Durante la tarde de un miércoles en los tribunales porteños, un exfuncionario del gobierno macrista compareció ante el estrado para desentrañar los mecanismos que, según su relato, operaron en la distribución de obra pública durante la década kirchnerista. Javier Iguacel, quien condujo Vialidad Nacional entre 2015 y 2018, ofreció testimonios que pivotean en una conclusión central: la existencia de un entramado de connivencia entre funcionarios y empresarios que regulaba quién obtenía cada contrato de infraestructura vial. Lo que importa de su declaración trasciende el relato anecdótico: proporciona una mirada desde adentro del organismo sobre cómo operó presuntamente una de las estructuras de corrupción más complejas investigadas en décadas recientes en Argentina. Su testimonio, extendido durante más de nueve horas, marcó un punto de inflexión en el juicio oral de los denominados Cuadernos de las Coimas, causa que analiza un esquema de sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El hallazgo revelador: cuando los números no mienten

La prueba más contundente que Iguacel presentó no fue una confesión grabada ni un documento comprometedor, sino algo más elemental: datos duros que contradecían la lógica económica anterior. Cuando asumió sus funciones en 2015 al frente de Vialidad, implementó cambios en los procedimientos de licitación. El resultado fue inmediato y dramático: la cantidad de empresas oferentes por contrato pasó de un promedio de tres empresas a entre doce y quince oferentes. Simultáneamente, los precios de los trabajos descendieron casi un 40 por ciento. Este fenómeno ocurrió en un lapso de aproximadamente treinta días, en un contexto donde la macroeconomía seguía mostrando signos de debilidad y los costos constructivos no habían registrado caídas equivalentes. Para Iguacel, la única explicación racional de este cambio abrupto radicaba en que previamente había existido un acuerdo colusorio entre oferentes. Sin manipulación de procesos, sin acuerdos de reparto, sin mecanismos de coerción, era matemáticamente imposible lograr esos resultados tan abruptamente. Los números, en su perspectiva, configuraban una prueba indirecta pero irrefutable del sistema que buscaba desmontar.

Esa transformación cuantitativa en el funcionamiento de las licitaciones se convirtió en su principal argumento para sostener la tesis de irregularidades sistemáticas en el periodo anterior. Si el sistema anterior era competitivo y transparente, ¿por qué la sola eliminación de ciertos procedimientos generaba tal explosión de competencia? La pregunta retórica que planteó durante su intervención sintetizaba su perspectiva sobre la estructura que encontró instalada: un mecanismo que, cuando se removía, revelaba sus propias costuras.

Los relatos sin constatación y las confesiones informales

Iguacel basó una porción sustancial de su testimonio en narrativas que circulaban informalmente dentro de la administración. Mencionó conversaciones en pasillos y espacios informales donde personas vinculadas a procesos de contratación le relataban detalles sobre prácticas anteriores. Uno de esos relatos se refería a un procedimiento particular: cuando se aprobaba el anticipo de una obra, el 100 por ciento del monto se transfería mediante baúles que luego se distribuían como pagos ilícitos. Aunque el exfuncionario aclaró que estas historias no le constaban directamente por documentación u observación propia, las incluía como parte del panorama que describía sobre el funcionamiento anterior de la dependencia.

También señaló encuentros que describió como informales pero coordinados, donde empresarios manifestaban su malestar respecto al sistema operante pero lo aceptaban como condición sine qua non para acceder a negocios. Según su relato, en conversaciones privadas, representantes de firmas constructoras admitían públicamente la existencia de un mecanismo de repartición de contratos. Aunque expresaban descontento con el esquema, lo consideraban inevitable. Era, en sus palabras, "la única manera de trabajar" bajo esas circunstancias. Este aspecto revela una dimensión psicológica del sistema: no se trataba solamente de coerción explícita, sino de una aceptación pragmática de reglas de juego tácitamente establecidas.

Las figuras clave en la estructura investigada

Sergio Hernán Passacantando, quien se desempeñaba como gerente de Obra Pública en Vialidad, emerge en el relato como una pieza central. Cuando Iguacel lo convocó para una entrevista a fin de conocer el funcionamiento de la repartición, Passacantando reveló antecedentes que ubicaban a esta persona en una red de contactos financieros. Había trabajado en una firma privada de financiamiento para Ernesto Clarens, quien a su vez manejaba recursos de Lázaro Báez, el empresario cuyo círculo de negocios con el Estado fue central en diversas investigaciones de corrupción. Según el testimonio, fue el propio Néstor Kirchner quien solicitó que Passacantando fuera incorporado a Vialidad específicamente para gestionar los flujos monetarios de la repartición.

Otra figura identificada fue Sandro Férgola, a quien Iguacel caracterizó como coordinador de la distribución de contratos operada por fuera de los procesos formales de selección competitiva. Según la descripción ofrecida, Férgola participaba en encuentros en salones de un hotel céntrico donde constructores y funcionarios se reunían para decidir, de antemano, qué empresa obtendría cada obra. Posteriormente, esas decisiones preestablecidas se materializaban mediante procesos licitatorios que carecían de sustancia competitiva. El testimonio sugiere que Férgola actuaba como articulador entre dos mundos: el de la administración pública y el de los empresarios contratistas.

José López, figura que ocupó relevancia en otras causas de corrupción, fue mencionado en relación a comunicaciones dominicales dirigidas a instructivos sobre orden de pagos. De acuerdo al relato, López enviaba notas con su conductor privado los domingos con indicaciones sobre a quién debían dirigirse los fondos con prioridad. Este detalle, aunque secundario en apariencia, ilustra una estructura de decisiones sobre distribución monetaria que operaba en paralelo a los canales administrativos formales.

Las defensas en acción y los límites del tribunal

Los abogados defensores de los imputados buscaron cuestionar la solidez del testimonio mediante preguntas que apuntaban a identificar inconsistencias. Varios de ellos intentaron establecer si Iguacel había materializado denuncias judiciales por cada irregularidad que había presenciado o conocido. El exfuncionario respondió que, a través de sus letrados, presentó un total de doce denuncias ante distintas instancias de la Justicia. Una de esas denuncias resultó en la causa específica de Vialidad, que derivó en la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión, que cumple en su domicilio.

Una línea particular de cuestionamiento, que fue interrumpida por el tribunal, buscaba contrastar la imagen de integridad que Iguacel proyectaba mediante su testimonio con su actual trayectoria profesional en el sector privado. El defensor de uno de los imputados pretendía establecer que el exfuncionario no necesariamente encarnaba los valores de transparencia que sus palabras sugerían. La fiscal protestó ante estas líneas de indagación, argumentando que algunos defensores estaban intentando invertir los roles, presentando al testigo como si fuera el responsable de las irregularidades o un perseguido injustamente. El tribunal, considerando que estas cuestiones personales no eran pertinentes para evaluar los hechos centrales de la causa, frenó esa línea de interrogatorio.

Las convergencias temporales y el análisis de patrones

Más allá del testimonio de Iguacel, la audiencia incorporó también la participación de Ignacio Martín Irigaray, un exdirectivo de la Oficina Anticorrupción, organismo que durante varios gobiernos se dedicó a investigar presuntas prácticas ilícitas en la administración estatal. Irigaray presentó análisis de coincidencias temporales entre desembolsos efectuados a la empresa BTU y reuniones documentadas entre representantes de esa firma y funcionarios públicos. Estas convergencias sugerían una correlación entre actividades de coordinación entre actores privados y públicos, y movimientos de fondos que alimentaban contratos suscritos con el Estado. Los patrones identificados contribuían a sostener la hipótesis de un sistema coordinado, más que de decisiones aisladas o casuales.

Implicancias y perspectivas futuras

El testimonio de Iguacel representa un insumo de significativa relevancia en un proceso judicial cuya complejidad se multiplica según los ángulos de análisis. Desde una perspectiva institucional, su relato evidencia cómo los cambios en procedimientos administrativos pueden revelar distorsiones previas en los mercados de contratación pública, sugiriendo que la transparencia y la competencia operan como antídotos contra el surgimiento de estructuras colusivas. Desde otra óptica, su presentación como testigo suscita interrogantes sobre las motivaciones de quien participa en procesos judiciales y las dinámicas políticas que rodean grandes causas de corrupción. Para los defensores de los imputados, su testimonio representa un esfuerzo por reconstruir una versión de los hechos que busca fortalecer acusaciones; para la acusación, constituye evidencia documental de prácticas sistemáticas. Lo cierto es que el juicio oral avanza en su objetivo de examinar bajo luz pública los mecanismos mediante los cuales la obra pública fue distribuida durante un lapso determinado, permitiendo a ciudadanos, analistas y autoridades formarse propias conclusiones sobre cómo operó la administración estatal durante ese período.