La paralización de inversiones en infraestructura hídrica vuelve a convertirse en punto de fricción entre la administración nacional y los gobiernos provinciales. Con 290.000 millones de pesos sin ejecutar provenientes de un fondo específicamente destinado a obras de regulación y control de cuencas, dos provincias que comparten territorios de alto riesgo hidrológico decidieron plantarse públicamente ante la Casa Rosada. La confluencia de intereses políticos y preocupaciones genuinas por la seguridad hídrica configura un escenario donde lo técnico y lo electoral convergen inevitablemente. Lo que está en juego trasciende los cálculos de poder: se trata de la capacidad de prevención ante eventos climáticos cada vez más impredecibles.
El gobernador bonaerense y su par pampeano levantaron conjuntamente sus demandas, un gesto político que habla de convergencias territoriales innegables. Según los funcionarios provinciales, existen recursos etiquetados específicamente para grandes obras de infraestructura, para la regulación de sistemas de drenaje y control de crecidas, que desde que la actual administración asumió en 2023 permanecen sin canalizarse hacia sus destinos previstos. El funcionario bonaerense fue categórico al señalar dónde debería estar ese dinero: en obras concretas, en sistemas de control de cuencas, en proyectos de envergadura que transforman el territorio. En cambio, observa que esos recursos han sido desviados hacia instrumentos de naturaleza financiera, modificando así su destino original. Esta crítica no es menor: toca el nervio de cómo se asignan recursos públicos y qué prioridades orientan esas decisiones.
Cuencas compartidas y vulnerabilidad común
Buenos Aires y La Pampa comparten al menos dos sistemas de cuencas hídricas de relevancia significativa que trascienden las fronteras administrativas. El Río Quinto constituye uno de los casos más complejos desde el punto de vista hidrológico. Originario de las serranías de San Luis, este curso de agua atraviesa un territorio altamente productivo antes de ingresar en suelo bonaerense, donde recorre los partidos de General Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado, hasta conectar finalmente con el Río Salado. Su régimen de funcionamiento presenta una característica particular: depende exclusivamente de los patrones pluviométricos regionales, lo que genera períodos de caudal nulo alternados con momentos de inundaciones severas. Esta volatilidad hidrológica convierte al territorio en una zona de vulnerabilidad climática permanente.
La cuenca del Río Colorado presenta dimensiones aún más vastas. Con una extensión total de 1.200 kilómetros desde la cordillera andina hasta el Océano Atlántico, sus aguas son compartidas por cinco provincias: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, abarcando una superficie de 48.000 km2. Este es un sistema de escala nacional que requiere coordinación permanente entre jurisdicciones. Cualquier decisión sobre inversión hídrica en estos territorios afecta potencialmente a millones de personas distribuidas en varias provincias. La paralización de obras en estos sistemas no es un asunto técnico menor: implica dejar desprotegido un territorio productivo de enorme relevancia económica frente a variabilidades climáticas que se proyectan cada vez mayores.
El Niño como catalizador de urgencia
La mención al fenómeno climático denominado El Niño no es accidental en este reclamo. Se trata de un patrón de circulación oceánica y atmosférica que, cuando se presenta, genera condiciones de precipitaciones anómalas en grandes regiones del hemisferio sur, incluyendo Argentina. Los estudios climáticos indican que estos eventos se vuelven más frecuentes e intensos en el contexto del cambio climático acelerado. En este marco, la ejecución de obras de regulación hídrica deja de ser un lujo o una inversión a largo plazo para convertirse en herramienta de prevención inmediata. Los gobernadores enfatizaron precisamente esto: no se trata de cálculos políticos diferidos en el tiempo, sino de la necesidad urgente de estar preparados para fenómenos que pueden desencadenar inundaciones, pérdidas productivas y riesgos para la población civil.
Uno de los proyectos específicamente mencionados es la reactivación del Tramo IV del Río Salado, iniciativa que venía siendo financiada con recursos del fondo hídrico antes de su paralización. Según la lectura de las autoridades bonaerenses, la interrupción de este tramo de obras genera un efecto cascada: reduce la capacidad de amortiguación del sistema ante eventos de precipitación extrema. El funcionario responsable de infraestructura en la provincia indicó explícitamente que el gobierno nacional posee responsabilidades ineludibles en materia de preparación ante fenómenos climáticos extremos. Por su lado, el secretario de recursos hídricos pampeano fue directo: el agua no reconoce límites administrativos, por lo tanto los sistemas de alerta temprana y las obras de regulación requieren necesariamente coordinación interprovincial. Esta lógica territorial pone en evidencia las limitaciones de actuar de manera aislada cuando se trata de sistemas hidrológicos que trascienden fronteras provinciales.
La convergencia de intereses entre Kicillof y Ziliotto adquiere relevancia precisamente en este contexto de vulnerabilidad compartida. Ambas provincias necesitan que funcionen sistemas de comunicación permanente ante alertas de inundación, que existan protocolos coordinados de emergencia, que se ejecuten obras previamente planificadas. El gobernador pampeano cerró su intervención con una afirmación que sintetiza la postura conjunta: cada actor debe cumplir con sus responsabilidades o asumir las consecuencias de no hacerlo. Se trata de una demanda de correspondencia: si existen fondos, deben ser canalizados hacia sus destinos originales; si se decide no hacerlo, esa decisión debe ser explícita y pública, no difuminada en mecanismos de reorientación presupuestaria.
La paralización de inversiones hídricas abre interrogantes sobre consecuencias que pueden materializarse en distintos escenarios. Por un lado, si las condiciones climáticas se presentan dentro de los parámetros históricos habituales, la ausencia de estas obras podría no generar impactos visibles en el corto plazo. Por otro lado, un evento de precipitación extrema en regiones como las cuencas del Quinto o del Colorado podría exponer vulnerabilidades acumuladas, generando inundaciones, destrucción de infraestructura productiva, desplazamientos de población. Desde la perspectiva de las autoridades provinciales, los fondos están disponibles y su no ejecución constituye una decisión deliberada con potenciales costos sociales. Desde ópticas alternativas, la realocación de recursos responde a prioridades presupuestarias distintas que el gobierno nacional considera necesarias en el contexto actual. Lo cierto es que el debate sobre asignación de recursos hídricos seguirá determinando la capacidad de respuesta territorial ante variabilidades climáticas cada vez más pronunciadas.
