El Estado Nacional enfrenta un enredo administrativo que atraviesa más de dos décadas y amenaza tanto la conectividad vial como las arcas fiscales. Decenas de contratos de infraestructura permanecen técnicamente abiertos en los registros oficiales, generando un pasivo contingente que acumula litígios y costos crecientes. Ahora, desde el sector libertario del oficialismo surge una propuesta legislativa que busca desandar este laberinto mediante una estrategia de acuerdos recíprocos entre constructoras y administración pública. Lo novedoso no es simplemente cerrar expedientes, sino crear un mecanismo que beneficie a ambas partes bajo términos claros y definitivos.
El proyecto, impulsado por el senador Enzo Fullone con respaldo de la jefa de bloque Patricia Bullrich y otros legisladores de la bancada mayoritaria, circula con apoyo explícito de la Casa Rosada como parte de lo que denominan una "agenda legislativa de segunda generación". Los fundamentos revelan una situación más extendida de lo que las cifras oficiales sugieren: existen al menos 57 obras públicas nacionales en estado de neutralización, es decir, trabajos que técnicamente nunca cerraron administrativamente aunque hace años dejaron de ejecutarse. En Río Negro, casos emblemáticos como las rutas nacionales 22, 23 y 151 —cuyos trabajos arrancaron entre 2009 y 2021— ilustran cómo infraestructuras críticas quedan atrapadas en un limbo normativo que perjudica a usuarios, gobiernos locales y contratistas por igual.
La propuesta: un régimen de concesiones mutuas
El núcleo de la iniciativa descansa en un mecanismo simple pero de alcance profundo: establecer un sistema de "concesiones recíprocas" donde cada parte renuncia a algo para ganar certidumbre. Para las empresas constructoras, los incentivos resultan tangibles y directos. La condonación de multas acumuladas durante años de parálisis representa un ahorro considerable, especialmente cuando esos trabajos se detuvieron por razones que escapaban al control empresarial. Más importante aún sería la liberación de garantías —pólizas de caución y fondos de reparo— que funcionan como fondos bloqueados desde la firma original del contrato. Además, el proyecto contempla que las constructoras logren una "salida sin sanciones" en el Registro de Constructores, preservando su reputación comercial siempre que no exista dolo o culpa grave vinculada a la parálisis.
Del lado estatal, el beneficio apunta a reducir riesgos legales futuros. El Estado obtendría de los contratistas una renuncia explícita a reclamaciones por lucro cesante —ganancias no percibidas— correspondientes a la fracción de obra no ejecutada. Esto cierra de raíz cualquier pretensión de indemnización por ese concepto. Más crucial aún: ambas partes aceptarían un "cierre administrativo total" que elimina la posibilidad de litigios posteriores, ya sean judiciales o administrativos. En términos presupuestarios, esto permite descargar pasivos contingentes del balance nacional, cifras que hoy figuran como riesgos potenciales en los estados contables públicos. El régimen tendría una duración de 24 meses, permitiendo que las empresas y organismos estatales canalicen sus pedidos dentro de una ventana temporal definida.
Mecanismo operativo: del informe técnico al cierre definitivo
La operatividad del esquema depende de un instrumento clave denominado "certificación de cierre". A través de este documento, el Estado reconocería a cada empresa una suma fija y final destinada a gastos de mantenimiento de obrador, acopios y vigilancia durante el período de parálisis. Este pago se calcularía en función de un informe técnico elaborado por la autoridad de aplicación —a designar por el Poder Ejecutivo— que evaluaría múltiples variables. El informe consideraría el grado de avance físico y financiero alcanzado cuando se paralizaron los trabajos, el tiempo transcurrido desde que cesó la actividad, las causales específicas que originaron la neutralización o la falta de recepción definitiva, y una evaluación de conveniencia para el interés público. Este último criterio introduce un elemento discrecional que permitiría al Estado rechazar propuestas que no resulten convenientes según su análisis coyuntural.
Fullone, quien ejerció cargos directivos en Vialidad Nacional de Río Negro, describe el escenario actual como un "sistema bloqueado" donde numerosos contratos permanecen administrativamente abiertos sin jamás lograr la recepción definitiva requerida. La paradoja que subraya el legislador es particularmente relevante: muchas de esas obras ya están terminadas, en uso o fueron ejecutadas hace años, pero continúan generando obligaciones legales y administrativas que afectan tanto a contratistas como a la hacienda pública. El proyecto asume que esta realidad "es extendida en todo el país", no un problema circunscrito a provincias específicas. El objetivo declarado supera el simple saneamiento contable: se busca liberar los emplazamientos actuales para que puedan ser intervenidos mediante modalidades de contratación renovadas, con proyectos actualizados que mitiguen riesgos para quienes utilizan las arterias viales nacionales.
El tratamiento legislativo estaba previsto para iniciarse en comisiones una vez que avanzara la discusión de una reforma a la ley de biocombustibles. Sin embargo, la agenda del Senado experimentó desvíos producto de cambios en la composición del Ejecutivo. El proyecto forma parte de una batería de iniciativas que el oficialismo considera prioritarias para lo que resta del año legislativo, junto con modificaciones a leyes de zonas frías y reforma electoral, entre otras medidas. La luz verde de la Casa Rosada confiere a esta propuesta un carácter de política de Estado, independientemente de las fricciones internas que pueda enfrentar en el recinto o en comisiones.
Implicancias y perspectivas
La sanción de una ley de estas características podría generar efectos complejos según distintos ángulos de análisis. Para el sector de la construcción, especialmente empresas medianas y pequeñas afectadas por parálisis de larga duración, la norma representaría un alivio patrimonial importante y una oportunidad para recuperar liquidez atrapada en garantías. Para gobiernos provinciales y municipales, el desbloqueo de infraestructuras viales críticas permitiría intervenciones renovadas que respondan a condiciones actuales de tráfico y seguridad. Desde la perspectiva del erario nacional, la eliminación de pasivos contingentes mejoraría indicadores contables y reduciría la exposición a litigios cuyos costos resultan impredecibles. Sin embargo, también es posible considerar preocupaciones sobre si los montos finales establecidos en las "certificaciones de cierre" resultarán justos para el sector privado o si terminarán siendo insuficientes. Asimismo, cabe preguntarse si este mecanismo podría generar precedentes para futuras obras paralizadas, incentivando comportamientos de espera antes que de resolución inmediata de conflictos contractuales. La viabilidad política de la iniciativa dependerá de cómo se negocie en el Senado y del grado de adhesión que logre más allá de su propio bloque legislativo.
