La angustia financiera que atraviesan los municipios de tamaño pequeño en Entre Ríos ha llegado a un punto de quiebre donde las autoridades locales consideran enajenar bienes del Estado para cumplir con obligaciones laborales básicas. En Hernández, una localidad ubicada en el departamento Nogoyá, el mandatario Luis Gaioli reconoció públicamente que analiza la enajenación de terrenos, vehículos e inmuebles de propiedad municipal como estrategia de corto plazo para solventar el pago de gratificaciones de fin de año a su personal. Esta medida refleja una realidad mucho más profunda: la asfixia financiera que sofoca a gobiernos locales cuyo presupuesto depende en forma casi exclusiva de transferencias nacionales que, lejos de crecer, han mostrado una tendencia constante a la contracción.

El deterioro progresivo de los ingresos coparticipables

Durante el período comprendido entre febrero y el primer cuatrimestre del año fiscal, los números evidencian una caída sostenida en los fondos que la Nación distribuye a las administraciones municipales. Gaioli detalló que en febrero específicamente el municipio percibió treinta millones de pesos menos en comparación con el mismo mes del año previo. Pero lo preocupante no es un dato aislado, sino una tendencia que se prolonga durante nueve o diez meses consecutivos, un período en el cual la recaudación nacional y municipal cayó ininterrumpidamente mientras que, de forma simultánea e inexorable, la inflación continuaba su ascenso imparable.

A nivel provincial, los números son aún más elocuentes. En el primer cuatrimestre, la coparticipación federal experimentó una reducción real del 7,14 por ciento respecto al mismo período de 2025. Lo paradójico es que, a pesar de estos datos, los montos efectivamente recibidos por Hernández mantienen niveles prácticamente equivalentes a los de hace doce meses. Sin embargo, los costos operativos no permanecieron estáticos: servicios, combustibles, mantenimiento de infraestructura y otras erogaciones básicas se incrementaron sustancialmente durante ese lapso. El resultado es matemático y brutal: menos dinero entrante pero más dinero saliente, una ecuación que simplemente no cierra.

La vulnerabilidad de los municipios pequeños ante la asfixia presupuestaria

Gaioli insistió en que la condición de Hernández no constituye una excepción sino una regla entre los municipios menores a cinco mil habitantes. En su análisis, señaló que estas jurisdicciones dependen de forma crítica, oscilando entre el 70 y 80 por ciento, de los recursos que provienen de la coparticipación federal. Esta dependencia no es producto de una mala gestión local sino de la estructura tributaria nacional: los impuestos se recaudan principalmente en grandes aglomerados urbanos y posteriormente se distribuyen territorialmente. Cuando el financiamiento nacional se retrae, los municipios pequeños no tienen cojinetes de amortiguación alternativos. No pueden recaudar impuestos provinciales ni sustituir las transferencias con recursos propios significativos.

El escenario que enfrenta Hernández es particularmente complicado porque el municipio debe sostener una estructura administrativa mínima pero existente: servicios de agua, mantenimiento vial, alumbrado público, recolección de residuos, administración general. Además, mantiene una planta de cincuenta agentes entre personal permanente y contratado, cuyos salarios representan una obligación ineludible. Cuando el flujo de ingresos se reduce, el intendente se ve forzado a priorizar: ¿qué se paga y qué se posterga? Las decisiones que adopta Gaioli revelan la jerarquía de necesidades: los salarios y servicios esenciales se mantienen, mientras que la obra pública, el mantenimiento diferible y otras inversiones quedan rezagadas.

La venta de activos como válvula de escape ante el bloqueo fiscal

Frente a esta encrucijada, Gaioli propuso la realización de subastas públicas de terrenos municipales como mecanismo para generar fondos extraordinarios destinados al pago del medio aguinaldo. La iniciativa incluye lotes que el municipio recuperó mediante procedimientos de apremio fiscal o cuya titularidad permanecía en manos de propietarios desconocidos. Aunque pueda parecer una medida drástica, Gaioli aclaró que se trata de una práctica recurrente en la administración local, no una decisión revolucionaria. Previamente ya se habían rematado unidades con servicios básicos integrados. En paralelo, el Ejecutivo municipal también contempla la venta de vehículos que permanecen fuera de servicio, siempre que el Concejo Deliberante otorgue su aprobación. Estas ventas persiguen un objetivo inmediato pero también reflejan una realidad más amplia: cuando los flujos de caja se agotan, incluso los gobiernos locales recurren a la enajenación de su patrimonio para mantener la operatividad básica.

La propuesta no apunta únicamente al aguinaldo. Representa, de hecho, un mecanismo de estabilización de corto plazo frente a un problema estructural de largo plazo. Cada venta de activos municipal genera fondos que cubren brechas presupuestarias inmediatas, pero reduce simultáneamente el acervo patrimonial del gobierno local. Si esta práctica se prolonga sin que se resuelva la cuestión de fondo —la insuficiencia crónica de transferencias—, eventualmente los municipios agotarían su capacidad de vender bienes. El intendente es consciente de esta limitación, por lo cual también ha planteado demandas a nivel provincial.

La presión sobre gobiernos provinciales y demandas de redistribución

Gaioli solicitó explícitamente al gobernador de Entre Ríos una distribución equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la provincia recibe desde el Gobierno nacional. Su planteo es directo: más allá de diferencias políticas o de signo partidario, estos fondos deberían repartirse en partes iguales entre todos los municipios o bajo criterios de equidad que los intendentes consideren justos. Los números que sustentan este pedido son reveladores. En el primer cuatrimestre, Entre Ríos recibió diez mil millones de pesos bajo la modalidad de ATN, pero distribuyó apenas el 35,5 por ciento de lo recaudado por dicho concepto. El restante 64,5 por ciento quedó en arcas provinciales o se distribuyó de forma selectiva según criterios no explicitados públicamente.

Este planteo de Gaioli toca un aspecto delicado de la federalismo fiscal argentino: la discrecionalidad con que los gobiernos provinciales asignan recursos a sus municipios. Históricamente, estas decisiones han estado vinculadas a alineamientos políticos, negociaciones territoriales o simplemente a la capacidad de presión de los intendentes. Cuando un municipio gobernado por un peronista solicita una distribución más equitativa, independientemente del signo político de la provincia, está cuestionando indirectamente las mecánicas de poder que caracterizan las relaciones entre niveles de gobierno.

La complejidad social amplificada por la crisis fiscal

Más allá de los números presupuestarios, Gaioli también subrayó que la situación social del municipio presenta características que agravan exponencialmente el problema. La demanda de servicios sociales ha crecido sustancialmente en todos los ámbitos. Incluso personas que perciben salarios formales encuentran dificultades para arribar a fin de mes, lo cual genera una presión adicional sobre las arcas municipales. Estos ciudadanos recurren al municipio como primera instancia de contención, ya que los gobiernos locales funcionan como amortiguadores de los problemas sociales que emergen en el territorio.

Hernández, como tantos otros municipios pequeños, carece de acceso a planes o programas del Gobierno nacional que pudieran aplicarse localmente para aliviar esta presión. Los programas de transferencias directas, empleo público temporal o subsidios que ocasionalmente el Estado nacional implementa tienden a concentrarse en grandes centros urbanos o responden a criterios que dejan fuera a localidades pequeñas. Gaioli resumió la paradoja con claridad: "No solo se han achicado los recursos sino que han aumentado los gastos". Los ingresos coparticipables cayeron, pero simultáneamente creció la necesidad de gasto municipal porque la situación social se deterioró. El municipio se convierte así en la primera barricada de contención, en palabras del intendente, de problemas que tienen origen en decisiones nacionales pero cuya resolución recae sobre autoridades locales con capacidad de respuesta limitada.

Perspectivas y consecuencias de la crisis municipal persistente

Si la escasez de ingresos coparticipables se prolonga sin resolución, es probable que más municipios pequeros adopten estrategias similares a la propuesta por Hernández: venta de activos, enajenación de patrimonio estatal, postergación de inversiones. En el corto plazo, estas medidas permiten sostener la nómina salarial y servicios esenciales. Sin embargo, generan consecuencias a mediano y largo plazo. Los municipios que venden su patrimonio pierden capacidad de inversión futura, reducen sus posibilidades de generar rentas o ingresos adicionales, y degradan la disponibilidad de infraestructura local.

Desde una perspectiva distinta, algunos analistas podrían argumentar que la venta de activos ociosos o recuperados por apremios representa un uso eficiente de bienes que de otro modo permanecerían improductivos. Sin embargo, esta lectura no resuelve el problema estructural: la insuficiencia crónica de ingresos municipales. La cuestión de fondo permanece abierta. ¿Cómo debe financiarse a los gobiernos locales en una economía donde la recaudación se contrae? ¿Deben reformarse las fórmulas de coparticipación? ¿Debería haber mayor discrecionalidad provincial en la distribución de ATN o menos? ¿Necesitan los municipios pequeños herramientas tributarias propias adicionales?

Los hechos que enfrenta Hernández no son aislados ni excepcionales. Reflejan una tensión sistémica en el federalismo fiscal argentino donde municipios pequeños permanecen vulnerables a fluctuaciones macroeconómicas nacionales sin contar con mecanismos de estabilización automática. La venta de bienes municipales es un síntoma, no una solución. Lo que ocurra en los próximos meses en Hernández y en decenas de localidades similares contribuirá a redefinir las condiciones de sustentabilidad de los gobiernos locales en el país.