La máquina judicial se mueve lentamente pero sin pausa. En los pasillos de Comodoro Py 2002, donde funciona la justicia federal porteña, el fiscal Gerardo Pollicita redacta lo que podría ser un punto de quiebre en la investigación que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni: un exhaustivo requerimiento que le exigirá al funcionario presentar explicaciones documentadas sobre la procedencia de sus bienes. La sospecha central que mueve esta pesquisa es brutal en su simplicidad: el patrimonio acumulado por Adorni no encuentra cobertura en sus ingresos declarados. Esto es lo que motoriza todo el andamiaje procesal que ahora avanza hacia una nueva fase.
El fiscal no actúa a ciegas. Detrás de las páginas que ya redactó, existe un trabajo técnico minucioso que aún no concluye. La Procuración General de la Nación, a través de su Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), encargó a especialistas en contabilidad forense la tarea de auditar el patrimonio del jefe de Gabinete. Pero además, y quizás más crucial, otro equipo de peritos integrado por contadores y un especialista en criptomonedas trabaja en reconstruir el flujo de dinero a través de operaciones con monedas digitales. Aunque Pollicita ya conoce las cuentas nominadas donde constan estas transacciones, necesita que los expertos tracen el recorrido completo: de dónde viene el dinero, por dónde circula, a dónde va. Este análisis técnico es la llave para establecer números concretos sobre lo que Adorni deberá justificar.
El trámite que precede al interrogatorio judicial
Lo que está por suceder responde a un protocolo establecido en los casos de sospecha de lavado de dinero. Una vez que el fiscal cuente con los informes técnicos finales, procederá a intimar al investigado para que presente un escrito explicativo. En términos legales, se trata de una oportunidad procesal: Adorni tendrá que detallar, bien a bien, de dónde provinieron los fondos con los que adquirió cada uno de esos bienes que la fiscalía considera sin justificación. No es un interrogatorio todavía. Es un paso previo, una petición de explicaciones. Eso sí, el resultado de ese escrito determinará el próximo movimiento del fiscal. Si Pollicita considera que las justificaciones son suficientes y creíbles, puede sobreseer el caso, es decir, archivarlo sin procesamiento. Pero si las explicaciones no lo convencen, entonces sí: el funcionario será convocado a declaración indagatoria, donde deberá responder bajo apercibimiento del juez.
Es fundamental entender qué significa esa indagatoria: no es prueba de culpabilidad. Es un acto defensivo del imputado. Marca que el magistrado ha reunido elementos de prueba suficientes para considerar que existe sospecha razonable de que la persona está incursa en un delito y, por tanto, merece ser interrogada. Pero todo queda en el terreno de la sospecha. Lo que sí trascendió desde los despachos judiciales es que nadie espera novedades concretas en el corto plazo. El trabajo de los peritos demorará aproximadamente noventa días. Eso significa que la causa entrará en un compás de espera durante los próximos meses, mientras el fútbol mundial captura la atención pública desde mediados de junio.
Las relaciones turbias con Marcelo Grandio y la otra vía de investigación
Pero Adorni no está siendo perseguido por una sola senda investigativa. En paralelo, el juez Ariel Lijo sigue otra línea de pesquisa centrada en las relaciones entre el jefe de Gabinete y el productor audiovisual Marcelo Grandio. Aquí los hechos bajo lupa son más específicos y concretos. La empresa productora de Grandio, Imhouse, cuenta con seis contratos de coproducción suscritos con la Televisión Pública. Antes de que Adorni asumiera su cargo en el gobierno actual, habría habido transferencias de dinero desde la productora hacia el funcionario. Además está el episodio del viaje a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval: Adorni viajó en avión privado con su familia. El jefe de Gabinete sostuvo públicamente que él mismo costeó el pasaje. Sin embargo, según la pesquisa judicial, existe sospecha de que fue Grandio quien pagó ese vuelo. Estos vínculos comerciales previos, sumados a los contratos con la televisión estatal después de que Adorni llegara al poder, abren la puerta a imputaciones por negociaciones incompatibles con la función pública o bien por recepción de dádivas.
El juez Lijo ya está en posesión de información sobre las cuentas y las operaciones realizadas. Lo que espera ahora es que se completen los cruces de llamadas telefónicas entre los números de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse. No se obtendrán transcripciones de conversaciones —eso requeriría una orden de allanamiento más invasiva—, pero sí se sabrá si hubo contactos, en qué fechas ocurrieron y si esos contactos coinciden temporalmente con la firma de los acuerdos entre la productora y el canal estatal. La geolocalización de los teléfonos también será analizada. Este tipo de prueba tiene antecedentes contundentes en la justicia argentina: en la causa que derivó en la condena del exvicepresidente Amado Boudou, los cruces de llamadas fueron centrales para establecar los eslabones de la cadena delictiva.
Lijo planea citar a Adorni a prestar declaración indagatoria antes del receso invernal de los tribunales, previsto para la segunda quincena de julio. Sin embargo, en el ámbito gubernamental circula una interpretación alternativa: fuentes oficiales sugieren que, aunque el juez convoque al funcionario, esta acción sería más un gesto simbólico, una suerte de mensaje, que un acto procesal con propósitos concretos. La razón que argumentan es que, de manera simultánea, los pliegos de ascenso de varios secretarios y exsecretarios de Lijo —candidatos a ser nombrados jueces federales— están pendientes de revisión y decisión por parte del Poder Ejecutivo. Una perspectiva procesal distinta es la que comparten algunos magistrados del ámbito judicial: entienden que si Lijo decide convocar a indagatoria, es porque casi con certeza procederá posteriormente al procesamiento de Adorni. En la justicia federal, otros desenlaces resultan infrecuentes.
Los contratos que vinculan a Imhouse con la Televisión Pública incluyen ciclos de entrevistas, programas de streaming y envíos radiales bajo distintos esquemas de financiamiento. La productora asume los costos de operación —salarios, equipamiento, derechos de autor— así como cualquier litigio que pudiera surgir. A cambio, obtiene acceso a los ingresos publicitarios hasta recuperar su inversión inicial, para luego compartir las ganancias con el Estado. Grandio, pese a haber dejado formalmente la conducción de la empresa, mantiene vínculos con ella, como consta en redes sociales donde aparecen créditos sobre programación que se emite en el canal estatal desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada.
La combinación de ambas investigaciones —la del fiscal Pollicita sobre enriquecimiento sospechoso y la del juez Lijo sobre vínculos contractuales irregulares— dibuja un escenario judicial complejo para el jefe de Gabinete. El primero apunta a la acumulación inexplicada de bienes. El segundo apunta a la posibilidad de que esa acumulación haya sido financiada, al menos parcialmente, a través de transacciones vinculadas a alguien con quien Adorni tenía relaciones comerciales ocultas o, al menos, soslayadas. Las próximas semanas serán decisivas en cuanto a la velocidad y la profundidad que alcance cada línea investigativa, aunque todo indicador señala que estamos ante un proceso que apenas comienza su verdadera aceleración.
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