Tras cuatro décadas en las que la conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires estuvo monopolizada por hombres, la institución que regula el ejercicio de la profesión legal en la capital argentina completó este lunes un cambio de guardia sin precedentes. Alejandra García se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de una organización que, durante 41 años de existencia, había mantenido esa responsabilidad en manos del género masculino. El cambio de mando no constituyó apenas un gesto simbólico; los números electorales que respaldan su llegada al cargo sugieren una ratificación clara de la continuidad administrativa y una confirmación de las prioridades que la institución se propuso durante el cuatrienio anterior. Lo que ocurrió en las urnas entre el 21 y 22 de abril pasado, cuando 16.554 abogados concurrieron a votar, traza una línea que divide el pasado reciente del futuro próximo de una entidad fundamental para la regulación de la profesión forense en Buenos Aires.
La consolidación de un proyecto de modernización institucional
García no llega a la presidencia como una outsider política dentro de la estructura corporativa. Durante los últimos dieciocho meses, se desempeñó en el cargo de Coordinadora del Área Legal y Técnica de la institución, lo que le permitió conocer en profundidad los engranajes administrativos y las prioridades estratégicas de la organización. Su trayectoria profesional, que se extiende por más de tres décadas, incluye experiencias en estudios de relevancia como Monner Sans, Duprat & Alvarez; Zang, Mochon, Bergel & Viñes; y GOW & Asociados. Se trata de una egresada de la Universidad de Buenos Aires cuya inserción en el mundo jurídico porteño la posicionó dentro de los círculos que tradicionalmente accedían a los espacios de poder colegial, aunque ninguna mujer hubiera trascendido hasta ahora hacia la cúspide de esa pirámide institucional.
El mandato que recién inició alcanzará hasta 2028, período durante el cual García ha prometido profundizar la línea de acción que caracterizó los últimos cuatro años bajo la presidencia de Ricardo Gil Lavedra, su antecesor inmediato. En declaraciones posteriores a la jornada electoral, la nueva mandataria vinculó explícitamente su asunción con la continuidad de un modelo de gestión que, según su lectura, logró "ordenar" y "modernizar" al Colegio, además de restaurar su presencia activa en coyunturas donde los derechos de los abogados estuvieron en riesgo. La coalición que la impulsó opera como una alianza pragmática que nucleó a doce agrupaciones distintas, integrando a radicales, miembros de Pro, socialistas y otros sectores próximos al actual gobierno nacional.
El resultado electoral y el mapa político dentro de la abogacía porteña
Los guarismos del proceso electoral revelaron un espacio político fragmentado pero con una tendencia marcada hacia la reelección del proyecto saliente. La coalición oficialista obtuvo porcentajes prácticamente idénticos en los tres órganos sobre los que se votó: 47,38% en el Consejo Directivo, 47,35% en el Tribunal de Disciplina y 47,42% en la Asamblea de Delegados. Esta uniformidad en la votación sugiere una disciplina electoral significativa y la capacidad de movilización de la estructura que respaldaba a García. A modo de comparación, la participación que se registró este año superó con creces la del ciclo electoral anterior: aproximadamente 3.000 matriculados más concurrieron a emitir su voto, un incremento que podría interpretarse como una señal de interés renovado en los asuntos gremiales o una intensificación de las campañas para movilizar el padrón.
El panorama se completa con la presencia de otras cuatro listas que se repartieron el tercio restante de los sufragios. En segundo término, "Gente de Derecho" (Lista 47) logró captar aproximadamente una cuarta parte de los votos en cada categoría, con guarismos muy cercanos entre sí: 24,90% en Consejo Directivo, 24,86% en Tribunal de Disciplina y 24,80% en Asamblea de Delegados. El "Espacio Abierto de Abogados" (Lista 66) alcanzó guarismos ligeramente superiores al 11%, consolidándose como la tercera fuerza electoral. Por su lado, la opción identificada con sensibilidades vinculadas al kirchnerismo, "Por más abogacía" (Lista 68), bajo la candidatura presidencial de Eduardo Javier Lema Castillo, obtuvo guarismos apenas inferiores al 10% en cada categoría. Finalmente, la Lista 69, "Los que vemos el Colegio", rondó el 5,4% de la votación. Este despliegue de cinco opciones electorales distintas muestra una profesión diversa en sus preferencias políticas, aunque con una mayoría clara respecto de la orientación que definirá la gestión durante los próximos cuatro años.
Las promesas de una nueva gestión y los desafíos pendientes
En sus palabras públicas, García enfatizó su compromiso con lo que denominó como "un Colegio que interviene cuando están en juego nuestras incumbencias" y que "sostiene la defensa de nuestros honorarios". Estas expresiones aluden a dos dimensiones tradicionales de la lucha gremial de los abogados: la protección de su monopolio sobre ciertas funciones legales y la capacidad de negociación sobre los montos que perciben por sus servicios. La nueva presidenta también señaló su intención de que la institución "asuma su responsabilidad institucional frente a las condiciones en las que ejercemos la profesión", una fórmula que deja abierta la puerta a intervenciones sobre temas amplios: desde la inflación y su impacto en los aranceles hasta cuestiones más estructurales sobre el acceso a la justicia o la situación del sistema legal nacional.
Lo que García denominó como la "forma de conducir" de su predecesor, Gil Lavedra, merece atención especial en el análisis de cómo fue posible esta ruptura simbólica. La propia García reconoció públicamente que su llegada a la presidencia no constituye únicamente su mérito individual, sino el resultado de una decisión deliberada de abrir espacios y de trato igualitario dentro de la estructura de poder colegial. Esta reflexión sitúa el cambio dentro de un proceso más largo, más colectivo, en el que "muchas mujeres fueron construyendo" un camino anterior. Se trata de una lectura que no niega el componente estructural de la discriminación de género, pero que también reconoce la importancia de liderazgos que favorecieron activamente la paridad o la apertura. Los abogados que votaron este mes, en cantidad superior a la de comicios anteriores, avalaron tanto a la candidata como a la continuidad del proyecto político que la llevó hasta la cúspide institucional.
La ceremonia de asunción que se desarrolló el lunes formalizó no solo el acceso de García a la presidencia, sino también la constitución de los demás órganos directivos: la Asamblea de Delegados y Delegadas, el Tribunal de Disciplina y el Consejo Directivo quedaron oficialmente instalados para comenzar su labor. Esto significa que, más allá del factor simbólico de la primera presidenta mujer, una estructura completa de poder fue renovada, ofreciendo oportunidades para repensar prioridades, replantear estrategias y, potencialmente, redefinir la agenda de una institución que representa a más de 180.000 abogados en la Ciudad de Buenos Aires.
Perspectivas abiertas y tensiones previsibles
Los próximos cuatro años presentarán un conjunto de desafíos para la gestión García en múltiples registros. Por un lado, la institución deberá continuar navegando las aguas de una profesión que enfrenta presiones económicas derivadas de la inflación crónica, cambios en la demanda de servicios legales y transformaciones tecnológicas que redefinen cómo se ejerce la abogacía. Por otro, la existencia de una oposición electoral organizada y considerable (más del 52% de los votantes eligió opciones distintas a la coalición triunfante) sugiere que habrá demandas y críticas que la nueva administración deberá procesar. Las propuestas gremiales en materia de aranceles, la defensa de incumbencias profesionales frente a cambios legislativos o regulatorios, y la participación del Colegio en debates públicos sobre el sistema de justicia figurarán sin duda entre los temas que ocuparán la agenda de los próximos años. El incremento en la participación electoral abre interrogantes sobre si el interés despertado en las urnas se traducirá en mayor involucramiento de los matriculados en la vida institucional o si fue simplemente el efecto de una campaña particularmente activa. La confirmación de una nueva mayoría, aunque ligeramente erosionada respecto de otros ciclos electorales, ofrece a García un mandato claro pero no abrumador, lo que sugiere que la gobernanza durante su presidencia requerirá negociación, diálogo y construcción de consensos incluso hacia el interior de la coalición que la respalda.
