La estructura del Poder Judicial federal en Córdoba atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. Dos de sus máximos referentes —Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidentes de las Salas A y B respectivamente de la Cámara Federal de Apelaciones— se encuentran en el ojo de la tormenta tras una acusación que, de comprobarse, expone fracturas profundas en el funcionamiento institucional. Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian solicitaron formalmente el procesamiento de ambos magistrados por conductas que trascienden lo administrativo para ingresar en territorio de delitos que comprometen la integridad del sistema judicial mismo.
La gravedad de los cargos imputados —abuso de autoridad, violación de deberes funcionales, falsedad ideológica y coacción— refleja una investigación que ha documentado lo que, según la acusación, constituiría una orquestación deliberada para alterar los mecanismos naturales de distribución de competencias dentro del tribunal. No se trata de interpretaciones discrepantes sobre normas procesales, sino de conductas que, en caso de ser probadas, demostrarían un desvío intencional de facultades judiciales con propósitos que permanecen bajo escrutinio. Para Sánchez Torres, los fiscales han solicitado además arresto domiciliario, una medida que evidencia la severidad con que se evalúan los hechos investigados.
La trama en torno al caso Bunge
El núcleo de la controversia gira en torno a los movimientos realizados durante el año 2023 respecto del denominado caso "Bunge", vinculado a presuntas prácticas de evasión tributaria. La causa, que operaba fragmentada en dos expedientes —"Padilla" en la Sala A y "Humanes" en la Sala B— se convirtió en el escenario donde, conforme a la acusación, ambos camaristas habrían coordinado una maniobra destinada a concentrar su participación en la resolución de la controversia. Esta coordinación, de haberse concretado según lo denunciado, habría dejado sin intervención a los magistrados que por ley correspondía que participasen del análisis mediante los mecanismos de subrogancia establecidos en la normativa procesal.
El 24 de julio de 2023 marca un punto de inflexión en la cronología de los hechos. Ese día, la Cámara recibió el expediente "Padilla" proveniente del tribunal federal de Río Cuarto. Lo que ocurrió subsecuentemente, según la acusación fiscal, revelaría un desacato a los protocolos que garantizan la rotación equilibrada de magistrados. Montesi y Eduardo Ávalos, los jueces titulares de la Sala A, emitieron sucesivamente sus votos. Cuando correspondía la intervención del tercer miembro —posición que debería haber sido ocupada por la magistrada que subrogaba en ese período, Liliana Navarro— la documentación no fue derivada a sus manos según el procedimiento reglamentario. En cambio, el expediente fue canalizado hacia la Secretaría Penal de la Cámara, cuya conducción recaía en Olmedo, en una maniobra que los fiscales interpretan como un desvío deliberado del trámite establecido.
Las acusaciones sobre represalias y violencia laboral
Paralelamente a la investigación sobre la composición irregular del tribunal, emerge una segunda dimensión del conflicto que involucra denuncias de índole distinta pero potencialmente vinculada. Celina Laje Anaya, quien se desempeñaba como secretaria del juez Alejandro Sánchez Freytes —el magistrado que instruye este procedimiento—, presentó acusaciones de trato degradante y hostilidad laboral sistemática. Según su relato, habría sufrido comportamientos abusivos de manera persistente después de rehusarse a realizar una certificación que ella consideraba irregularidades. El patrón descripto en su denuncia apunta a represalias ejecutadas de manera contundente, con impacto en su salud física y emocional.
La complejidad se multiplica cuando interviene Francisco Juárez Rouvier, secretario del tribunal, quien fue dotado de medidas protectoras por parte del juez Sánchez Freytes y quien posteriormente comparecería como testigo de las acusaciones formuladas por Laje Anaya. La convergencia de estos relatos, aunados a la documentación que obra en el expediente, ha permitido a los fiscales construir una narrativa de represión institucional que trascendería los límites de lo que podría considerarse una simple diferencia de criterios administrativos. Los registros de hechos objetivos documentados en el proceso aparecen como elemento vertebral de la acusación, más allá de las interpretaciones que puedan existir sobre sus implicancias.
Las defensas de los acusados han presentado argumentaciones distintas. Sánchez Torres negó de manera frontal los hechos atribuidos y, bajo asesoramiento letrado, se abstuvo de prestar testimonio detallado, reservándose la opción de una declaración posterior. En su escrito de descargo presentado posteriormente, argumentó que cualquier irregularidad en la integración de la sala se trató de un error corregido con celeridad una vez detectado, y rechazó categóricamente haber ejercido conductas de violencia contra su anterior colaboradora. Montesi, por su lado, no controvertió la descripción fáctica de los sucesos documentados en el expediente, pero negó que sus acciones respondieran a un propósito delictivo. Según su relato, la reaparición del expediente "Padilla" en su vocalía después de haber ya votado ella y adherido su colega Ávalos, obedeció a una "recirculación", práctica que según su descripción resulta común en la Sala cuando existe alguna divergencia entre los votos iniciales emitidos.
Recientemente, nuevas complejidades han ingresado a la investigación. El abogado Claudio Orosz, quien actúa en representación de Laje Anaya, ha presentado una denuncia adicional contra ambos camaristas, esta vez relacionada con presuntas manipulaciones en la conformación de un tribunal en una causa que involucra a activistas del sindicato Luz y Fuerza. Esta presentación amplía el espectro de conductas bajo investigación y sugiere patrones potencialmente reiterados de comportamiento. Corresponderá a los fiscales determinar si esta nueva denuncia será integrada al expediente principal o tramitada como causa autónoma.
Implicancias institucionales y perspectivas futuras
Los desenlaces posibles de esta investigación generan incertidumbre respecto del funcionamiento futuro de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Si los cargos formulados por los fiscales resultasen probados, ello establecería un antecedente de gravitación significativa sobre las garantías que rodean la administración de justicia federal en la provincia. La confianza en la imparcialidad de los tribunales reposa, en última instancia, en la certeza de que los mecanismos que aseguran la rotación y distribución de competencias operan sin interferencias deliberadas. Simultáneamente, quienes sostengan la validez de las defensas presentadas encontrarán elementos para argumentar que los hechos han sido malinterpretados o que responden a circunstancias administrativas rutinarias. La resolución de estas cuestiones fácticas quedará sujeta a la evaluación de las pruebas y a la apreciación judicial que corresponda efectuar en las etapas posteriores del procedimiento.
