar el escenario internacional que proporciona la Argentina Week que se desarrollará en París esta semana para establecer acuerdos de naturaleza política con los mandatarios provinciales. La ausencia de consenso parlamentario no ha desalentado al Ejecutivo, sino que lo ha impulsado a trasladar el epicentro de las negociaciones hacia encuentros bilaterales que se concretarán fuera de los pasillos legislativos tradicionales. Este cambio de estrategia revela tanto la dificultad de conciliar posiciones en la capital como la importancia que el oficialismo asigna a los gobernadores como actores clave para desbloquear una iniciativa que podría incidir significativamente en el escenario político de 2027.
La comitiva que partirá hacia Francia y su rol en las negociaciones
A partir del martes, una delegación oficial encabezada por Javier Milei viajará a territorio francés para participar en el foro de atracción de inversiones. Sin embargo, la convocatoria a esta argentina week no es casual: junto al presidente viajan figuras estratégicas para el cierre de acuerdos políticos. Diego Santilli, quien ocupa la jefatura de Gabinete, y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, conforman el núcleo duro de negociadores del Ejecutivo. A ellos se suman Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y su primo Eduardo Menem, identificado en círculos gubernamentales como el principal armador de acuerdos en el territorio nacional. Estos cuatro funcionarios concentran prácticamente la totalidad de las responsabilidades en materia de conformación de coaliciones legislativas y pactos provinciales, roles que se han vuelto cruciales en un contexto donde las mayorías parlamentarias no están garantizadas.
La estrategia de llevar adelante conversaciones de envergadura política en un evento internacional puede resultar controvertida desde la perspectiva de la transparencia legislativa, pero responde a una lógica pragmática: permite alejar las negociaciones del escrutinio mediático doméstico y facilita encuentros informales donde los gobernadores pueden expresar demandas específicas sin que ello genere confrontación pública. Según confirmaron fuentes del Gobierno en diálogos previos, trece gobernadores de orientación dialoguista acompañarán la comitiva presidencial, transformando el viaje en una suerte de reunión de negociación política disfrazada bajo el formato de un foro de negocios.
Los actores clave: gobernadores, bloques y el complejo entramado de acuerdos
Los mandatarios provinciales que participarán del viaje son Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Esta nómina no es improvisada: representa a los sectores con los que el oficialismo mantiene relaciones fluidas o busca consolidar alianzas electorales. La configuración es estratégica: incluye gobiernos del norte argentino, de la Patagonia y del centro del país, garantizando una representatividad geográfica que facilita posteriormente traducir cualquier acuerdo en votos legislativos que reúnan apoyo de distintas regiones.
Dentro del Gobierno existe claridad respecto de cuál es la estructura de la negociación en el Congreso. Los interlocutores identifican tres bloques aliados fundamentales: el PRO, el radicalismo cuya dirección responde a los gobernadores, y los mandatarios provinciales del norte y la cordillera. Sin embargo, cada uno de estos actores presenta dinámicas internas complejas. El bloque radical cuenta con diez senadores que responden a cinco gobernadores distintos, lo que plantea un desafío adicional: lograr que la bancada senatorial acompañe una iniciativa requiere primero obtener la uniformidad de las autoridades provinciales. Uno de los principales interlocutores del oficialismo reconoce que la única forma de garantizar el respaldo del bloque radical en su totalidad es asegurar que todos los gobernadores marchen unidos en la misma dirección.
Paralelamente, Karina Milei ha establecido un condicionamiento explícito para el avance de estas negociaciones: cualquier acuerdo sobre la reforma electoral debe ir acompañado de pactos electorales entre La Libertad Avanza y los gobiernos provinciales. Esta exigencia implica que el Ejecutivo está dispuesto a ceder en términos de competencia electoral en los territorios locales a cambio de apoyo parlamentario en la capital. En otras palabras, el precio del consenso sobre la reforma electoral incluye la garantía de que el partido oficialista no competirá con fuerza total contra los gobernadores aliados en sus respectivas jurisdicciones. Esta lógica, aunque transaccional, es la única que hace viables los grandes acuerdos en un sistema federal donde el poder está distribuido.
La cuestión de fondo: qué busca el Ejecutivo y por qué importa
El objetivo central de la negociación es la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), sistema que fue implementado en 2009 y ha funcionado como mecanismo de selección interna de candidatos en los últimos comicios. El Gobierno considera que este sistema es ineficiente y costoso, tanto en términos presupuestarios como en sus implicancias políticas. Durante una entrevista reciente, Javier Milei calificó al instrumento como "inmoral", expresando su convicción de que su eliminación constituye una reformulación necesaria del marco electoral. Sin embargo, reconoció que considera contraproducente adoptar estrategias populistas para combatir el populismo, lo que sugiere que el debate sobre la reforma trasciende meras consideraciones técnicas y toca aspectos vinculados con principios de gobernanza.
La urgencia en torno a este tema no es arbitraria. La Cámara Nacional Electoral emitió una advertencia a inicios de septiembre estableciendo que cualquier modificación en el sistema de votación debe ser aprobada con suficiente anticipación para poder implementarse en los comicios de 2027. Este cronograma actúa como límite temporal que restringe las ventanas de oportunidad política. El Gobierno sostiene que posee margen temporal adecuado para cerrar las negociaciones y llevar el proyecto al recinto durante este año, aunque algunos actores políticos manifiestan mayor escepticismo respecto de la viabilidad de un calendario tan apretado. De cualquier forma, existe consenso en que fin de año constituye la fecha límite más allá de la cual cualquier intento de reforma se vería postergado inevitablemente hacia el año siguiente.
Lo que está en juego es más que un mecanismo electoral técnico. La reforma constituiría un cambio significativo en las reglas de competencia política que podría beneficiar o perjudicar a distintas fuerzas según cómo se resuelva la cuestión de las primarias. Para el Gobierno, la eliminación de las PASO representa una ventaja estratégica en el contexto de su proyecto de reelección de Milei en 2027. Un sistema donde las primarias no sean obligatorias o directamente desaparezcan permitiría al oficialismo un control mayor sobre sus propios procesos de selección de candidatos, al tiempo que reduciría la exposición a candidatos internos que pudieran resultar perjudiciales en una competencia abierta.
Los obstáculos: PRO, opciones alternativas y el avance legislativo nulo
No obstante los esfuerzos del Ejecutivo, existen focos de resistencia que complican la consecución del objetivo. El PRO, uno de los principales aliados del Gobierno en Diputados, ha decidido en su última reunión de mesa ejecutiva mantener las primarias en su formato actual. Los legisladores del bloque amarillo en la cámara alta enfatizan que "hasta ahora nuestra postura partidaria es mantenerlas", lo que sugiere que, aunque el Gobierno considera al PRO como un aliado negociable, esta fuerza política mantiene una posición independiente sobre el tema. Cabe destacar que el PRO cuenta con apenas tres senadores, lo que relativiza su poder en esa cámara, pero posee una presencia más significativa en Diputados, donde figura Cristian Ritondo como jefe de bloque. Ritondo ha manifestado inclinación por una salida alternativa: convertir las primarias en optativas en lugar de eliminarlas directamente, una fórmula de compromiso que el Gobierno no considera suficiente.
En el Senado, el estancamiento legislativo es prácticamente total. Desde que Patricia Bullrich debió convocar a un cuarto intermedio hace dos semanas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, no ha habido avances significativos. Un legislador del oficialismo describió el estado de situación en términos reveladoras: "La Casa Rosada no dice nada y de la puerta del Senado para adentro, no hay novedad alguna". Esto contrasta con la actividad que el Gobierno pretende desarrollar en París, sugiriendo que se ha tomado la decisión consciente de abandonar temporalmente los esfuerzos en las comisiones legislativas para concentrar recursos en negociaciones directas con los gobernadores. Bullrich, ministra de Seguridad y referente en materia de construcción de coaliciones, ha señalado públicamente que la eliminación de las PASO no reúne los consensos necesarios en el Congreso, lo que constituye un reconocimiento implícito de la magnitud del desafío.
Ante esta realidad, el Gobierno ha comenzado a considerar opciones alternativas. Un funcionario explicó que de no lograrse la eliminación directa, existe la posibilidad de avanzar hacia una suspensión temporal de las PASO, o bien implementar un sistema de primarias optativas. Estas soluciones intermedias no despiertan entusiasmo en los estrategas del oficialismo, pero funcionarían como válvula de escape en caso de que las negociaciones en París no produzcan los resultados buscados. Sin embargo, algunos gobernadores ya han comunicado públicamente su apoyo a la eliminación tras encuentros personales con Diego Santilli. Entre ellos figuran Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén) y Marcelo Orrego (San Juan), lo que indica que existen avances en el frente de negociaciones provinciales, aunque aún insuficientes para garantizar la aprobación legislativa.
El factor tiempo y las perspectivas futuras de la negociación
Desde el Gobierno insisten en que no están "faltos de tiempo" para concretar las negociaciones, aunque esta afirmación debe tomarse con cierta relatividad. Fin de año constituye un horizonte temporal que deja poco margen para rectificaciones o cambios de estrategia. Uno de los alfiles políticos del Ejecutivo reconoció de manera reveladora que "venimos avanzando bastante con las alianzas. Se conversa en paralelo con todas las partes. Es una negociación con doce gobernadores, dos partidos. No es fácil ni simple". Esta declaración señala la complejidad real del entramado político que debe ser procesado, donde cada actor mantiene intereses específicos que no siempre convergen.
El viaje a París debe ser interpretado en este contexto: representa un intento de catalizar procesos de negociación que en Buenos Aires se encuentran bloqueados o avanzan de forma muy lenta. La creencia del Gobierno es que un escenario internacional, desprovisto de las presiones mediáticas domésticas, podría resultar más propicio para que los gobernadores expresen sus demandas y negocios sus apoyos. Simultáneamente, la presencia de la comitiva presidencial en un evento de visibilidad internacional envía un mensaje: la reforma electoral es prioritaria para el proyecto de gobierno. Esto que podría parecer meramente simbólico tiene implicancias concretas: comunica a los legisladores y gobernadores que el Ejecutivo está dispuesto a invertir capital político en esta iniciativa.
Las perspectivas de las próximas semanas dependerán de los resultados que arrojen las conversaciones en París y de cómo se traduzcan esos acuerdos en compromisos parlamentarios concretos. Si el Gobierno logra obtener garantías de apoyo de los trece gobernadores presentes en el viaje, incrementarían significativamente sus posibilidades de reunir los votos necesarios en el Congreso, aunque esto dista de ser automático. Bloques como el radical podrían seguir resistiéndose a pesar del apoyo de los gobernadores, o el PRO podría mantener su postura favorable a las primarias. En cambio, si los acuerdos en París no alcanzan los niveles esperados, el Gobierno enfrentaría la disyuntiva de optar por una reforma más modesta o postergar la iniciativa indefinidamente.
Independientemente del desenlace específico, el proceso en curso refleja transformaciones más amplias en el sistema político argentino. La negociación de reformas fundamentales—como es el caso de cambios al sistema electoral—requiere en la actualidad del concurso de múltiples actores que mantienen poder de veto: gobernadores, bloques legislativos, coaliciones internas dentro de los partidos. No existe un centro de poder único capaz de imponer una decisión sin negociación, lo que prolonga los procesos y genera incertidumbre. El traslado de estas negociaciones hacia el escenario internacional, aunque responde a lógicas pragmáticas inmediatas, también pone de manifiesto las limitaciones que enfrentan los gobiernos contemporáneos para gobernar dentro de marcos institucionales fragmentados, donde cada reforma requiere de complejas operaciones políticas de ensamblaje de coaliciones.
