En el centro de una compleja red de irregularidades administrativas que atravesó agencias estatales argentinas durante los últimos años figura Gerardo Boschin, quien hasta hace poco encabezaba la estructura de Trenes Argentinos dentro del gobierno nacional. La investigación judicial que lo incluye como uno de los principales sospechosos revela un patrón donde autorizar contratos sin procedimientos de licitación pública, filtrar información administrativa a empresas beneficiadas y recibir bienes de valor significativo conformarían los eslabones de una operatoria presuntamente irregularmente coordinada. Lo que comenzó como una pesquisa sobre hurto de equipamiento en infraestructura de telecomunicaciones desembocó en un análisis más profundo de los mecanismos mediante los cuales la administración pública habría canalizado recursos hacia empresas privadas con márgenes extraordinarios.
Los magistrados a cargo del caso, el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, enfocaron la investigación en cómo Boschin funcionó como engranaje central en la maquinaria de toma de decisiones. Durante su permanencia como gerente de compras y contrataciones en Arsat —la empresa estatal de satélites— entre 2021 y 2024, este funcionario habría sido el puente de comunicación inicial con los empresarios que posteriormente resultaron favorecidos con contratos de magnitud considerable. Los registros de mensajería interceptados revelan que Boschin filtró información del expediente interno mientras el proceso administrativo se encontraba en curso, permitiendo que los interesados conocieran el avance de sus gestiones de manera privilegiada.
El entramado de órdenes de compra sin procedimiento licitatorio
Entre 2021 y 2024, Boschin firmó aproximadamente diez órdenes de compra vinculadas a servicios de depósito, transporte y manipulación de carga que sumaron casi dos millones de dólares estadounidenses en conjunto. La primera de estas autorizaciones, por US$766.099, se suscribió el 26 de octubre de 2021 para alquiler de espacio de almacenamiento. Lo que resulta particularmente significativo es que apenas cinco días después de estampar su firma en esa orden inicial, el 15 de noviembre de 2021, Boschin registró a su nombre una Volkswagen Highline en dependencias del registro automotor de Mendoza. La cronología de estos eventos —autorización de gasto público millonario seguida de manera inmediata por la adquisición de un vehículo de lujo— constituyó un elemento central en la evaluación que los investigadores realizaron sobre la naturaleza de estas transacciones.
Los intercambios de mensajería que fueron recuperados de dispositivos móviles secuestrados muestran una comunicación fluida entre Boschin y Diego Padilla, vicepresidente de Argentina Logistic Services S.A. (ALS), la empresa contratada. En octubre de 2021, cuando el proceso aún aguardaba el dictamen jurídico que debería avalar la contratación, Padilla escribió expresando presión temporal, a lo cual Boschin respondió informando sobre el estado del expediente dentro de la estructura estatal. Días más tarde, cuando se consultó nuevamente sobre los avances, Boschin confirmó que "mañana me mandan el dictamen y sacamos la OC", utilizando la jerga administrativa para referirse a la orden de compra. El 4 de noviembre, con el proceso prácticamente consumado en la firma presidencial de Arsat, Boschin envió un audio a Padilla detallando el cronograma final: "ya está en proceso de firmas, así que vamos nomas, ya firmo yo, firma Pagani, así que si todo anda bien entre mañana y el lunes te saco la orden de compra firmada".
Pagos en efectivo y sobrefacturación sistemática
La investigación identificó entregas de dinero en efectivo que habrían circulado desde la empresa contratada hacia funcionarios estatales durante la vigencia de los contratos. Un intercambio de mensajes del 16 de mayo de 2022 entre Fernando Paredes y Padilla menciona explícitamente la transferencia de US$6.000 en efectivo destinados específicamente a Boschin, asociando esa suma a conceptos de servicios de depósito y movimiento de carga. En otro fragmento de conversación capturada durante el análisis digital, se evidencia una instrucción para que los servicios fuesen "sobredimensionados", generando márgenes adicionales que aparentemente sostenían el flujo de retornos hacia los funcionarios: "que inventes", dice textualmente uno de los registros recuperados, refiriéndose a la ampliación artificial del alcance de los contratos con inclusión de servicios que no necesariamente formaban parte de la prestación original solicitada.
Más allá de Boschin, la estructura de irregularidades se extendió hacia otros niveles de la administración pública. Facundo Leal, quien fuera titular de Arsat, aparece en la investigación como otro funcionario que habría participado en este esquema. Los allanamientos dispuestos en sus inmuebles revelaron la existencia de US$2.35 millones en efectivo además de estupefacientes, circunstancia que aceleró el despliegue investigativo. El 26 de julio de 2023, cuando Leal ya ostentaba la posición de gerente general de Arsat, realizó una transferencia de una Volkswagen Amarok Extreme a nombre de Boschin, movimiento que los fiscales vincularon directamente con la cronología de las órdenes de compra autorizadas.
La trayectoria laboral de Boschin refleja una movilidad institucional significativa durante el período investigado. Fue empleado simultáneamente de Arsat y de Operadora Ferroviaria, las dos empresas donde ocupó posiciones de responsabilidad en la gestión de recursos. En 2024 ascendió a la presidencia de Trenes Argentinos en el marco de la estructura gubernamental del presidente Javier Milei, cargo que abandonó en enero de 2025 en circunstancias que coincidieron con la salida de otros funcionarios del área de Transporte, incluyendo al entonces secretario Luis Pierrini. Los allanamientos ejecutados alcanzaron tres domicilios en Mendoza, uno en Nordelta y otro en la ciudad de Buenos Aires, aunque Boschin no fue detenido en el operativo, sí se secuestraron elementos que los investigadores consideraron de interés para el avance probatorio de la causa.
La estructura investigada presenta características que trascienden la simple malversación de fondos: evidencia un sistema donde el conocimiento privilegiado de información administrativa, la autorización de contratos sin competencia licitadora y la recepción de beneficios materiales funcionaban de manera coordinada para canalizar recursos estatales hacia beneficiarios privados con márgenes inflados. Los distintos actores —funcionarios públicos de diferentes rangos jerárquicos, empresarios privados y estructuras empresariales del Estado— parecerían haber participado en un mecanismo donde cada componente cumplía una función específica en la operatoria general. A medida que avanza la instrucción de la causa, las implicancias institucionales se despliegan: cuestionan los procedimientos de contratación pública en agencias sensibles, ponen de relieve vulnerabilidades en los sistemas de control administrativo y plantean interrogantes sobre cómo estas dinámicas pudieron sostenerse durante años sin detección temprana. Los diferentes enfoques que pueden derivarse de estos hechos permiten examinar tanto fallas en mecanismos de supervisión interna como la capacidad institucional de las agencias estatales para prevenir este tipo de conductas.
