Un entramado de intermediarios cobraba entre el 10 y el 15 por ciento del valor en dólares de las importaciones para acelerar sus autorizaciones a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina, según surge de investigaciones judiciales que acaban de hacerse públicas. El mecanismo funcionaba durante 2022 y 2023, precisamente cuando rigieron los mayores controles sobre el acceso a divisas extranjeras. La pesquisa, que hasta hace pocos días permanecía bajo secreto de sumario, expone las intrincadas redes de negocios paralelos que se tejieron en torno a la administración estatal de licencias de importación, transformando un procedimiento administrativo en una transacción comercial donde el dinero fluía en múltiples direcciones. Lo que distingue este hallazgo no es simplemente la existencia de corrupción —un fenómeno recurrente en la historia administrativa argentina— sino la sofisticación operativa del esquema y la diversidad de actores involucrados, desde funcionarios públicos hasta operadores del mercado financiero informal.

El circuito descubierto en los dispositivos móviles

La investigación tomó forma concreta tras el análisis de teléfonos celulares incautados a Martín Migueles, un operador financiero vinculado a redes de comercio exterior. Los peritajes realizados sobre estos dispositivos pusieron al descubierto conversaciones de WhatsApp y audios que documentaban con detalle cómo funcionaba el mecanismo de aceleración de trámites. En esos registros aparecen diálogos donde se negocian tasas de comisión, se pactan montos específicos y se confirman entregas de dinero. Un audio de Migueles del 2 de marzo de 2023 ilustra la naturaleza del negocio: "Esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento". Las conversaciones revelan que los tiempos de aprobación podían reducirse dramáticamente. Mientras que los procedimientos normales oscilaban entre 30 y más de 120 días dependiendo de evaluaciones administrativas, estos intermediarios aseguraban obtener autorizaciones en el lapso de una semana o diez días máximo.

Uno de los interlocutores principales identificados es Ariel Germán Saponara, un abogado que figuraba bajo el alias "Ariel Viken" en los chats de Migueles. Los registros muestran que Saponara desempeñaba funciones en estructuras estatales, habiendo ingresado en 2013 a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, y permaneciendo en cargos públicos hasta comienzos de 2025. En sus mensajes con Migueles, negocia comisiones con una franqueza sorprendente. El 2 de marzo de 2023 le consulta: "¿Tenes algún contacto para liberar las declaraciones de importación? Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%". Migueles responde inmediatamente: "Creo que tengo uno al 12". El intercambio continúa con Saponara proporcionando detalles de operaciones específicas, mencionando montos de entre 100 mil y 150 mil dólares y ofreciendo sumarse a varias gestiones simultáneamente para "juntar unos mangos".

La operación concreta: la empresa Nemes como caso testigo

El expediente detalla con precisión una transacción específica que ejemplifica el funcionamiento integral del circuito. El 3 de marzo de 2023, Saponara envía a Migueles los datos de la empresa Nemes S H De Fuentes N y Mazza, con un CUIT específico, informando que se trataba de una importación por 54.600 dólares estadounidenses. Los diálogos subsecuentes muestran cómo se estructura el acuerdo económico. Migueles propone cobrarle a la empresa importadora el 13 por ciento calculado sobre el tipo de cambio paralelo o "dólar blue", dejando un margen aproximado del 2 por ciento para repartir entre los intermediarios tras pagar a quienes efectivamente aceleraban los trámites. En un audio del mismo 2 de marzo, Migueles sintetiza la propuesta: "Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?"

Los registros muestran que la gestión tuvo éxito. El 13 de marzo a las 15:15 horas, Migueles comunica por mensaje escrito: "Ya está aprobada". Saponara insiste en mantener su comisión más baja: "Decile que te dejen el 11 que tengo muchas para pasarle de esta misma empresa". Horas después, Migueles confirma mediante audio que ya ha cobrado el 12 por ciento de 54.600 dólares y que la cantidad fue depositada en una dirección específica: "Libertador 8008". El fiscal Franco Picardi, en sus análisis del expediente, subraya que durante esa misma tarde la transacción económica se había concretado. Este patrón de operación —consulta, negociación de porcentajes, aprobación acelerada, confirmación y pago— se repitió múltiples veces en las conversaciones analizadas, sugiriendo que no se trataba de casos aislados sino de un procedimiento sistematizado.

La red ampliada: funcionarios y operadores en múltiples niveles

Las investigaciones no se limitaron a Migueles y Saponara. El análisis de comunicaciones reveló la participación de otros actores clave. Adriel Dono Miniot, agendado en los contactos como "Adriel La Plata", negociaba comisiones de alrededor del 12 por ciento, también calculadas sobre el dólar paralelo. En un audio del 17 de marzo de 2023, Migueles le comenta: "Ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá". Este tono casual en la descripción de un presunto delito refleja la naturalización del esquema entre quienes lo operaban.

Héctor Ezequiel Caputto, identificado como "Pipo", ocupaba un rol específico como canalizador de solicitudes hacia quienes poseían capacidad de influencia sobre las aprobaciones. Los diálogos con Migueles muestran cómo Caputto manejaba cálculos complejos para distribuir comisiones. En un audio detallado, desglosa: "Serían 54600 lo que era la SIRA, por 200, lo que era el dólar oficial, da 10 palos 920. Eso por el 15%, que es lo que nos cobran adentro, es un palo 638, divido el blue, 376, da 4356 dólares. Eso es lo que tenemos que dejar adentro". Estos cálculos sofisticados, que consideraban tanto el tipo de cambio oficial como el paralelo, evidencian que no se trataba de operadores improvisados sino de profesionales versados en la arquitectura financiera de la época.

El expediente identifica además dos actores no plenamente identificados: alguien conocido como "Pato" y una mujer identificada como "La Señora", a quien se presume tendría intervención en áreas estatales vinculadas con la evaluación o aprobación de solicitudes, posiblemente dentro de la Secretaría de Comercio u otros organismos. La existencia de estos intermediarios adicionales sugiere que la red operaba en más niveles de los documentados directamente en las conversaciones recuperadas. El universo de investigados incluye más de 50 personas y empresas, indicando la amplitud del fenómeno.

El contexto de restricciones y el incentivo para la corrupción

Las operaciones documentadas ocurrieron durante los períodos más restrictivos del cepo cambiario, cuando el acceso al dólar oficial se encontraba fuertemente limitado y el diferencial con el mercado paralelo alcanzaba máximos históricos. Este contexto es crucial para comprender por qué el sistema funcionaba: la diferencia entre ambos tipos de cambio hacía que cualquier actividad que permitiera acceder a dólares oficiales a menor costo o con mayor velocidad generara márgenes económicos significativos. Una importación que normalmente podría tomar tres o cuatro meses podría completarse en diez días, representando una ventaja competitiva enorme para la empresa compradora y justificando económicamente el pago de comisiones de dos dígitos.

Según registros públicos y testimonios de operadores del mercado durante ese período, los trámites ordinarios a través del SIRA solían oscilar entre 30 y más de 120 días. La promesa de reducir ese tiempo a menos de dos semanas constituía un diferencial económico genuino para el importador, independientemente del margen de ilegalidad inherente al procedimiento. Esta dinámica económica alimentaba la demanda de los servicios de intermediación que ofrecían Migueles, Saponara, Caputto y otros.

La revelación pública y sus implicaciones investigativas

El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto de sumario después de prorrogarlo en tres ocasiones durante dos meses. Previamente, a pedido del fiscal Picardi, había ordenado allanamientos en domicilios de tres personajes identificados como Gonzalo Roberto Calo, conocido como "Gonzalote"; Fernando Rubén Tacchi, caracterizado como financista; y Alejandro "El Turco" Calian, quien ya había sido allanado en marzo pero en una vivienda que para entonces ya no habitaba. La pericia sobre el celular de Migueles resultó ser el elemento probatorio clave que permitió a la justicia identificar a estos nuevos imputados y fundamentar la expansión de la investigación.

Los allanamientos y el análisis de comunicaciones también conectan esta trama con investigaciones previas sobre la operatoria del dólar blue y la supuesta connivencia entre operadores financieros como Migueles y Elías Piccirillo con funcionarios del Banco Central. De hecho, Migueles había sido allanado tres veces en la causa contra Piccirillo, derivada de un operativo que llevó a su detención. En uno de esos procedimientos, se le incautaron varios teléfonos, computadoras y tablets. Según los registros, cuando los funcionarios ya estaban dentro de su domicilio, Migueles llegó, entregó voluntariamente su celular y proporcionó su contraseña, facilitando el acceso a las comunicaciones que ahora fundamentan la acusación.

Las conversaciones recuperadas no solo documentan transacciones específicas, sino que también revelan la extensión temporal del esquema. Los intercambios datan de marzo de 2023, pero la investigación sugiere que operaciones similares se extendieron durante 2022 y parte de 2023, abarcando múltiples importaciones y decenas de operaciones potencialmente beneficiadas por este circuito paralelo. El fiscal Picardi, en sus dictámenes incluidos en el expediente, enfatiza que "de la lectura integral de la conversación surge que Migueles aseguraba poder obtener la aprobación de solicitudes en plazos significativamente inferiores a los habituales".

Las consecuencias potenciales y las perspectivas abiertas

La exposición pública de este mecanismo genera múltiples interrogantes sobre el funcionamiento administrativo durante ese período y abre varias líneas de análisis. Por un lado, permanece la pregunta sobre cuál era el alcance exacto de conocimiento que poseyeron autoridades de organismos como la Secretaría de Comercio, el Banco Central o la AFIP respecto a estas prácticas. La mención en las conversaciones de personas "adentro" del sistema y la referencia a "lo que tenemos que rendir adentro" sugiere que los pagos se distribuían entre múltiples beneficiarios, algunos de los cuales operaban desde posiciones estatales. Por otro lado, el análisis de documentación comercial relacionada permite rastrear qué empresas fueron beneficiarias de esta aceleración y bajo qué condiciones concretas operaron durante el período de restricción cambiaria. Esto podría revelar patrones de competencia desleal o concentración de acceso a divisas que merecería evaluación económica independiente. Finalmente, la sofisticación operativa del esquema —incluyendo capas de intermediación, cálculos considerando múltiples tipos de cambio, y una aparente normalización de la corrupción entre sus participantes— sugiere que su erradicación requeriría tanto medidas de persecución penal como reformas institucionales en los procedimientos administrativos de importación y en los sistemas de control sobre acceso a divisas.